Lo que comenzó como un asalto a plena vía pública en 2010 terminó, 16 años después, con una sentencia condenatoria contra una mujer señalada como responsable del robo de 32 mil pesos a dos personas.
La sentenciada fue identificada como Lucila C.G. y/o Lucia C.G., quien deberá cumplir una pena de 9 años y 9 meses de prisión, además de pagar una multa y cubrir la reparación del daño ocasionado a las víctimas.
El caso se remonta al 17 de junio de 2010, cuando E.R.P. y F.G.A. caminaban por la calle Guerrero, en San Pedro Pochutla, en la región de la Costa.
LOS INTERCEPTARON Y LES QUITARON 32 MIL PESOS
De acuerdo con el expediente judicial, las víctimas fueron interceptadas por un grupo de personas que aparentemente portaban armas.
La amenaza permitió que los agresores las despojaran de 32 mil pesos en efectivo, provocando una afectación directa a su patrimonio.
El hecho quedó bajo investigación y posteriormente se integraron los elementos que permitieron identificar a una de las personas presuntamente involucradas.
Aunque el robo ocurrió hace más de una década, el proceso continuó hasta llegar finalmente a una resolución judicial.
LA CAPTURA ABRIÓ EL CAMINO AL JUICIO
Como parte de las investigaciones se obtuvo una orden de aprehensión contra Lucila C.G. y/o Lucia C.G., la cual posteriormente fue ejecutada.
A partir de su captura se desarrolló el proceso penal correspondiente, en el que se desahogaron las pruebas ante el juez que conoció la causa.
Finalmente, la autoridad judicial determinó dictar sentencia condenatoria en su contra por el delito de robo calificado con violencia por equiparación.
CASI 10 AÑOS TRAS LAS REJAS
La resolución establece una condena de 9 años y 9 meses de prisión.
Además de la pena privativa de la libertad, la sentenciada deberá cubrir una multa y pagar la reparación del daño a favor de las víctimas.
Este último punto resulta relevante en un delito que afectó directamente el patrimonio de dos personas, ya que la resolución judicial no se limita a establecer una pena de cárcel, sino que contempla también una compensación económica por el perjuicio ocasionado.
UN CASO QUE ATRAVESÓ MÁS DE UNA DÉCADA
El expediente refleja también el prolongado recorrido de un proceso penal iniciado en 2010 y que finalmente alcanzó una sentencia en 2026.
Durante ese periodo, las investigaciones permitieron avanzar hasta identificar a una de las personas involucradas y llevarla ante la justicia.
La sentencia no solo establece una responsabilidad penal por el robo, sino que también ordena medidas encaminadas a resarcir a quienes fueron afectados.
Con la resolución judicial, el caso entra en una etapa distinta: el cumplimiento de la condena y de las obligaciones económicas establecidas por el juez.
