CURIOSO que medios catalogados entre los analistas políticos como oficialistas, como Excélsior, resalten tanto los malos resultados de la administración jarista, lo que podría leerse como confirmación de que la gestión estatal no goza precisamente del aplauso absoluto desde Palacio Nacional.
ME REFIERO a una nota publicada por dicho rotativo (14 de septiembre de 2026) intitulada: “Extorsión, talón de Aquiles de administración de Jara; inseguridad en Oaxaca”.
SE REFIERE a resultados de la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) 2026 del Inegi, cuyos datos también fueron retomados profusamente por las redes sociales y diversos portales digitales.
EN ESTOS destaca que “la extorsión se posiciona como el ilícito con mayor incidencia, mientras 72.2 % de la población percibe la entidad como insegura (…) en tanto la falta de denuncias alcanza niveles de 94.8 por ciento”.
EL INEGI lo confirmó: de cada 100 delitos, apenas 5 se denuncian. ¿Por qué? Seguramente por temor y porque la inmensa mayoría de la gente que ha padecido la delincuencia percibe como inútil y una pérdida de tiempo acudir ante las instancias encargadas de procurar justicia, en las cuales, evidentemente, no hay confianza.
COMO bien señalaba un usuario en los comentarios de las redes sociales: “El gobierno de la Primavera Oaxaqueña presume una baja artificial en la incidencia delictiva y se ufana de ser de los estados más seguros, pero esta supuesta baja es un espejismo construido sobre la impunidad y el silencio de las víctimas, no sobre la eficacia policial.” Qué forma tan cruda de describir la realidad cotidiana en Oaxaca.
Y POR SUPUESTO, el creciente flagelo de la extorsión frisa la tasa de 11 mil casos por cada 100 mil habitantes, un golpe directo al bolsillo de comerciantes, empresarios y familias que hoy perciben a la actual administración estatal pasiva ante la consolidación de este delito.
PAREJO
LO MÁS GRAVE de todo esto es que los afectados no son solo los empresarios oaxaqueños; el problema lacera también al comercio informal (una importante fuente de votos), lo que inevitablemente acarreará un costo político para un gobierno percibido como desconectado del sufrimiento ciudadano.
¿Y AÚN ASÍ HAY ASPIRACIONES?
POR EJEMPLO, en los días en que operaba a sus anchas una alianza sindical, recientemente exhibida; motociclistas llegaban a diversos negocios (y puestos informales) de la ciudad a cobrar a domicilio un supuesto “impuesto municipal”.
ADVERTÍAN a los comerciantes que debían comenzar a pagar cuotas diarias —con montos variables— o semanales, dejándoles boletos foliados con la leyenda: “TESORERÍA MUNICIPAL, GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027. NO GENERA DERECHO, SOLO ACTIVIDAD COMERCIAL”.
EN EL INFORMAL comprobante aparecían círculos correspondientes a 31 días, donde el cobrador marcaba la fecha exacta del pago del supuesto contribuyente, además de señalar el mes correspondiente y otros detalles que imitaban la apariencia de documentos emitidos por el Ayuntamiento capitalino.
CADA comprobante ostentaba un valor monetario y un número de folio. Los emisores aseguraban que la cuota era obligatoria, ofreciendo como alternativa la adhesión a una organización a cambio de una calcomanía, bajo la condición de sumarse a mítines, reuniones, festividades y movilizaciones políticas. Toda una joya de coerción social.
TODO esto aparentemente se ha frenado, pero gracias a intervenciones de carácter federal. A pesar de este tipo de tropiezos y del descontento ciudadano acumulado, ¿todavía se vislumbran aspiraciones de continuidad o reelección sin rendir cuentas claras?
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