Que no quede en simple frase enunciativa, en declaración para ganar las primeras planas o en cortina de humo, estrategia tan socorrida en gobiernos de la 4T. En la primera conferencia Semanera ofrecida por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, indicó que al final del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se abultó la nómina del gobierno entre mil 509 y mil 700 plazas “vendidas por diversas personas que están siendo investigadas”.
Por sí mismo esto ya es un severo problema para la administración entrante, más aún si se carece de respaldo presupuestal. Jara afirmó que “esta situación ya está siendo revisada por la Secretaría de Administración, y se investigará”. La tarea es simple “puentear” la información de la nómina del año pasado con la que se heredó, ahí hasta los nombres saldrán a flote.
Incluso afirmó que los puestos de trabajo se vendieron entre 100 y 150 mil pesos; en ese “negocio”, entonces se obtuvieron entre 170 a 255 millones de pesos solo en el último trecho del gobierno de Murat, a quien Jara acusó de incumplir compromisos. Entendemos que uno de ellos era no inflar la nómina.
¿Qué se necesita para ello? Operadores, quienes demanden y quienes ofrezcan las plazas, visto bueno al interior de la administración pública y, además, complicidad de o los sindicatos involucrados. ¿Dónde están esas plazas? En el IEEPO, de Francisco Villarreal; en los SSO, de Donato Casas Escamilla, Juan Carlos Heinze o Virginia Sánchez Ríos, tanto como la dirigencia de la Sección 22, o Mario Félix Pacheco (a quien han señalado de incrustar a familiares y amigos en la nómina, además del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).
Vamos a tomarle la palabra al gobernador y que realice profunda pesquisa sobre la venta y tráfico de plazas entre burócratas; esperaremos que “que se tenga la información completa”. Especial tarea para el cuestionado secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, quien, por cierto, cree que la administración pública, sin quitarse la gorra, es tanto como colocarse en la caja de bateo en un campo de beisbol.
Hay una fecha clave: el 30 de agosto del presente año, cuando se entregaron más de 300 plazas de base a funcionarios, hijos de funcionarios, esposas de servidores públicos, así como amigos y familiares de los integrantes del Sindicato. Habrá que probarlo y dar marcha atrás con la medida.
Con las reservas del caso, en redes sociales se denunciaba en estos días que ya se veía como algo “normal” que alguien llegara y ofreciera “te vendo una plaza” y señalaban a “un tal Roma, cercano a Rosas y compadre íntimo de ‘Mauricio’”. ¿Quiénes son los personajes presuntamente aludidos?
Ya en medios periodísticos oaxaqueños les han endilgado el calificativo del “Cartel de las Plazas” que, en términos futbolísticos, tienen entre su alineación a Juan Rafael Rosas Herrera; Mauricio Javier Carreño; Julián Estrada y Joel Castillo. Todos ellos contaban con la bendición, complicidad o contubernio de funcionarios o titulares de la Secretaría de Administración.
Ahí hay algunos nombres y, nos comentan, pruebas y dichos al interior de la burocracia de su actuar y modo de operar.
Ya tiene tarea Nino Toledo, investigación ordenada de manera directa por Jara.
ATENTAR CONTRA PERIODISTAS
Pocas veces tocamos aquí temas nacionales, pero el atentado, que eso es, contra el periodista Ciro Gómez Leyva trae a colación el peligro que corren los periodistas en México al ejercer su profesión.
En Oaxaca han sido asesinados 11 periodistas en 9 años; el más reciente homicidio fue el de Hebert López, en Salina Cruz en febrero de este año. En el primer semestre de este año, de acuerdo con Artículos 19, cada 14 horas fue atacado a un comunicador en nuestro país. En México aumentaron 51.83% las agresiones contra comunicadores en el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2016.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que en esos 9 años se han iniciado más de 288 investigaciones derivadas de quejas o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos de comunicadores, solo en Oaxaca.
En tanto no se esclarezca fehaciente y de manera convincente la agresión contra Ciro Gómez Leyva, el gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el principal indiciado, dada la labor crítica del comunicador contra desaciertos, corruptelas y mentiras de la actual administración federal. El mensaje es acallar la voz crítica y agresión a la libertad de expresión.
Si no fuera así, si el gobierno no tuviera nada que ver, también está implicado por no brindar seguridad y garantías para ejercer el periodismo. Si, por otro lado, “alguien” o “algunos” quieren quitar de en medio a los críticos gubernamentales esto no puede ser mas que resultado de la violencia verbal desatada desde Palacio Nacional contra quien o quienes no comulguen con la “verdad” oficial, desencadenando ira, animadversión contra los comunicadores, por el simple hecho de convertirse en voz crítica. Estemos o no de acuerdo con sus dichos, posiciones políticas o ideológicas.
El peor panorama es que “alguien”, políticos, crimen organizado, narco o grupos de presión se hallan planeado la acción para desestabilizar a la 4T, que también de suyo es muy grave. En todos los casos AMLO y el gobierno deben ser convincentes porque el mensaje el muy claro: acallar críticos, para bien o para mal del gobierno.
Y con ello el país traspasa un umbral muy, pero muy peligroso.
