La aparente tranquilidad cotidiana de una secundaria del barrio Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec, se desquebrajó cuando dos alumnas denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual dentro de las instalaciones escolares. El caso ocurrió en abril de 2025 y derivó en una investigación que puso en el centro a un profesor identificado como J.M.J.S.
Las dos adolescentes, cuya identidad está protegida por ley, declararon que fueron agredidas por el docente mientras se encontraban en espacios del plantel. Su testimonio dio origen a la carpeta de investigación y a la causa penal que ahora avanza en los tribunales.
INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE EN MENORES
Tras la denuncia, se abrió un proceso de investigación que incluyó entrevistas, análisis de contexto y dictámenes especializados. Las diligencias se realizaron bajo protocolos dirigidos a evitar la revictimización. Tomando en cuenta la edad de las estudiantes y la gravedad de los hechos.
Con la información recabada, las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en el Istmo de Tehuantepec, solicitaron una orden de aprehensión contra el profesor. Al considerar que existían elementos suficientes para imputarlo por pederastia. Dicho delito previsto en el Código Penal de Oaxaca para situaciones que involucran agresiones sexuales contra menores de edad.
DETENCIÓN EN UNA CARRETERA DEL ISTMO
El profesor fue localizado en una carretera que conduce al Ex ingenio de El Espinal. Cerca del cuartel de la Policía Estatal. Ahí fue detenido por agentes investigadores sin que opusiera resistencia.
El operativo se realizó de forma discreta, con el objetivo de evitar una alerta que facilitara su huida.
Tras su captura, el docente fue trasladado ante la autoridad judicial que lo requería, donde se definirá si permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso o si se le permitirá enfrentar su juicio en libertad.
PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD AL INTERIOR DE ESCUELAS
El caso ha encendido la preocupación entre madres, padres y estudiantes de la región, quienes señalan que, más allá de la responsabilidad individual del acusado, urge revisar las condiciones en que se atienden las denuncias escolares y los mecanismos para detectar comportamientos de riesgo dentro de las aulas.
Hasta ahora, el plantel no ha emitido información pública sobre medidas internas adoptadas tras la denuncia. Lo que ha generado críticas por la poca transparencia sobre protocolos de protección escolar.
ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS VÍCTIMAS
Las adolescentes reciben atención especializada mientras avanza el proceso. La prioridad, según autoridades, es garantizar su seguridad emocional, física y jurídica para que puedan continuar con su vida escolar sin miedo a represalias o estigmatización.
La comunidad escolar permanece a la expectativa del avance del caso, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y una revisión profunda del entorno educativo para evitar que situaciones similares se repitan.
