Y YA ATERRIZANDO el fracaso de los gobiernos, tanto federal, como estatal en Oaxaca en materia de seguridad, qué mayor ejemplo que Juchitán, tema que, como lo comenté ayer, abordamos en esta entrega.
OAXACA está empeorando su realidad en la materia, como dije la víspera: “nuestra entidad forma parte del grupo que concentra el 50 por ciento de los asesinatos de todo el país”.
QUÉ MAYOR símbolo de derrota que el gobierno quiera tapar el sol con un dedo, minimizando el nivel de violencia con un secretario de gobierno (JESÚS ROMERO) diciendo que en otros estados como Guanajuato o Nuevo León, mueren 8 y 7 personas al día, respectivamente, mientras aquí esos mueren a la semana; qué eufemística retórica.
PEOR cuando dice que los ataques mortales son entre los criminales, que casi no hay daños colaterales y ahora resulta que uno de estos ataques afectó a un familiar directo del encargado de la política interna. La realidad se impuso a la derrotada narrativa: el mismo gobierno tuvo que publicar una esquela.
“SÍ, uno de los 3 jóvenes asesinados en Juchitán el pasado 18 de abril era sobrino de ROMERO e hijo de Angelino López, un subsecretario de la dependencia responsable de la gobernabilidad. El hecho confirma que los daños colaterales también alcanzan a la cúpula jarista; la inseguridad, en los hechos, rebasó cualquier discurso oficial. Peor aún: este escandaloso crimen ocurrió días después de la visita del gobernador SALOMÓN JARA a Juchitán. ¿Un desafío abierto de los criminales al mandatario?”
EL GRAN FRACASO
EL TAN SOBADO operativo Sable (de finales de junio de 2025) es la muestra más contundente del fracaso del gobierno en la lucha contra el crimen organizado por la presunta infiltración de éste a la policía municipal de Juchitán.
Las fuerzas federales, en aquellos días citados, tomaron por sorpresa el cuartel de la policía municipal y el C2 y C4; desarmaron a 218 elementos municipales y los retiraron de sus funciones de patrullaje. El control de la seguridad quedó totalmente en manos de la Federación.
POCOS DÍAS después regresaron los elementos depuestos a sus funciones; no importaba si pesaba sobre ellos señalamientos de servir como brazo informante del crimen organizado o de mirar a otro lado ante el actuar de los malosos.
EL COSTO de sostener a los mil elementos (SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca) que participaron en aquel operativo en un solo municipio, del que “tomaron el control”; la imposibilidad de comprobar los nexos criminales o el costo al erario que generaría el despido de esos centenares de elementos municipales para poner un punto final al derecho de piso, narcotráfico, extorsión y demás, pesaron más estos PRETEXTOS que el restablecimiento de la paz en la zona.
EL OPERATIVO SABLE y los puestos en marcha recientemente en Juchitán, que más parecen una simulación, son el ejemplo más vivo, por su inutilidad, de que el gobierno no quiere acabar con el crimen organizado.
QUE EL GOBIERNO municipal haya sido fagocitado por el crimen organizado en esa ciudad istmeña no es algo nuevo. Recordemos, por ejemplo, la denuncia que hizo ALEJANDRO MURAT, quien siendo gobernador declaró: “Basta observar cómo municipios como Juchitán, en su Cabildo, tienen nombres de capos de la mafia” (El Universal de Oaxaca 12/febrero/2022). Eran los tiempos en que el edil allá era EMILIO MONTERO, el actual director del IEEPO. Este señalamiento fue rechazado por el susodicho. Pero la realidad, siempre se deja traslucir.
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