La disputa por los recursos municipales escaló a un conflicto abierto en la Sierra Norte de Oaxaca. Por tercer día consecutivo, habitantes de la comunidad zapoteca de San Juan Luvina mantienen un bloqueo sobre la Carretera Federal 175, en el tramo Oaxaca-Tuxtepec, para exigir la entrega directa de más de 2.8 millones de pesos que, aseguran, corresponden a su agencia municipal.
La protesta, en la que también participan mujeres de la comunidad, se dirige contra el Ayuntamiento de San Pablo Macuiltianguis y su presidente municipal, Jorge Mauro García Ruiz, a quien la asamblea comunitaria acusa de retener y reasignar de manera arbitraria recursos de los ramos 28 y 33, destinados al financiamiento de obras y servicios públicos.
La comunidad anunció que el bloqueo será indefinido hasta obtener una respuesta favorable. La movilización coloca bajo presión a las autoridades municipales y estatales, ante un conflicto que combina la distribución del presupuesto público, la autonomía de las comunidades indígenas y el cumplimiento de resoluciones judiciales.
MÁS DE 2.8 MILLONES DE PESOS, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO
De acuerdo con los representantes de San Juan Luvina, los recursos cuya entrega reclaman corresponden a dos fondos del ramo 33: el Fondo III, destinado a infraestructura social, por 2 millones 273 mil 59 pesos con 58 centavos, y el Fondo IV, para el fortalecimiento municipal, por 548 mil 823 pesos con 53 centavos.
En conjunto, los montos ascienden a 2 millones 821 mil 883 pesos con 11 centavos.
La asamblea sostiene que ese presupuesto debe beneficiar directamente a la población de la agencia, cuyas necesidades de infraestructura y servicios, afirma, no pueden quedar subordinadas a las decisiones de la cabecera municipal.
Según la comunidad, los recursos representan el 54.43 por ciento de la población de la agencia que habría sido reconocida en una resolución emitida el 11 de mayo de 2026 por la Sala Unitaria Especializada en Controversias Administrativas entre Municipios y sus Agencias.
Los habitantes denuncian que, pese a ese antecedente, el Ayuntamiento pretende destinar el dinero a obras en la cabecera municipal. Hasta el momento, las acusaciones sobre la presunta retención y reasignación de los fondos corresponden a la versión de la comunidad y requieren contrastarse con la documentación oficial y la postura de las autoridades señaladas.
ACUSAN AL ALCALDE DE ACTUAR CON DOCUMENTACIÓN CUESTIONADA
Uno de los principales señalamientos de San Juan Luvina es que la decisión de retirar los recursos se habría sustentado en una certificación emitida por la Secretaría Municipal que la comunidad considera falsa, al asegurar que hace referencia a hechos inexistentes.
Con base en ese documento, según su relato, se convocó de manera extraordinaria al Consejo de Desarrollo Municipal, que habría determinado rescindir el contrato y cancelar una obra pública de la agencia en un plazo inferior a 72 horas.
Los representantes comunitarios califican el procedimiento de arbitrario y sostienen que la decisión perjudica el desarrollo de la población.
La gravedad de estas acusaciones exige que las autoridades competentes aclaren la autenticidad del documento, las razones administrativas para cancelar la obra y el fundamento legal utilizado para modificar la asignación presupuestal.
No se trata únicamente de una confrontación entre autoridades locales: está en juego el destino de recursos públicos y la obligación de garantizar que su distribución se realice conforme a la ley, con transparencia y respeto a los derechos de la población beneficiaria.
MUJERES SE SUMAN A LA PROTESTA Y RESPALDAN LA ASAMBLEA
La movilización cobró mayor fuerza con la incorporación formal de las mujeres de San Juan Luvina, quienes respaldaron de manera unánime las determinaciones adoptadas en las asambleas comunitarias, de acuerdo con el anuncio de la comisión política encargada de las negociaciones.
