La semana pasada terminé mi columna con una frase: “la Corte debe decidir conforme a derecho, no motivada por la política”. Contra todo pronóstico, este jueves 1 de octubre nuestro máximo tribunal hizo todo lo contrario: se olvidó de su papel constitucional y se convirtió en una Corte de corte político. O al menos así lo hicieron las y los 6 Ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta popular de AMLO para llevar a juicio a los expresidentes, a pesar de que los derechos humanos y la justicia no se deben consultar.
El propio Ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea -quien fue el primero en hablar, lo que por muchos fue interpretado como una acción para “dar línea” a sus colegas- reconoció que ese día se encontraban ante una discusión política y no ante una atribución jurisdiccional, lo cual es cierto, sin embargo, ello no era razón para que se olvidaran de cumplir su obligación de hacer valer el orden constitucional.
En una sesión por demás sorpresiva, preocupante y triste para quienes nos dedicamos al derecho, las ministras Ríos Farjat y Esquivel Mossa y los Ministros González Alcántara Carrancá, Pérez Dayán, Gutiérrez Ortiz Mena y el propio Zaldívar faltaron a su juramento de hacer guardar la Constitución y con base en una supuesta interpretación pro persona del derecho a la consulta popular determinaron, por un voto de diferencia, que someter a consulta los derechos humanos, las obligaciones legales de las autoridades competentes y la justicia, entre otros, no era inconstitucional y por lo tanto el próximo año tendremos consulta popular.
Por increíble que parezca, las y los ministros de la mayoría olvidaron su papel de jueces constitucionales para convertirse en diligencieros del Ejecutivo Federal pues no solo votaron por la constitucionalidad de la consulta, sino que, al ser evidentemente inconstitucional lo planteado por López Obrador, le hicieron el trabajo y reformularon la pregunta que se someterá a consideración de las y los mexicanos el primer domingo de agosto de 2021.
Pero también hubo participaciones dignas de reconocer, las de los Ministros disidentes: Aguilar Morales -ponente del asunto-, Franco González Salas, Pardo Rebolledo y especialmente las muy atinadas y pertinentes intervenciones de la ministra Piña Hernández y el ministro Laynez Potisek quienes, en pocas palabras y con todas sus letras, les dijeron de frente a sus colegas lo que en este y otros espacios he reiterado: que la justicia no se somete a consulta y que los ministros no son designados para ser populares y simpatizar con las mayorías.
La Corte se había mantenido, con algunos claroscuros, como la última línea de batalla y el contrapeso más fuerte al ejercicio arbitrario del poder y el desdén por la Constitución que desde el 1 de diciembre de 2018 se ejerce desde la silla presidencial y todas las ramas de la 4T. Sin embargo, el pasado jueves perdimos a la Corte como órgano colegiado imparcial y con altura de miras.
El jueves ganó López Obrador en la Corte, pero perdieron la Constitución, la independencia judicial y los contrapesos. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que incluso los ministros de la mayoría lo saben, sin embargo, pudo más la intimidación -desconozco si directa o solo indirecta- lanzada desde Palacio Nacional.
Lo que sucedió el 1 de octubre es un parteaguas, para mal, en la vida constitucional de México. Si perdimos el último de los contrapesos que teníamos para evitar el ejercicio arbitrario del poder, ahora con más razón la sociedad civil debe tomarse en serio su papel como único límite al autoritarismo de López Obrador y la 4T.
Fue un día triste para quienes somos parte del derecho, pero todos deberían detenerse a analizar lo sucedido. Si nuestra incipiente democracia se encontraba de por sí bajo asedio, ahora es atacada desde una nueva rama del régimen obradorista: el más alto tribunal del país y cabeza del Poder Judicial federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ya no tenemos tribunal constitucional, tenemos una Corte de corte político.
*Licenciado en Derecho por la IBERO CDMX.
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