Autoridades comunitarias y agrarias y defensores del territorio, así como organizaciones civiles reunidas en Juchitán exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca de manera efectiva el derecho de las comunidades a participar y decidir sobre el agua y los territorios que habitan.
Durante el encuentro nacional “Hacia una propuesta de Capítulo Normativo sobre Derecho al Agua de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizado los días 19 y 20 de septiembre en Juchitán de Zaragoza, representantes de comunidades de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Estado de México plantearon que la legislación no debe limitarse a reconocer derechos en el papel, sino establecer mecanismos que permitan ejercerlos.
La exigencia central fue directa: que las decisiones relacionadas con aguas, bienes comunes, obras y proyectos que impacten los territorios indígenas no se tomen sin la participación de quienes viven en ellos.
“El agua, bien común, no mercancía”
Las organizaciones participantes colocaron como uno de sus principales reclamos es evitar que el agua sea tratada únicamente bajo una lógica económica.
Defendieron el reconocimiento de los sistemas comunitarios mediante los cuales distintas poblaciones administran, distribuyen y protegen sus fuentes de abastecimiento, además de sus propias formas de organización y toma de decisiones.
La propuesta contempla proteger manantiales, ríos, acuíferos y otras fuentes de agua que mantienen una relación histórica, cultural y territorial con las comunidades.
Maira Olivo Paz, abogada especialista en derecho indígena y coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, planteó que el debate enfrenta dos concepciones distintas sobre el recurso.
“Nos encontramos frente a una disputa global entre dos visiones: quienes entendemos el agua como un bien común y quienes pretenden convertirla en un producto que puede mercantilizarse”.
Advierten riesgos por proyectos extractivos
El encuentro también sirvió para expresar preocupación por proyectos de infraestructura y actividades extractivas que, de acuerdo con las organizaciones participantes, pueden modificar las condiciones ambientales y el acceso al agua en distintas regiones del país.
Entre los temas señalados estuvieron el fracking, la extracción de hidrocarburos, las presas, los trasvases y las denominadas zonas de sacrificio.
Nadir Hernández Quiroz, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, cuestionó que algunas de estas iniciativas sean presentadas como soluciones de gran escala mientras persisten cuestionamientos relacionados con la protección ambiental, la transparencia y su viabilidad técnica.
Territorio indígena, más allá de un título
Otro de los reclamos planteados en Juchitán fue ampliar la concepción legal del territorio indígena.
Las organizaciones consideraron que los derechos colectivos de los pueblos no deben quedar condicionados exclusivamente a la existencia de títulos de propiedad agraria o privada.
“La ley debe construirse con los pueblos”
Uno de los puntos que generó mayor énfasis durante el encuentro fue la forma en que se construye la nueva legislación.
Las organizaciones advirtieron que la participación indígena no puede reducirse a reuniones informativas, foros o asambleas cuyos planteamientos posteriormente desaparezcan del proceso legislativo.
“La ley debe construirse con los pueblos y desde los pueblos”, señalaron.
En ese sentido, solicitaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) establecer un mecanismo público de trazabilidad para seguir el destino de cada propuesta surgida durante las consultas y mesas de trabajo.
