- Salud, una prioridad nacional y estatal
Etapa difícil para los habitantes de la República Mexicana sujetos a una epidemia agresiva y expansiva que requiere de medidas extremas que trascienden a la vida y quehacer comunitario e individual de los mexicanos, en una etapa que se vaticina será la más acentuada en cuanto al contagio y fallecimientos, consecuencia del contacto que se haya tenido o se tenga con personas portadoras del virus y que desde luego afecta los ingresos de las personas por razones y ocasiona rezago en todos los sectores comunitarios, riesgos y la vida de los seres humanos.
Los decretos que interesan para conocer la trayectoria jurídica del trato que da la autoridad ejecutiva federal y la de los estados en el ámbito de su competencia y las restricciones temporales impuestas en el orden comercial y laboral, provienen del Consejo de Salubridad General que reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como grave, de atención prioritaria, y establece las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia; del Secretario de Salud Federal acerca de las medidas preventivas a implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad; del Presidente de la República por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria; del Consejo de Salubridad General que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19); la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atenderla.
Ahora bien, las medidas decretadas se apoyan en el ejercicio de las facultades que se confieren a la Federación y entidades para llevar a cabo acciones que conforme a la competencia que establece la Ley General de Salud les corresponde llevar a cabo bajo la coordinación del Consejo General de Salud y de la Secretaría del Ramo, como es la de ejecutar las leyes sobre salubridad general de la República y la ley reglamentaria y dictar, en casos extraordinarios, inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República mismas que son de carácter general y obligatorias para las autoridades sanitarias federales y estatales del país.
La Ley General de Salud reglamenta el derecho a su protección en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, tratándose de actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles: II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;”
Como atribuciones señala que tratándose de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud; el Ejecutivo Federal declara, mediante decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria en materia de salubridad general misma que será ejercida por la Secretaría de Salud, y tendrá como atribuciones encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales; dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, según el caso; regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del estado y de servicio público, y las demás que determine la propia Secretaría.
El Gobernador del Estado Alejandro Murat dio a conocer la ampliación de medidas de prevención como la restricción y suspensión de actividades no esenciales adherido a las de orden federal que constituyen el eje y motivación de las Estado de Oaxaca que tienen carácter de urgente y dependen de las características propias del territorio de Oaxaca. Los Ayuntamientos de algunas poblaciones ya tomaron medidas para impedir el acceso a sus comunidades de personas de riesgo.
Todas los decretos federales y lo comunicado por el Gobernador Alejandro Murat se ajustan a la normatividad constitucional y legal que se contiene en los decretos citados; a su vez se adecúan a lo que la autoridad sanitaria de la ONU ha establecido como Estado de emergencia sanitaria y medidas extraordinarias, responden a dos principios, el derecho humano a la salud y a su protección, tutela y garantía que establece la Constitución de la República mediante el ejercicio de facultades discrecionales controladas. El organismo multinacional dice que: Una emergencia sanitaria de preocupación internacional, también conocida como emergencia sanitaria internacional es una declaración formal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada, formulada cuando surge una situación que es «grave, repentina, inusual o inesperada, que conlleva implicaciones para la salud pública más allá de la frontera nacional del Estado afectado y puede requerir una acción internacional inmediata. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005, los Estados tienen el deber legal de responder con prontitud a un PHEIC.2
El Gobernador de Oaxaca como primera autoridad Sanitaria ha dado a conocer las medidas con las que cumple y concretiza los mandatos del Ejecutivo Federal para actividades no esenciales, las que son de orden general y deben sancionarse mediante la publicación del acuerdo relativo en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución de Oaxaca que le impone cumplir y hacer cumplir las disposiciones federales en este rubro.
Las consecuencias y efectos laborales, salarios, productividad y economía estimo que, si bien son relevantes, no están en este momento sobre, el derecho a la protección de la salud de todos los habitantes, pues los efectos negativos en estos rubros serán motivo de las acciones de apoyo que necesariamente tendrán que tomar los tres niveles de gobierno en paralelo o mitigada la pandemia y en su caso los tribunales competentes.
