Qué paradoja. Los partidos políticos, primero, y algunos carteles, en menor medida, son responsables de la ingobernabilidad y violencia que, desde hace años padece el empobrecido municipio de Tlaxiaco.
Los partidos PRD y luego Morena, abanderaron la carrera política del extinto Alejandro Aparicio, sin reparar en sus antecedentes. Fue asesinado y ahora el caso se enreda más aún porque el cartel 22 se opone a que el profesor Gaudencio Ortiz Cruz asuma el cargo como suplente del presidente municipal acribillado en su primer día en el poder.
Es un asunto muy complicado. Al morir el presidente municipal su suplente tendría que asumir el cargo. Eso dice la ley, pero los intereses entre los concejales y algunos legisladores de Morena como Laura Estrada y Mauro Cruz, lo impedían. Dicen que tenían línea del senador Salomón Jara para promover la llegada de un administrador municipal.
Por su parte, Gaudencio Ortiz y su grupo, tras un tortuoso litigio y la intervención directa de la dirigente nacional del Morena, Yeidckol Polevnsky, lograron que el Tribunal Electoral, finalmente, les diera la razón.
No solo les dieron la razón, hasta les allanaron el camino para asumir la presidencia municipal sin el protocolo de la toma de protesta. Uno de los magistrados dejó claro en la resolución que hay jurisprudencia para que en casos como el de Tlaxiaco donde no dejan que el presidente municipal rinda protesta, este protocolo puede ser optativo. Puede asumir el cargo en la misma sede del Tribunal.
El profesor Gaudencio ignoró la propuesta y ayer convocó a los concejales para una sesión de cabildo donde rendiría protesta. Esa era la intención, pero aquello terminó en una orgía. Hubo gritos, golpes y otro profesor adversario de Gaudencio, fue agredido físicamente.
Ajuste de cuentas
Los que conocen el tema me dicen que lo que sucede en Tlaxiaco es reflejo del ajuste de cuentas al interior del cartel 22. A Gaudencio lo acusan de “traidor” del movimiento magisterial y de tener “ligas con priistas”.
Descubren que el que invoca legalidad para ser presidente municipal de Tlaxiaco resultó ser un pillo de siete suelas, a decir algunos profesores que bien lo conocen.
Recuerdan que, en la asamblea estatal magisterial del 9 de febrero pasado le aplicaron el principio rector 20 a Gaudencio y a unos 60 docentes más que desempeñaron cargo sindical en el periodo 2012-2016. Los acusan por abandonar su comisión sindical, obtener beneficios personales y otros actos de corrupción aprovechando los cargos que su sindicato les dio en el “viejo IEEPO”.
Un caso de estos es el del profe Gaudencio Ortiz Cruz quien, como jefe del Departamento de Escuelas Secundarias del IEEPO, otorgó al prefecto Alejandro Santiago Toledo la plaza de maestro de secundaria con 40 horas, sin tener perfil adecuado.
Lo curioso es que los que quieren plazas y ascensos sin examen cuestionen hoy que un prefecto haya negociado un “ascenso”. Sospechan que fue una transacción y por eso sentaron a Gaudencio en el banquillo de los acusados.
Cuestionan también al prefecto y hoy maestro de secundaria de haberse aprovechado de su cargo. Era auxiliar de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y allí negoció su nueva plaza que, dicen, debió haber sido para otro maestro con méritos. Corroboramos que el cargo de Alejandro Santiago está soportado en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). Aparece adscrito a la escuela secundaria 20 de Noviembre de Ciudad Ixtepec.
A Gaudencio hoy lo señalan con índice de fuego y obstaculizan su ascenso a la presidencia municipal de Tlaxiaco, pero antes lo reverenciaban. Lo ascendieron a supervisor de este nivel educativo, sin cumplir con el marco normativo.
Lo curioso es que ahora exige que se respete la legalidad cuando, él mismo, se pasaba por el arco del triunfo las normas del IEEPO. En el comunicado que giró a la Sección 22 el 4 de octubre de 2018 para cumplir con la oficialización de su ascenso a supervisor ¿saben qué documentos anexó?
Solo copia de su credencial de elector y del memorándum mediante el cual sus ahora cuestionadores lo premiaron como supervisor de secundarias generales de la zona 017 con cabecera en la región de la Cañada.
Esto confirma que es un claro exponente de todos los abusos del cartel 22. Aun así fue abanderado por Morena, cuyo slogan es “no mentir, no robar, no traicionar”. Qué ironía, ocupa cargos oficiales sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente.
Si realmente viviéramos un estado de derecho, este pillo no debería ser presidente municipal. Debería ser enjuiciado.
Lo mismo
Los vicios del cartel 22 corroen por todos lados. Con las movilizaciones del pasado mes de noviembre les otorgaron cuatro mil horas-clase en secundarias. Obvio, cual botín se las reparten solamente los capos. Es el caso del profe Oliver León Barrios y su auxiliar Ángel Santos Altamirano. Una hermana de éste fue adscrita a la secundaria federal uno sin contar con perfil. Con razón nadie quiere normatividad, menos reforma educativa.
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