Autoridades comunales y pobladores de El Jicaral, agencia de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, encendieron una alerta ante la ejecución de una resolución agraria que modifica la posesión de más de 49 hectáreas en la zona limítrofe con Guerrero.
A través de un escrito dirigido al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el Comisariado de Bienes Comunales solicitó una intervención urgente para evitar que la diligencia prevista para el 22 de septiembre derive en un enfrentamiento entre habitantes de El Jicaral y de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.
El conflicto se relaciona con el expediente 212-2012, cuya resolución fue emitida por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, con sede en Acapulco, Guerrero.
De acuerdo con el documento, la diligencia está programada para las 11:00 horas del 22 de septiembre en la zona considerada en disputa.
ADVIERTEN SOBRE UN POSIBLE ENFRENTAMIENTO
El punto que más preocupa a las autoridades comunales de El Jicaral es que la ejecución de la resolución se lleve a cabo sin un acuerdo previo entre las comunidades involucradas.
En el oficio entregado al gobernador, los representantes comunales advierten de manera directa:
“Al materializar esta sentencia, hay la posibilidad de un enfrentamiento entre ambas comunidades”.
Ante ese escenario, plantean que no existen condiciones suficientes para ejecutar la resolución y solicitan que, en lugar de avanzar directamente hacia su cumplimiento, se retome una vía de diálogo y conciliación.
La petición no plantea únicamente detener la diligencia. Los comuneros también solicitan la presencia de la Policía Estatal en la fecha prevista, con el argumento de que se requiere garantizar la seguridad en la zona de conflicto.
EL RECHAZO FUE RATIFICADO EN ASAMBLEA
El rechazo a la resolución, según el propio documento, no quedó únicamente en manos de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales.
El domingo 13 de septiembre se realizó una asamblea en El Jicaral para informar a la población sobre la ejecución de la sentencia.
De acuerdo con las autoridades comunales, la determinación fue rechazada “por unanimidad de votos” por los habitantes que participaron en la reunión.
Este respaldo comunitario eleva la tensión frente a la diligencia programada, pues mientras el tribunal agrario ordena avanzar con la ejecución de su resolución, los pobladores de El Jicaral sostienen que no existen condiciones para llevarla a cabo.
PIDEN A OAXACA INTERVENIR ANTES DEL 22 DE SEPTIEMBRE
El documento fue presentado como una solicitud de intervención urgente al gobernador de Oaxaca.
Los representantes comunales plantean que se busque una alternativa a la sentencia y que se retome el diálogo entre las partes antes de que la autoridad agraria intente materializar la resolución.
En su escrito señalan que “al no existir condiciones para su ejecución, se deberá retomar el proceso de diálogo y conciliación”.
Además, solicitaron que se instruya a las autoridades correspondientes para brindar seguridad en el área en disputa durante la fecha establecida para la diligencia.
La petición también fue turnada para conocimiento de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
UN CONFLICTO AGRARIO CON DOS COMUNIDADES EN DISPUTA
La controversia involucra a El Jicaral, anexo de Santiago Tilapa, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, y Jicayán de Tovar, Tlacoachistlahuaca, Guerrero.
El punto central es la disputa por una superficie de más de 49 hectáreas ubicada en la zona limítrofe entre ambas entidades.
La resolución del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, establece la restitución de esa superficie a Jicayán de Tovar, de acuerdo con la información contenida en el escrito de las autoridades comunales oaxaqueñas.
Sin embargo, los habitantes de El Jicaral rechazan dicha determinación y buscan que antes de cualquier ejecución se abra nuevamente una etapa de diálogo.
El conflicto revela además una de las dificultades más delicadas de los litigios agrarios: una resolución judicial puede poner fin a un procedimiento legal. Sin embargo, su ejecución en territorio puede generar tensiones cuando una de las comunidades involucradas no reconoce o rechaza sus efectos.
LA PRIORIDAD: EVITAR QUE EL LITIGIO ESCALE A VIOLENCIA
El llamado de los comuneros ocurre a menos de dos semanas de la fecha establecida para la diligencia. En ese contexto, la intervención de las autoridades estatales será determinante para prevenir cualquier confrontación.
La presencia policial puede contribuir a mantener condiciones de seguridad. Pero, por sí sola no resolverá el origen de la disputa.
El principal desafío será encontrar un mecanismo que permita cumplir con las determinaciones legales sin provocar un enfrentamiento entre comunidades que mantienen posiciones encontradas sobre la posesión de las tierras.
Los representantes de El Jicaral insisten en que todavía existe una vía para evitar la confrontación. Su solicitud al gobierno estatal es concreta: intervenir, garantizar la seguridad y favorecer una salida mediante el diálogo.
Mientras tanto, la fecha permanece marcada en el calendario: el 22 de septiembre, a las 11:00 horas, está prevista la diligencia que mantiene en alerta a la comunidad.
Finalmente, el riesgo advertido por los pobladores coloca a las autoridades ante la necesidad de actuar antes de que el conflicto llegue al terreno de los hechos. En una disputa territorial de esta naturaleza, prevenir un enfrentamiento debe ser una prioridad. Sin que ello implique desconocer las atribuciones de la autoridad agraria ni anticipar responsabilidades que aún no han sido determinadas.
