Uno de los temas continuamente soslayados por los gobiernos municipales es la ausencia de un reglamento para la vía púbica, pero basado en leyes y ordenanzas municipales que lo hagan efectivo. Cuando inició la gestión de Oswaldo García Jarquín, cuadrillas de trabajadores, al amparo de la oscuridad, arribaron a la Colonia Reforma para borrar con pintura oscura, las líneas amarillas que los vecinos habían pintado por su cuenta para delimitar la entrada a sus cocheras. Jamás hubo una declaración al respecto ni, mucho menos, una justificación legal para esta acción, la cual fue calificada por los afectados, como un derroche de arbitrariedad y prepotencia. Con el paso del tiempo, cada uno volvió a pintar las entradas a sus domicilios. Hay quienes tienen dos o tres cocheras y abarcan casi media cuadra haciendo exclusivo el lugar, para que nadie se estacione.
Antes de la pandemia y ante la denuncia ciudadana, camionetas con trabajadores del ayuntamiento capitalino recorrían el Centro Histórico para recoger huacales, botes de pintura vacíos, conos fosforescentes u otros, con los cuales propietarios de hoteles, restaurantes y cafeterías delimitan el espacio que, ellos presumen, les corresponde para clientes, ascenso o descenso de pasaje o carga y descarga. Pero no sólo son aquellos que tienen actividades comerciales sino cualquier hijo de vecino hace de la calle, lugar público, una extensión de su propiedad. Las protestas no se hicieron esperar, pero muchos ciudadanos aplaudieron la medida del gobierno municipal. Las acciones de los inspectores no llegaron a barrios y colonias como la “Figueroa”, Jalatlaco o La Noria, entre otros, en donde la mayoría de los propietarios de las casas, apartan lugares frente a sus domicilios, no sólo cubriendo la entrada sino toda la parte frontal.
Todo ello refleja la inexistencia de un plan de reordenamiento vial urbano, para que, si bien sean respetados los espacios destinados a las entradas a las viviendas, incluso pagando los impuestos respectivos, ello no implique la apropiación ilegal de la vía pública. La vigencia de la norma jurídica emanada de algún acuerdo de Cabildo u ordenanza municipal, debe inhibir, asimismo, las prácticas perniciosas de comerciantes y otros para imponer su ley. Sólo basta darse una vuelta por las calles aledañas a los mercados de la capital para darse cuenta del caos vial que generan aquellos que insisten en hacer de la vía pública su coto personal.
Se cumple viejo anhelo
Durante años, tal vez décadas, dos pueblos hermanos de la misma etnia mixe, se enfrascaron en una disputa mortal: el uso del agua de un manantial. Intereses políticos de personas sin escrúpulos se interpusieron para evitar un buen arreglo. Nos referimos a San Pedro y San Pablo Ayutla y su vecino, Tamazulapam del Espíritu Santo. Así, no obstante, los buenos oficios del gobierno estatal en la firma de un acuerdo de paz, el conflicto siguió. Es más, luego de salir de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, las autoridades de Ayutla desconocieron el acuerdo, dejando de nueva cuenta vigente el conflicto, pese a que era la que se quejaba de la falta de agua potable. El asunto llegó a nivel nacional, gracias a los clásicos redentores sociales a los que les dan voz algunos medios de comunicación, sin que contribuyan más que agudizar los problemas.
Sin embargo, tomando conciencia de que nadie puede vivir sin agua, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, junto al presidente municipal, Clemente Antonio Martínez, entregó el pasado viernes, las obras de rehabilitación del sistema de agua potable de esta comunidad de la zona Mixe. Esta infraestructura permite garantizar el acceso al vital líquido a más de 3 mil familias que carecían de él. “Hoy es un día histórico, porque pudimos construir en familia, con el Cabildo, el edil, el Comité de Bienes Comunales y toda la población que aportó su tequio, así como el terreno, esta fuente independiente de agua, que será el abasto permanente de San Pedro y San Pablo Ayutla”, señaló el ejecutivo estatal. Esta acción, en la que se invirtieron más de 4.7 millones de pesos, permitirá solucionar de manera permanente el problema de acceso al agua que por años ha padecido esta comunidad, además de que fortalece las condiciones de paz y estabilidad en toda la zona Mixe.
La infraestructura hídrica para permitir un mejor acceso al agua a San Pedro y San Pablo Ayutla requirió la perforación de un pozo profundo de 75 metros y la construcción de un tanque de regularización con capacidad de 30 metros cúbicos; además del suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad con diámetro de 2 pulgada para 3 líneas de conducción, haciendo un total de 3 mil 184 metros lineales. Asimismo, se construyen 202 metros lineales de cercado perimetral para tres tanques de regularización. Sin duda, se trata de un tema histórico al que, en administraciones anteriores, nadie le quiso entrar, justamente por la polarización del conflicto.
