La violencia digital contra niñas, niños y adolescentes representa un desafío que va más allá de eliminar publicaciones o cerrar cuentas. Aunque el Gobierno de México estableció nuevas obligaciones para las plataformas digitales, la organización ChildFund México advirtió que estas medidas necesitan acompañarse de educación, vigilancia responsable y herramientas para que las familias sepan cómo actuar ante posibles agresiones en internet.
La organización reconoció el decreto presidencial que busca reforzar la protección de menores en los entornos digitales, pero subrayó que la regulación, por sí sola, no garantiza que las infancias estén fuera de peligro.
Como parte de sus acciones, compartió una plataforma de aprendizaje y la Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, un documento dirigido a personas cuidadoras, docentes y servidores públicos para prevenir, identificar y atender estas situaciones.
PLATAFORMAS BAJO NUEVAS OBLIGACIONES
El decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum el 14 de octubre establece un plazo de un mes para que las plataformas digitales implementen las disposiciones previstas.
Entre las principales medidas se encuentran retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan violencia, clasificar publicaciones según la edad, verificar la edad de los usuarios y activar por defecto las configuraciones de privacidad y seguridad más protectoras para menores.
También contempla herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos para denunciar contenidos o conductas que representen un riesgo.
Sin embargo, el reto será comprobar que estas medidas se apliquen de manera efectiva. La eliminación de una publicación no necesariamente impide que el material vuelva a difundirse, que una persona agresora contacte a otros menores o que las víctimas continúen expuestas a amenazas.
Por ello, la prevención requiere tanto la responsabilidad de las empresas tecnológicas como la participación de las autoridades, las escuelas y las familias.
DESCONOCIDOS, CONTENIDOS VIOLENTOS Y EXPOSICIÓN DE DATOS
La guía de ChildFund México identifica cuatro grandes riesgos en internet: el contacto con personas desconocidas, el acceso a contenidos perjudiciales, las agresiones entre usuarios y la vulneración de la privacidad.
De acuerdo con los datos citados por la organización, el 53% de las niñas y los niños encuestados reportó que personas desconocidas los siguen en redes sociales, mientras que al 12% le habían solicitado fotografías privadas.
Estas cifras reflejan la importancia de prestar atención a las interacciones digitales, especialmente cuando existen solicitudes de imágenes, intentos de establecer conversaciones secretas o contactos de adultos que ocultan su identidad.
La guía también advierte sobre contenidos relacionados con pornografía, violencia, discursos de odio, autolesiones y retos peligrosos. A ello se suman el ciberbullying, la difusión de información personal y las publicaciones ofensivas que pueden multiplicarse por el anonimato de las plataformas.
EL CELULAR Y LAS REDES, PARTE DE LA VIDA COTIDIANA
Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones citados por ChildFund México muestran el alcance del entorno digital entre las infancias: el 80% se conecta mediante un teléfono celular, el 69% utiliza redes sociales y el 96% consume contenidos desde casa.
Entre las plataformas mencionadas con mayor frecuencia figuran WhatsApp, con 66%; YouTube, con 55%; TikTok, con 49%, y Facebook, con 34%.
Estas cifras ayudan a dimensionar el desafío: el acceso a internet ocurre en espacios cotidianos y no se limita a las escuelas o a los lugares públicos. Por eso, la protección infantil también requiere conversaciones familiares sobre privacidad, contactos desconocidos y situaciones que deben reportarse.
El objetivo no debería ser únicamente restringir el uso de dispositivos, sino enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer riesgos y pedir ayuda sin temor a ser castigados o culpados por lo sucedido.
¿QUÉ HACER ANTE UN CASO DE VIOLENCIA DIGITAL?
La guía recomienda conservar capturas de pantalla, mensajes, perfiles y enlaces relacionados con una posible agresión. Estos elementos pueden ayudar a documentar los hechos y respaldar una denuncia.
También distingue entre distintas formas de violencia digital, como el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming —cuando una persona adulta busca ganarse la confianza de un menor con fines de abuso—, el morphing y la explotación sexual facilitada por la tecnología.
Cuando se sospecha que una persona adulta está agrediendo o intentando explotar sexualmente a un menor, el documento recomienda acudir a las autoridades competentes, incluidas las fiscalías y la Policía Cibernética. También menciona la Guardia Nacional y el número 088 como una vía de orientación o reporte.
La respuesta debe priorizar la seguridad de la víctima, evitar que el material se siga difundiendo y buscar atención especializada cuando sea necesario.
LA RESPONSABILIDAD NO PUEDE RECAER SOLO EN LAS FAMILIAS
Una encuesta de 2023 realizada por ChildFund México y Comunicación Política Aplicada encontró que el 67% de las personas participantes identificó el descuido de las personas cuidadoras como una causa principal de la violencia digital, mientras que el 58% señaló la falta de regulación de internet.
Estos resultados apuntan a dos problemas distintos: la necesidad de acompañamiento familiar y las limitaciones de los mecanismos de protección digital. No obstante, atribuir la violencia únicamente a la falta de supervisión de madres y padres sería insuficiente, pues también deben considerarse la actuación de las plataformas, la prevención escolar y la capacidad de respuesta institucional.
Entre las recomendaciones se encuentran utilizar controles parentales, registrar correctamente la edad al crear cuentas y evitar publicar información que permita identificar o localizar a menores.
La protección efectiva exige que las empresas tecnológicas cumplan sus obligaciones, que las autoridades atiendan las denuncias y que las personas adultas acompañen a las infancias sin invadir su privacidad ni trasladarles la responsabilidad de prevenir las agresiones.
El desafío, en última instancia, consiste en construir espacios digitales donde niñas, niños y adolescentes puedan aprender, comunicarse y ejercer sus derechos sin quedar desprotegidos frente a quienes buscan aprovecharse de ellos.
