La semana anterior trascendió que se habría dado un acuerdo entre algunos funcionarios del gobierno de la capital oaxaqueña, que preside Oswaldo García Jarquín, con algunos dirigentes del comercio en la vía pública, para parar actividades en tanto pasa la pandemia, habida cuenta de la proliferación de los contagios en mercados y sitios de afluencia masiva de personas. Algunos de los líderes que aceptaron son, entre otros: Israel Ramírez Bracamontes, Carmela Luján, Leovigildo Santiago y Carmen Mendoza. Son estas personas las que, desde hace al menos dos décadas, mantienen un férreo control no sólo en el comercio ambulante sino entre los que instalan ferias, verbenas, tianguis, etc. Se trata, por supuesto, de un solo segmento del comercio en la vía pública, habida cuenta de que otro, tan numeroso con el que controlan los aludidos, está en manos de supuestos luchadores sociales, como Adán Mejía, dirigente de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) y Javier Aluz Mancera, cuya franquicia de extorsión y chantaje se denomina, “Sol Rojo”.
Capítulo aparte son cabecillas de la etnia triqui, supuestamente desplazados de su región, que se han convertido en un serio dolor de cabeza tanto para el gobierno estatal como para la sociedad, por su empecinamiento y terquedad, en no querer dejar libres los pasillos del Palacio de Gobierno, en donde llevan al menos diez años. Se trata de tres o cuatro grupos, que han medrado con las medidas cautelares que les otorgó en 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las que dichos indígenas y dirigentes, se asumen prácticamente intocables, pese a medrar de los apoyos que les otorga el gobierno. Todos los demás grupos que se han asentado de manera ilegal en el zócalo y el Centro Histórico, han tomado una actitud más o menos comprensible por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Al grupo de indígenas nada lo ha convencido.
La situación de la movilidad ciudadana y el consecuente incremento en contagios y muertes, que han ubicado a Oaxaca en los primerísimos lugares a nivel nacional, obligan a los gobiernos estatal y municipal a tomar medidas más drásticas. No se pueden permitir espacios de excepción. Por ello, hay que ponderar la actitud de los dirigentes que han accedido a un retiro temporal, pero al resto, hay que aplicarle la ley.
Movilidad y fiestas patronales
Uno de los factores que han impedido en decenas de comunidades oaxaqueñas cumplir con las medidas de prevención, han sido las fiestas patronales que para nada se han suspendido. En efecto, no es una generalización. En las cabeceras municipales, se han acotado días de tianguis, fiestas particulares y algunos festejos cívicos o tradicionales, por parte de las autoridades. Por ejemplo, ante el rumor de algunos comerciantes que habían dado positivo a Covid-19, se suspendieron los días de plaza en Miahuatlán de Porfirio Díaz o la venta de ganado, llamado baratillo, en Cuilapam de Guerrero. Pero se han dado casos, como en las comunidades de Santa María Alotepec o en las agencias municipales de San Miguel Quetzaltepec, en la región Mixe, en donde sencillamente, las fiestas al Santo Patrono o a la Virgen, están por encima de la vida de los habitantes o de los poblados vecinos que acuden a las fiestas.
Muchas comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, también llamados de usos y costumbres, cerraron sus accesos para prevenir contagios de la pandemia, pero en su interior siguen como si nada pasara. En este mes de mayo, uno de los que más festejos religiosos registra en el estado, los bailongos, jaripeos, concursos, carreras de caballos, rifas, etc., han abundado en algunas poblaciones indígenas de las ocho regiones de la entidad. Es cierto, festejar al Santo Patrono o Patrona está profundamente arraigado en la conciencia colectiva comunitaria. El sentimiento religioso, no obstante, la irrupción de credos y religiones ligadas al cristianismo, ha prevalecido en la comunidad católica. No es tarea fácil convencer a los habitantes de suspender, sobre todo porque las mayordomías y los compromisos para cumplir con el ritual, se da desde años atrás.
No está por demás que se hagan labores de convencimiento de parte del gobierno estatal, a través de sus delegaciones o representaciones regionales o municipales e incluso, por medio de la jerarquía católica. Hay que recordar que el cierre de templos se ha estado aplicando con rigor, al menos en la capital y las principales cabeceras del estado. Lo que se trata es de evitar concentraciones masivas de personas en misas, calendas, procesiones, bailes o jaripeos. De no tomarse las medidas pertinentes al respecto, no hay duda que la proliferación de contagios de este virus letal, seguirá su ruta mortal, diezmando a los oaxaqueños de todos los estratos y edades.
