Un presunto negocio de décadas en la contratación de materiales electorales quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusara que dos empresas han concentrado durante años los contratos para fabricar boletas y otros insumos electorales, con un esquema que, aseguró, se mantuvo durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina de este 30 de octubre, la mandataria sostuvo que las presuntas irregularidades no comenzaron con la actual administración del organismo, sino que tienen antecedentes desde 1999 y continuaron después de la creación del INE en 2014.
Según Sheinbaum, las mismas compañías han ganado licitaciones tanto del organismo nacional como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), debido a lineamientos de contratación que habrían limitado la competencia y favorecido la permanencia de determinados proveedores.
DOS EMPRESAS CONCENTRAN LOS CONTRATOS
La presidenta afirmó que estas compañías operan principalmente como intermediarias y recurren a subcontratistas para cumplir con los trabajos, pese a que, según sus declaraciones, ni siquiera cuentan con trabajadores propios.
El señalamiento apunta a un posible esquema de concentración de contratos públicos, en el que las mismas empresas habrían mantenido el control del suministro de materiales electorales durante años.
Sheinbaum retomó declaraciones del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre los problemas relacionados con empresas proveedoras, y cuestionó que durante su gestión se mantuvieran los lineamientos de contratación que ahora están bajo revisión.
CÓRDOVA Y TADDEI, EN EL CENTRO DEL SEÑALAMIENTO
La mandataria también recordó que durante la presidencia de Córdova se consolidó la estructura de los OPLE y se designaron integrantes de sus consejos generales.
Entre ellos se encontraba Guadalupe Taddei, quien presidió el organismo electoral de Sonora y posteriormente llegó a la presidencia del INE.
Para Sheinbaum, esta relación institucional permite rastrear la continuidad del modelo de contratación que ahora cuestiona. Sin embargo, sus declaraciones constituyen señalamientos políticos y administrativos que todavía deben ser respaldados mediante investigaciones y pruebas.
AUDITORÍA DEFINIRÁ SI EXISTEN RESPONSABILIDADES PENALES
Sobre la posible situación jurídica de Guadalupe Taddei, la presidenta pidió no anticipar conclusiones y esperar los resultados de las auditorías y las investigaciones correspondientes.
Aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, Taddei no enfrentaba una orden de aprehensión ni un proceso penal relacionado con estos señalamientos.
La mandataria sostuvo que, si las revisiones de la Auditoría y las investigaciones de la Fiscalía encuentran elementos para proceder, las autoridades deberán actuar conforme a la ley.
El caso abre cuestionamientos sobre la transparencia en las licitaciones electorales, la competencia entre proveedores y la vigilancia del dinero público utilizado para organizar elecciones.
Más allá de las acusaciones, el punto central será determinar si existió un mecanismo para favorecer a determinadas empresas, quiénes participaron en su operación y si hubo beneficios indebidos. Por ahora, la responsabilidad de los funcionarios y proveedores señalados no está judicialmente acreditada.
