Ernesto Villanueva
El 5 de noviembre el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó en el Diario Oficial el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026. Regula la evaluación del desempeño de secretarios, actuarios y oficiales judiciales del Poder Judicial de la Federación.
El 6 estalló un paro en juzgados y tribunales de al menos 17 estados, según reportes de prensa. El 7 por la noche, el ministro presidente Hugo Aguilar pactó con el sindicato eliminar del acuerdo toda mención a sanciones y separación del cargo.
El lunes 9 se reanudan labores. Parece una victoria de los trabajadores. No lo es. La amenaza que temían no estaba en el acuerdo. Está en la ley. Y la ley sigue intacta.
Primero. Qué dice realmente el acuerdo. Aplica a unas 32 mil personas de carrera judicial, salvo las adscritas a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. La calificación se integra así: 40 por ciento, examen de competencias; 20, programa de capacitación; 10, reportes de comportamiento profesional. Esos tres rubros los evalúa la Escuela Nacional de Formación Judicial.
El 30 por ciento restante lo asignan los titulares de los órganos: productividad, calidad de la función, trabajo colaborativo, ética y servicio a la ciudadanía. Ahí nació la protesta. Casi un tercio de la nota depende de la percepción del jefe, en rubros que no admiten medición objetiva.
¿Cómo se califica la ética en una escala de cero a cinco? ¿Quién verifica el trabajo colaborativo de quien discrepa del titular? La subjetividad no es un defecto de redacción. Es el diseño. A eso se añaden las evaluaciones extraordinarias a solicitud fundada del titular, aunque el acuerdo aclare que no son un mecanismo disciplinario. Ahora bien, ¿qué pasa con quien reprueba? El resultado inferior a 60 puntos se llama “estándar de desempeño no alcanzado”. Quien no aprueba el examen puede pedir uno extraordinario, por una sola vez, en cinco días hábiles. En los demás casos cabe un recurso de revisión en diez días.
La deshonestidad académica y la negativa a participar equivalen a reprobar, sin examen extraordinario. Y si no hay impugnación, la Comisión da vista al Pleno. ¿Para qué? El propio acuerdo lo responde en su artículo 1: no establece supuestos autónomos de separación y remite a los artículos 37 y 38 de la Ley de Carrera Judicial. Esa remisión es la “mención” que el sindicato logró borrar. El acuerdo construye el camino hasta la puerta del Pleno. La puerta la abre la ley.
Segundo. La sanción está en la ley. En concreto, en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto vigente tras la reforma del 2 de enero de 2025 es explícito. Su artículo 35 dispone que los resultados de la evaluación son base para decidir la permanencia y, en su caso, la separación de la carrera judicial.
Su artículo 38, fracción IV, va más lejos. Enumera como causa de separación no acreditar el procedimiento que el Órgano disponga mediante acuerdo general para las evaluaciones de desempeño. El Congreso convirtió la evaluación en causal de cese y delegó en el OAJ definir cómo se acredita. Se dirá que es lo normal: la ley fija la causa y el reglamento, el procedimiento. Pero aquí el acuerdo decide qué se mide, quién califica, con qué peso y desde qué puntaje se reprueba. Eso no es procedimiento. Es el contenido mismo de la causal.
El artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución dice que los trabajadores del Estado sólo pueden ser cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. La ley puso el nombre. El contenido lo puso un acuerdo. La jurisprudencia P./J. 100/2006 del Pleno extiende el principio de tipicidad al derecho administrativo sancionador: conducta y consecuencia deben estar en la ley, no en quien la aplica. Perder el empleo por una calificación es una consecuencia sancionatoria, se le llame como se le llame. Hay un segundo plano: la independencia interna.
La Corte Interamericana sostuvo en Reverón Trujillo contra Venezuela (2009) que la estabilidad en el cargo es garantía de independencia y que su ausencia produce funcionarios dóciles. El caso versó sobre una jueza. La razón vale igual para quien redacta los proyectos que el juez firma. Un secretario cuya permanencia depende en un tercio de la opinión de su titular no proyecta con libertad. Proyecta lo que el titular quiere leer. En un Poder Judicial cuyos jueces y magistrados llegaron por elección popular y no por carrera, eso no profesionaliza. Coloniza.
Tercero. La victoria es pírrica y el riesgo, doble. Por un lado, un acuerdo general no puede derogar la ley. Si el nuevo texto borra toda referencia a la permanencia, la fracción IV seguirá en el artículo 38, vacía por ahora, lista para el siguiente acuerdo. El sindicato habrá ganado una redacción y perdido el fondo.
Se objetará que la evaluación de 2026 es diagnóstica por disposición del transitorio cuarto, y que el temor era prematuro. Lo era en el calendario, no en el derecho: las evaluaciones ordinarias siguientes sí cuentan, y la causal ya existe. Por otro, cualquier OAJ futuro podrá expedir un nuevo acuerdo, con porcentajes distintos, y la amenaza regresará con otro nombre.
Por eso la solución no está en la Suprema Corte. Está en el Congreso. Hay que reformar el artículo 38. La evaluación debe servir a la capacitación y al ascenso. Si el legislador insiste en vincularla con la permanencia, que adopte al menos el estándar del servicio profesional de carrera de la administración federal. Separación sólo tras dos evaluaciones consecutivas no aprobadas. Indicadores objetivos fijados en la ley. Y debido proceso ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Mientras eso ocurre, el OAJ puede hacer tres cosas. Reducir el peso de los rubros que asigna el titular y sustituirlos por indicadores verificables: expedientes resueltos, plazos cumplidos, revocaciones. Garantizar que el recurso de revisión lo resuelva una instancia ajena al órgano de adscripción. Y publicar los criterios antes de aplicarlos, no después del paro. El episodio exhibe, además, un problema de gobierno. Normar sin consultar es soberbia. Ceder todo en 48 horas es debilidad. Hacer ambas cosas en la misma semana deja a la institución sin norma y sin autoridad, y a miles de litigantes sin audiencias.
Un Poder Judicial que califica a su personal con la opinión del jefe no mide mérito. Mide obediencia. El sindicato logró cambiar el acuerdo. La ley que lo hizo posible sigue intacta. Esa es la batalla que nadie ha dado.