Su participación amplía el respaldo social a la exigencia de recuperar el control directo de los fondos y garantizar que se utilicen en las necesidades de la agencia.
La comunidad sostiene que su lucha no busca un privilegio frente a la cabecera municipal, sino el reconocimiento de derechos presupuestales y de participación en las decisiones que afectan su desarrollo.
Bajo la consigna de defender la dignidad y la justicia de su pueblo indígena, las mujeres y los demás habitantes mantienen la exigencia de que los recursos sean entregados y administrados conforme al marco jurídico aplicable.
EL CONFLICTO LLEGA AL TERRENO JUDICIAL
La disputa también se desarrolla en los tribunales. La comunidad rechazó las declaraciones atribuidas al presidente municipal sobre el sobreseimiento de una demanda de amparo y aseguró que esa resolución no representa un reconocimiento judicial de que la cabecera municipal tenga la razón en la controversia presupuestal.
Según la versión de San Juan Luvina, el Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca, a cargo del juez Ulises Cuauhtémoc Reyes, adoptó una interpretación restrictiva al considerar que las agencias municipales no podían promover el juicio de amparo bajo la figura de autoridades supraordinadas.
La comunidad considera que la resolución omitió un análisis con perspectiva intercultural y sostiene que el expediente se encuentra ante un Tribunal Colegiado, que deberá revisar la determinación.
También manifestó su expectativa de que el asunto pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la posible trascendencia del caso para otras comunidades indígenas que reclaman el reconocimiento de sus derechos presupuestales.
Es importante precisar que el sobreseimiento de un juicio de amparo no equivale, por sí mismo, a una resolución de fondo que determine quién tiene razón en toda la controversia. El alcance de la decisión depende de sus fundamentos y de las cuestiones procesales analizadas.
AUTONOMÍA INDÍGENA Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
San Juan Luvina fundamenta su exigencia en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos aspectos relacionados con su autonomía y participación en las decisiones que afectan su vida comunitaria.
La controversia plantea una cuestión de fondo: cómo deben distribuirse y administrarse los recursos públicos entre los municipios y sus agencias, y qué mecanismos garantizan que las comunidades participen efectivamente en las decisiones presupuestales.
Sin embargo, la aplicación concreta de esos derechos debe analizarse a partir de las disposiciones constitucionales, las normas presupuestarias y las resoluciones judiciales pertinentes. La sola invocación de la autonomía indígena no sustituye la revisión de los procedimientos administrativos ni determina automáticamente el resultado de la disputa.
Por ello, resulta indispensable que las autoridades expliquen públicamente los criterios utilizados para asignar los fondos, el estado legal de la obra cancelada y las razones por las que los recursos no han sido entregados en los términos reclamados por la agencia.
BLOQUEO INDEFINIDO Y PRESIÓN SOBRE EL GOBIERNO ESTATAL
La asamblea comunitaria aseguró que mantendrá cerrada la Carretera Federal 175 hasta que exista una respuesta favorable a sus demandas. La protesta presiona al gobierno estatal, que convocó una mesa de diálogo para buscar una salida al conflicto.
Los habitantes afirman que están dispuestos a negociar de manera pacífica, siempre que el proceso se desarrolle sin condicionamientos y bajo condiciones de igualdad jurídica y política.
La comunidad advirtió que no aceptará una mesa de diálogo que se limite a posponer una solución. Su exigencia es que las conversaciones produzcan acuerdos concretos y vinculantes sobre la entrega de los recursos.
El desafío para las autoridades consiste en resolver la controversia con apego a la ley, transparentar el manejo del presupuesto y evitar que la disputa continúe afectando tanto a la población de San Juan Luvina como a quienes transitan por esta importante vía de comunicación.
En resumen, mientras no exista un acuerdo verificable, el bloqueo seguirá siendo el principal instrumento de presión de una comunidad que reclama el control de recursos que considera indispensables para su desarrollo.
