Un comerciante de Juchitán de Zaragoza fue obligado a entregar 50 mil pesos en tres pagos luego de recibir amenazas de muerte dirigidas contra sus hijas, de acuerdo con la investigación ministerial que derivó en la detención y vinculación a proceso de dos hombres señalados como probables responsables del delito de extorsión.
El caso expone nuevamente la presión que enfrentan comerciantes del Istmo de Tehuantepec ante las exigencias económicas realizadas mediante amenazas y llamadas telefónicas.
La carpeta de investigación establece que el primer contacto ocurrió en mayo de 2026, cuando el comerciante recibió en su establecimiento un mensaje firmado por un individuo que se identificó como “Comandante Cromo”.
El mensaje contenía una exigencia de 60 mil pesos a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales. La amenaza incluía un elemento particularmente grave: la advertencia de atentar contra la vida de sus hijas si no entregaba el dinero.
TRES PAGOS Y MÁS AMENAZAS
Lejos de detenerse con la primera exigencia, las llamadas continuaron entre junio y agosto. Según los datos de la investigación, los responsables utilizaron distintos números telefónicos para mantener las amenazas y exigir nuevas cantidades de dinero.
Ante la presión, la víctima realizó tres entregas:
- 10 mil pesos
- 15 mil pesos
- 25 mil pesos
En total, el comerciante entregó 50 mil pesos, mientras las amenazas se mantenían.
La dinámica descrita en la investigación muestra cómo la exigencia inicial puede convertirse en una cadena de pagos cuando las víctimas son sometidas mediante amenazas contra sus familiares y su patrimonio.
UNA NUEVA EXIGENCIA ACTIVÓ LA INTERVENCIÓN
El 20 de septiembre ocurrió un nuevo episodio. El comerciante recibió una llamada en la que le ordenaron acudir a un domicilio localizado en el centro de Juchitán para entregar otros 10 mil pesos.
Esta nueva exigencia derivó en una intervención de las autoridades ministeriales. La Vicefiscalía Regional del Istmo, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, desplegó acciones relacionadas con el caso.
Como resultado de las indagatorias fueron identificados V.M.G.O. y A.L.S., quienes posteriormente fueron llevados ante la autoridad judicial.
PRISIÓN PREVENTIVA Y DOS MESES PARA INVESTIGAR
Durante la audiencia, el juez determinó vincular a proceso a ambos hombres por el delito de extorsión, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía.
Además, se les impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no constituye, por sí misma, una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los acusados; será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando se determine su situación jurídica conforme a las pruebas que se incorporen al expediente.
EL COBRO DE PISO, UN PROBLEMA QUE PERSISTE
El caso vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones de seguridad que enfrentan quienes desarrollan actividades comerciales en el Istmo. Las amenazas contra familiares, las exigencias económicas y el uso reiterado de llamadas telefónicas forman parte de las conductas investigadas en este expediente.
Más allá de la detención de dos personas, el desafío para las autoridades será determinar si los imputados actuaban de manera individual o si forman parte de una estructura con mayor capacidad para realizar extorsiones y cobros de piso.
La investigación complementaria será determinante para esclarecer el alcance de los hechos, establecer posibles responsabilidades adicionales y determinar si existen otros involucrados.
Finalmente, el comerciante deberá esperar el desarrollo del proceso judicial después de haber entregado decenas de miles de pesos bajo amenazas dirigidas directamente contra su familia.
