Uno de los principales focos de infección, ahora que percibimos la gravedad de la pandemia y México casi supera a otros países en número de contagios y muertes, es el transporte. En el decreto emitido por el gobernador Alejandro Murat, dispone la reducción drástica del transporte público, además de fortalecer las medidas sanitarias para frenar el contagio del nuevo Coronavirus o Covid-19, que vayan más allá de las labores de desinfección de las unidades, sean autobuses, taxis urbanos o foráneos, sino además el obligado uso del cubre-bocas y el gel anti-bacterial para los usuarios. Por fortuna, según se informó, desde la semana pasada la Secretaría de Movilidad (Semovi) intensificó acciones en ese sentido y se fortalecieron los operativos de la Policía Vial Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, instalados en las entradas a la capital oaxaqueña.
No hay que omitir asimismo que el ejecutivo estatal ofreció el reforzamiento en los filtros sanitarios en las entradas de aquellas ciudades en las que se hayan detectado más casos de contagio del virus. No podemos sustraernos a una realidad que siempre hemos manejado en este espacio editorial: durante el día y hasta muy entrada la noche, miles y miles de pequeñas unidades entran y salen de la ciudad, sobre todo con pasajeros que viajan de la capital o viceversa, en los Valles Centrales. Las labores de desinfección, el reparto de cubre-bocas y otras acciones deben continuar, pero, sobre todo, reducir en un porcentaje importante, la circulación masiva de unidades. La Semovi tiene formas para presionar a los concesionarios tanto del transporte público de pasajeros en autobuses como en el transporte foráneo.
La situación de la proliferación de los contagios en plena Etapa 3, tal como la vemos a nivel nacional y estatal, es preocupante. Insistimos: no es un juego lo que está ocurriendo. Es importante que el gobierno aplique con prontitud los protocolos de cuidado y prevención, aunque se diga que las medidas atentan contra los derechos civiles de libre circulación y otros. Pero si estamos en peligro de muerte, que es lo que representa la pandemia que hoy nos ocupa, toda medida que establezcan las autoridades, por más severas que sean, siempre serán bienvenidas en tanto busquen salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Beneficiarios en riesgo
Una, otra y otra vez, notas periodísticas y redes sociales han difundido la obstinación de la súper delegada de Programas Bienestar en el estado, Nancy Ortiz Cabrera y subordinadas, en seguir realizando actos masivos para la entrega de apoyos: becas a jóvenes, pensiones a adultos mayores y apoyos para el campo. La funcionaria ha sido exhibida, de cuya conducta no creemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea ajeno, pues han sido actos masivos que se vienen realizando desde hace más de un mes, estando ya la ciudadanía en la Fase 2 de la contingencia sanitaria. Llama la atención la impunidad, pero sobre todo la irresponsabilidad con la que se ha conducido, que no ha cesado en la entrega de apoyos, poniendo en riesgo a los beneficiarios y desoyendo prácticamente, las medidas de prevención que ha decretado la Federación y el gobierno estatal.
La semana pasada, un grupo de ediles y autoridades locales advirtieron del grave riesgo al que se expone a personas de la tercera edad y demás, en estos momentos cuando ya hemos entrado en la Fase 3 de la pandemia. A lo largo de la semana se pudieron observar filas de presuntos beneficiarios de dichos programas sociales, haciendo cola para entrar a las sucursales bancarias. Es más, como comentamos el jueves, muchos pernoctaron en las calles, a la intemperie, para estar en condiciones de alcanzar una ficha y poder cambiar sus cheques por efectivo. El fenómeno se repitió en ciudades del interior del estado, como Pinotepa Nacional y Tuxtepec. Es importante subrayar que los aludidos ciudadanos (as) estuvieron haciendo fila sin ninguna protección.
El pasado miércoles, luego de haberse detectado que decenas de ellos pasaron la noche en la calle, patrullas de la Policía Municipal, trasladaron a muchos de ellos a otras sucursales, a fin de evitar aglomeraciones y contacto. Es decir, la terquedad de los responsables ha generado malestar generalizado en la población, pues no se explica que el gobierno federal insista en la sana distancia y sus funcionarios (as) sean los primeros (as) en violarla. Lejos de admitir su responsabilidad, la citada funcionaria ha hecho circular videos en los que aparecen los beneficiarios, prácticamente aplaudiendo estas acciones. No obstante que el gobierno estatal puso a disposición su plataforma para hacer los pagos a los beneficiarios, fue una oferta inútil. El protagonismo y el proselitismo políticos es lo que cuenta. Por fortuna, al parecer desde esta semana se cambiaría de modalidad, a través de Telecom. Ojalá así sea.
