Desde hace décadas, el gobierno estatal ha consentido de manera irracional a sus trabajadores de base. Ser un empleado sindicalizado es un privilegio. El trabajador es prácticamente inamovible y tiene todas las prestaciones que alguien pueda tener como clase trabajadora. Bonos, premios, apoyos, ayuda para despensa, canasta navideña, un horario en realidad privilegiado, transporte público a su servicio, además, claro, de las consabidas negociaciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STSPEIDCE), que cada año consigue incrementos salariales, más prebendas y canonjías. Dentro de esas “prestaciones” se encuentra la celebración del “Día del Empleado”, en la segunda quincena del mes de octubre. Es todo un desfogue de derroche presupuestal, para comidas en cada dependencia, rifas de regalos, bonos, torneos deportivos, con la consecuente participación de las porras que, con la anuencia oficial, abandonan sus labores en las oficinas y se van a los estadios o campos deportivos. La fiesta se prolonga durante todo el mes de octubre, calificado como el mes del empleado.
El cierre de dichos eventos es el bailongo que se lleva a cabo en un espacio amplio, en donde participan la mayoría de los empleados de base y sus familias. Grupos musicales de gran renombre, vinos, cena, regalos, etc., todo corre a cuenta del erario estatal. Son cientos de millones de pesos los que el gobierno del Estado destina para festejar a sus trabajadores y tener a la burocracia feliz y contenta, más aún a sus dirigentes y grupos satélites que pululan a su alrededor. Sin embargo, la pandemia y sus efectos en la sana distancia, el uso del cubre-bocas y otros, hizo que se suspendieran estos actos masivos. Adicionalmente, los recursos del erario han tenido otras prioridades, no precisamente huateques y saraos; regalos y canonjías.
Pero para ver el tamaño del cinismo y la voracidad, sin tomar en cuenta la situación en la que vivimos, hay grupos al interior del STSPEIDCE, que están exigiendo uniformes para eventos deportivos que no se han llevado a cabo y poniendo a la Secretaría de Administración en un brete, exigiendo que los recursos que este año no se destinaron a los festejos particulares en cada dependencia o general, con todo l0 que hemos descrito líneas arriba, les sea canalizado en un bono especial, exhibiendo una voracidad e indolencia sólo vista en un gremio enviciado como éste.
Obstáculos al desarrollo
Esta semana no fue la excepción para los bloqueos en carreteras y ciudad. El pasado martes, al menos cuatro bloqueos paralizaron la actividad económica en el Istmo de Tehuantepec. Dos en la Carretera Transístmica, en Matías Romero y la desviación a San Juan Guichicovi; otro más en el paraje denominado “El Caracol”, que se convierte en un cuello de botella, pues obstaculiza el tránsito tanto en la súper carretera como en la federal 190 y el cuarto, entre Huatulco y Salina Cruz. No es una casualidad que este tipo de acciones, tan comunes por parte de organizaciones sociales, maestros, comuneros y demás, sean ya concebidas como una seria amenaza al desarrollo de la región istmeña y, en general, del estado. En ocasiones anteriores también se impide el tránsito vehicular en el Puente de Fierro de Tehuantepec, el Canal 33, la entrada a Juchitán, Niltepec o Zanatepec.
En este espacio editorial hemos advertido de la urgencia de aprobar leyes o decretos que permitan acotar esta abominable práctica. Cualquier hijo de vecino, por el motivo que sea, inclusive personal, llama a una decena de comuneros, normalistas, maestros u otros y bloquea carreteras, generando, como ya hemos dicho, pérdidas millonarias en el transporte o en cientos de vehículos que llevan productos perecederos, los cuales a veces requieren refrigeración u otros cuidados. En la Carretera Transístmica los bloqueos se han prolongado semanas, haciendo de ello un negocio de los dirigentes, que cobran derecho de peaje, por arriba de cualquier caseta. Es pues, además de la sobada protesta, un atraco para transportistas y automovilistas. El martes pasado se difundió un video de una mujer que llevaba a su hijo pequeño con temperatura e indignada llamó los tres órdenes de gobierno a ser responsables.
Lo hemos dicho una y otra vez: esto tiene que terminar. No es posible que por cuestiones particulares se haga pagar los platos rotos a miles de ciudadanos que viajan por cuestiones de trabajo, salud o placer. Obstaculizar las vías generales de comunicación e impedir el libre tránsito es un delito del orden federal, por tanto, quien lo haga, tendrá que ser sancionado con penas corporales o pecuniarias. En Oaxaca, el bloqueo carretero es ya una institución. Está arraigada como una forma sui generis de la industria del chantaje. Hay quienes viven y bien de estas bajezas. Se han dado ya ejemplos de comunidades que han quedado aisladas por los bloqueos, que han acudido a desalojar a los revoltosos. Y ello conlleva un grave riesgo de violencia.
