La imprecación de “ya chole…” debería replicarla el presidente AMLO contra el renegado Mixe Adelfo Regino Montes que, éste sí, ha causado deshonor a la 4T con sus actos de corrupción. El pueblo de San Jerónimo Sosola denuncia uno más de los baldones del ladino director general del INPI contra sus hermanos indígenas.
Supongo que el presidente López Obrador tiene registrado ya que el amparo que ordena suspender la construcción del Tren Maya, se debe a yerros garrafales del INPI que hizo una consulta a esos pueblos indígenas desapegado a los lineamientos internacionales. Por lo pronto, ese descuido ha paralizado, por mandato judicial, una de las obras símbolo del gobierno federal en el sureste del país. Pero vamos a la valiente denuncia de autoridades y vecinos del municipio de San Jerónimo.
LUCRO INDEBIDO
Los inconformes se manifestaron ayer frente al palacio de gobierno contra su presidente municipal Elí Martínez López. Dicen que coludido con el director general del INPI y otros funcionarios, pretenden ganancias ilícitas al desviar el camino rural de concreto que para San Jerónimo autorizó el presidente López Obrador con una inversión de 70 millones de pesos.
Lo que quiere el edil es que dicho camino pase frente a su casa lo que encarecería en unos ocho millones más la obra.
Explican que originalmente el camino fue proyectado para comunicar a San José Sosola, San Juan Sosola, Minas de Llano Verde, El Progreso hasta llegar a la cabecera, San Jerónimo. Así fue planeado por la SCT, pero el presidente municipal y sus cómplices en el INPI han modificado el proyecto desviando el camino ¿saben para qué? Para que pase frente a la casa del Elí Martínez en la agencia Ojo de Agua. Autoridades de todas estas comunidades se han unido a la protesta.
Ante este nuevo abuso piden la intervención del gobernador Alejandro Murat. El edil y toda su familia desde hace unos 20 años se rotan el poder municipal y ejercen un cacicazgo feroz.
Las consecuencias surgieron de inmediato. El presidente municipal está cobrando venganza. Han suspendido la entrega de participaciones del ramo 28 a los agentes municipales que no apoyan su plan.
Dejemos que la regidora Amelia Gómez explique. Dice que a la inconformidad se han unido todas las agencias y rancherías que temen no ser beneficiadas si desvían el camino, pero sus quejas no han sido escuchadas. Quieren dejar al margen a la comunidad Minas de Llano Verde con todo y que es un pueblo de artesanos. En la SCT se evidencia la complicidad. Ocultan información al pueblo al decir que no conocen la ruta y el delegado regional del INPI Primo Aquino Cruz también se ha coludido. Oculta toda información por órdenes de Adelfo Regino. Dice que la corrupción es evidente y por eso ocultan hasta los costos de la obra ¿No que la corrupción se acabó? El edil hizo un acta de asamblea simulada, nombro un comité de obras afín y con un acta de asamblea simulada excluyó a los comuneros. Designó un comité de obra amañado en el que la tesorera es su contralora municipal. Tal funcionaria tiene una flotilla de volteos que ya están contratados para el acarreo de material. Ocultan información de los 17.2 mdp que, dicen, costarán los primeros 4 kilómetros. El acta de la supuesta asamblea que autorizó el camino no tiene firma ni sellos de las autoridades de los otros pueblos, pero la validó el INPI.
Insiste la regidora que es evidente la corrupción. El presidente municipal se asoció con el delegado del INPI Primo Aquino Cruz quien a espaldas de las autoridades ha modificado el proyecto de la obra. Exigen que transparenten la información, que haya supervisión de la Contraloría y que sancionen a los funcionarios del INPI que pretenden beneficiarse con esta obra.
MUNICIPIO SOMETIDO
San Jerónimo Sosa ha sido un municipio violado en sus derechos políticos. Desde hace muchos años, la familia del actual presidente municipal Elí Martínez López ha conculcado los derechos de ese pueblo.
En mi entrega del 3 de enero del año pasado, dije que un caso patético de corrupción es el municipio de San Jerónimo. Esta comunidad es gobernada desde hace más de 20 años por una sola familia. El IEE no fue capaz de atender las inconformidades del pueblo que alerta sobre la violación de sus usos y costumbres. Aún con las quejas, este instituto avaló la elección que significa violación de sus costumbres y procedimientos. Su Sistema Normativo Indígena, pues.
Ignoran, por ejemplo, que en Sosola sea la misma autoridad municipal la que organiza las elecciones, decide al candidato, dónde instalar casillas, lo que es violatorio a la ley.
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