El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México no siempre comienza con amenazas, armas o violencia. En ocasiones, el primer acercamiento llega a través de una amistad, un conocido, una oferta de trabajo aparentemente atractiva o un mensaje en redes sociales que promete dinero, protección y reconocimiento.
La advertencia es de la doctora Marisol Ochoa Elizondo, directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (IBERO). Quien señaló que los grupos criminales han diversificado sus métodos para atraer a menores de edad, aprovechando tanto las necesidades económicas como la búsqueda de pertenencia y aceptación.
De acuerdo con la especialista, los adolescentes de entre 12 y 17 años se encuentran entre los más expuestos a estas estrategias. Las cuales pueden desarrollarse en entornos familiares, escuelas, espacios públicos y plataformas digitales.
El problema plantea un desafío que va más allá de la seguridad pública: cuando una organización criminal ofrece ingresos o un sentido de identidad a jóvenes que carecen de oportunidades y redes de apoyo, la prevención exige atender también las condiciones sociales que facilitan su captación.
UNA AMISTAD PUEDE SER LA PUERTA DE ENTRADA
La incorporación de menores a actividades delictivas no siempre ocurre mediante un reclutador desconocido. En algunos casos, el acercamiento se produce a través de amistades, familiares o personas de confianza que ya tienen contacto con economías ilegales.
Ochoa Elizondo explicó que, en determinadas regiones, los adolescentes conviven con personas vinculadas con actividades criminales. Lo que puede hacer que estas prácticas se perciban como una forma habitual de obtener ingresos.
También existen casos en los que un joven se convierte en intermediario para atraer a otros. Sin que sus familias conozcan el alcance de esas relaciones.
La académica mencionó situaciones identificadas en Guadalajara, Jalisco, y zonas periféricas. Donde los espacios cotidianos de convivencia pueden convertirse en puntos de contacto con redes delictivas.
El riesgo aumenta cuando los menores son trasladados a otros territorios, pues pueden quedar aislados de sus familias y redes de apoyo, en circunstancias que también pueden derivar en desplazamiento o desaparición.
FALSAS OFERTAS DE TRABAJO Y CONTACTOS EN INTERNET
Las plataformas digitales han abierto nuevas vías para acercarse a jóvenes que buscan ingresos, reconocimiento o independencia económica.
Según la especialista, el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado alrededor de mil 800 páginas vinculadas con la captación delictiva de jóvenes. Entre los espacios que generan preocupación mencionó TikTok, además de los videojuegos y otros canales de interacción digital.
Las estrategias pueden comenzar con anuncios de empleo que ofrecen pagos elevados, continuar mediante conversaciones privadas con supuestos empleadores. Y, luego, avanzar hacia relaciones en las que se construye confianza para después ejercer presión o control.
Otro riesgo es el grooming, una práctica en la que una persona establece una relación de confianza con un menor para manipularlo o facilitar posibles abusos.
El problema no radica únicamente en el uso de una plataforma específica, sino en la posibilidad de que estos espacios sean utilizados para identificar a jóvenes vulnerables, acercarse a ellos y ofrecerles beneficios que ocultan riesgos graves.
Por ello, la prevención digital requiere que las familias y las escuelas ayuden a reconocer señales de alerta, como ofertas laborales poco claras, solicitudes de información personal, invitaciones a encuentros con desconocidos o promesas de dinero sin una explicación verificable.
DINERO, PROTECCIÓN Y PERTENENCIA: LOS FACTORES QUE APROVECHAN
La captación también responde a necesidades emocionales y sociales. Ochoa Elizondo advirtió que, en comunidades con familias fragmentadas o redes de apoyo limitadas, las organizaciones criminales pueden ofrecer a los adolescentes una sensación de pertenencia, identidad y reconocimiento.
Estas promesas pueden resultar atractivas para jóvenes que enfrentan dificultades económicas o que sienten que tienen pocas alternativas para construir un proyecto de vida.
Algunos pueden conocer los riesgos de involucrarse en actividades violentas, pero dar prioridad a beneficios inmediatos. Como lo es, obtener dinero o ganar reconocimiento entre sus pares.
Esta realidad obliga a mirar más allá de las decisiones individuales. La falta de oportunidades, la normalización de las economías ilegales y la ausencia de acompañamiento pueden crear condiciones que los grupos criminales aprovechan para acercarse a las infancias.
Además, la especialista señaló que el reclutamiento no afecta exclusivamente a los varones: las niñas y adolescentes también deben ser consideradas en las estrategias de prevención y protección.
EL DECRETO PARA REGULAR CONTENIDOS NO RESUELVE TODO
El decreto presidencial emitido el 14 de octubre de 2026 contempla medidas para que las plataformas digitales detecten, reporten y retiren contenidos que inciten a la violencia. O, pongan en riesgo a menores de edad.
Aunque estas disposiciones representan una herramienta para limitar la circulación de contenidos peligrosos, su efectividad dependerá de su aplicación y de la capacidad de las autoridades para identificar las redes de captación.
Retirar una publicación no necesariamente impide que los responsables contacten a un menor por otros medios o que vuelvan a difundir el mismo mensaje. Por ello, la regulación tecnológica debe acompañarse de mecanismos de denuncia accesibles, investigaciones oportunas y acciones preventivas en las comunidades.
La responsabilidad tampoco puede recaer únicamente en madres, padres y docentes. Las instituciones de seguridad, las fiscalías, las autoridades educativas y los organismos de protección infantil necesitan coordinarse para detectar riesgos antes de que la captación avance.
DETENER A UN MENOR NO SIGNIFICA QUE SEA EL RESPONSABLE PRINCIPAL
Uno de los puntos centrales de la advertencia de Ochoa Elizondo es la necesidad de investigar las circunstancias en las que un menor participa en actividades delictivas.
La presencia de armas o drogas, o una detención relacionada con un grupo criminal, no debe llevar automáticamente a tratarlo como un delincuente sin considerar si actuaba bajo amenazas, subordinación, manipulación o explotación.
La respuesta institucional debe determinar qué papel desempeñó, si fue obligado a participar y qué medidas de protección corresponden, sin dejar de investigar los hechos presuntamente cometidos.
Esta distinción es fundamental para evitar que niñas, niños y adolescentes que han sido captados por organizaciones criminales queden atrapados en un sistema que no considere su condición de víctimas potenciales.
La advertencia de fondo es clara: combatir el reclutamiento infantil no consiste solamente en perseguir a quienes captan a los menores. También exige reducir las condiciones que facilitan esa captación, fortalecer las redes de apoyo y garantizar que las infancias tengan alternativas reales para estudiar, trabajar en el futuro y desarrollar sus proyectos de vida lejos de la violencia.
