La configuración política de muchas comunidades, sobre todo regidas por el sistema de usos y costumbres, han facilitado o decantado en aberraciones políticas y sociales como el que una amplia residencia sea “gobernada” o sus decisiones tomadas por un puñado de ciudadanos apoyados en añejas estructuras jurídicas. Aunado a ello, no se observan visos para que ello cambie.
Dos ejemplos de las aberraciones de representatividad y derechos contra la mayoría son los municipios de San Sebastián Tutla y su relación con el fraccionamiento El Rosario y, por otro lado, el casco de Santa María Atzompa con el resto de los avecindados en ese municipio del sur poniente de la capital.
San Sebastián Tutla es reconocido por estadísticas oficiales como uno de los de más altos ingresos en el país y menor proporción de personas en la pobreza. Mucho de ello se debe, aunque no les guste a los nativos, a las aportaciones vía contribuciones e impuestos que realizan los “avecindados” del fraccionamiento El Rosario, la mayoría laboran en la capital y, por trechos, convertida en ciudad-dormitorio.
Una vorágine de crecimiento poblacional experimentaron varios municipios de la zona metropolitana de Oaxaca, entre ellos Santa María Atzompa en los más recientes 12 años. En una década, de 2010 a 2020, de acuerdo a estadísticas del Inegi, Atzompa vio crecer su población en 52%, con la consecuente demanda de servicios, atención y, sobre todo, la exigencia de representación política para los avecindados, y voz y voto en la toma de decisiones, tan lejana para el anquilosado sistema de Usos y Costumbres.
El binomio San Sebastián Tutla-Fraccionamiento El Rosario vio pasar el mismo fenómeno hace más de 35 años, pero de manera más ordenada, cortesía de la intervención del Instituto de Vivienda de Oaxaca, luego Fovissste y, finalmente el Infonavit. En Atzompa fueron las propias autoridades municipales y comunales quienes fraccionaron a diestra y siniestra, sin respaldo de inversión pública.
Años tiene El Rosario levantando la voz y amagando con separarse de San Sebastián Tutla, donde los ignoran; el fraccionamiento muestra calles destrozadas, equipamiento urbano en el olvido, viendo pasar sus mejores años y, ahora se suma el desabasto de agua, aunque no es de directa incumbencia del municipio sino de SAPAO. Esto lo dieron a conocer irritados colonos apenas el lunes, hartos de ser ignorados.
En Atzompa no se cantan tan mal las rancheras. Al menos en los más recientes años se ha vivido una “tensa calma” y se ha cerrado el paso a la representatividad de avecindados, a pesar de ser ya mayoría. En el Rosario, al menos ya cuentan con una regiduría avalada desde los tribunales electorales.
En 2014 Atzompa afrontó una crisis política engendrada desde el interior de la comunidad al multiplicarse las agrupaciones sociales que proponían, ofrecían o exigían servicios públicos, agua, electricidad, drenaje, pavimentación, muy atractivas demandas en favor de avecindados y, detrás de ellos, la mano de partidos políticos y “organizaciones sociales” que rompieron el equilibrio logrado tras el reconocimiento jurídico al sistema de Usos y Costumbres.
Una revolución jurídica tendrá que vivir la transición política en ambas comunidades. Esta debe pasar por ampliar la apertura a la representación, la toma de decisiones y, sobre todo, la solución de problemas que a todos incumben para no seguir siendo presa del aprovechamiento en favor de unos cuantos con la etiqueta de ser “nativos”.
Ahí tienen tribunales electorales facturas pendientes, legisladores tema de estudio y enmienda de yerros y, las comunidades, el reto de anteponer el diálogo a la confrontación.
PEIMBERT, SIN SOBRESALTOS
La de ayer, una comparecencia del Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert, con un rosario de lo que ya sabíamos: feminicidios, despojos, inseguridad, corrupción, incapacidad jurídica, económica y de material humano, asesinatos a periodistas, entre otros.
Al fiscal se le señala por trabajar a control remoto y dictar órdenes desde la Ciudad de México, enfrascado en rehacer sus redes de poder con funcionarios de la 4T ante lo que se vislumbra con el nuevo gobierno. Tibieza de los diputados que lo citaron a comparecer y sin datos de peso sobre temas como el cartel del despojo y asesinato de mujeres.
Dijo que, a su llegada, se detectaron diversas irregularidades en múltiples carpetas de investigación. Eso, sin duda, es motivo para fincar responsabilidades penales. Extrañamente, se señalaba en corrillos políticos, el fiscal compareció sin hacer frente a protesta alguna.
A cuatro años de emitida la Alerta de Género en Oaxaca a causa de los feminicidios, solo se concretó a aceptar el abandono de áreas relacionadas con la investigación y procuración de justicia con perspectiva de género; la Alerta de Violencia de Género ha sido “parcialmente implementada y cumplida” en Oaxaca. Y eso a las víctimas y familiares ¿de qué les sirve?
IEEPO, sobre ruinas
Así inició el ciclo escolar 2022-2023, sobre ruinas. Las dejadas por la pandemia, la negativa de trabajar del magisterio por más de dos años, por las resistencias que persisten en muchos lugares, por las más de mil 800 planteles que no abrieron sus puertas; con incumplimientos en escuelas como la España, de la colonia Reforma o Basilio E Zárate, en la Villa de Etla.
Algunas otras más, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec que, a casi 5 años de distancia de los sismos de 2017, están inconclusas o no has sido reparadas.
Se siguen acumulando las facturas pendientes con la niñez, el alumnado y la educación en Oaxaca.
