Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), llamó a medios de comunicación y ciudadanía en general a respetar los derechos de la niña que fue víctima de violación, pues podrían incurrir en diversas trasgresiones a los mismos.
Así lo expresó luego de que la niña de un año ocho meses que sufrió violación sexual y que por ello se debate entre la vida y la muerte en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, fue revelado tanto en redes sociales como en medios de comunicación, su nombre, el de su mamá, su domicilio y hasta su imagen.
“Tenemos que saber que existen diversos derechos, uno de ellos es el de tener acceso a la información o la garantía que tienen los medios de comunicación de dar información a la ciudadanía”, dijo.
Sin embargo, expuso que también se debe tomar en consideración que se trata de una niña que fue violentada en diversos tipos de derechos y que se debe privilegiar el interés superior del niño.
“De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, tiene el derecho intrínseco a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la protección de su integridad física, la protección de su nombre, de su identidad, en este caso cuando se trata de hechos violentos con los que fue objeto, sobre todo para no volverlos a revictimizar o que trascienda a víctimas secundarias como pueden ser sus familiares más cercanos o amigos más cercanos de la familia”, señaló.
“Aquí se hace un llamado para que la información se maneje de manera profesional, de manera responsable, que la prensa tome en cuenta que existe un principio superior de la niñez que, en breve, consiste en que se deben garantizar los derechos mínimos de los niños y de las niñas y sobre todo realizar todas las acciones que le favorezcan a su pleno desarrollo”, enfatizó.
“Se deben proteger los datos personales, familiares, que no involucren ni expongan a las víctimas a otro tipo de consecuencias”, dijo el visitador tras agregar que la difusión irresponsable de información, podría, en lugar de beneficiar a la menor, afectar el proceso legal, la impartición de justicia, la reparación del daño, como también reveló personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca a este medio de comunicación.
“Estos son temas muy graves por la naturaleza de los hechos y por la afectación de una niña y en la que se agrava más todo por cómo ocurrieron las circunstancias”, señaló Rodríguez Ramos.
“Espero que las instancias del Estado encargadas de la persecución de los delitos por una parte y la impartición de justicia por la otra, puedan hacerlo aún con las adversidades que traen en contra, derivadas de la difusión de información en torno a la comisión del delito de violación”, dijo.
Por lo pronto, la DDHPO inició de oficio el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0024/ (07) /OAX /2018, en el cual dictó medidas cautelares tanto a la Fiscalía General del Estado para que pudiera en su caso integrarse la carpeta de investigación, se ejerciera acción penal en contra del responsable y llevarlo hasta los tribunales, lo cual ya estaba haciendo a través de la Vicefiscalía de la Mixteca que desde que ocurrió esta situación la ha atendido.
Por otra parte, la medida cautelar emitida a la Secretaría de Salud, fue en relación a que se le brindara la atención médica y psicológica, en primera instancia a la menor, “aunque ya hablando con la madre, también se determinó atenderla a ella a través de la psicóloga de la instancia”.
“Nosotros tenemos que hacer lo propio y estamos pendientes de que se le dé seguimiento a la carpeta de investigación y a la atención médica, y se pueda hacer justicia a la brevedad posible”, refirió.
En caso de considerar que sea otra instancia la que deba tener injerencia en esta situación, la Defensoría lo solicitaría al Estado.
Cabe destacar que de acuerdo al artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los casos en los que no se debe revelar la identidad y otros datos personales, son “cuando sean menores de edad; cuando se trate de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada”.
Asimismo, “el ministerio público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general, de todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación”.
Sobre esta situación, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Huajuapan, Arely Tobón Reyes, dio a conocer que la instancia no ha tenido acercamiento con la familia.
Esto, debido a que su labor sería, si la madre se acercara al DIF, que el procurador la acompañara a presentar la denuncia pero eso la madre lo hizo de manera independiente, es decir, sin solicitar apoyo del DIF.
