Hoy toca hablar de un concepto negativo en el derecho electoral, de que es el “Sistema de no participación ciudadana”, que no es, en sentido estricto, una denominación jurídica estándar en México. Más bien, es una expresión doctrinal o descriptiva que puede utilizarse para referirse a un modelo institucional en el que la ciudadanía queda excluida, limitada o tiene una intervención meramente formal en las decisiones públicas. ¿Ya pertenecemos a este Sistema?
¿Qué significa? Podemos entenderlo como: Un sistema político-administrativo en el que las decisiones públicas se toman principalmente por las autoridades, sin mecanismos efectivos para que la ciudadanía intervenga, opine, controle, delibere o incida en ellas. Es, por tanto, el opuesto de un sistema de participación ciudadana.
¿Cómo se manifiesta? puede presentarse cuando: No existen mecanismos de consulta a la población: el Juicio Político es insufrible, inaplicable, fuera de todo derecho, ya que no es derecho efectivo que se cumpla, cualquiera puede faltarle el respeto a la Constitución en este rubro, solo un procedimiento de Juicio Político fue en Oaxaca contra un Gobernador, en que la Comisión Instructora, remitió el asunto al H. Congreso de la Unión por no ser efectivo regresaron el expediente y no se hizo nada en 2006 en Oaxaca.
Otra manifestación de un Sistema de No Participación Ciudadana, es que las autoridades no toman en consideración las opiniones ciudadanas., no existen más mecanismos de control constitucional para que el pueblo verifique o permita una reforma, una ley, un orden normativo, solo el derecho al veto a una ley o norma, lo tiene el Ejecutivo en sus manos, no el pueblo, sobre todo en un ”nuevo sistema transformador” donde el pueblo no opina, no vota sus leyes y no puede cambiar el sentido de las normas impuestas. (Plebiscito, referéndum, Revocación de Mandato, Consulta Popular, Cabildo Abierto, Asamblea Popular).
Otra manifestación de un Sistema de No Participación Ciudadana, es que se restringe el acceso a la información pública, han desaparecido las Instituciones de Transparencia de los Recursos Públicos, lo que permite robarle al erario público, no se han fortalecido las Auditorías, las instituciones de Transparencia, lo que permite que el gasto público sea penalizado directamente por las Fiscalías que tienen más poder que en anteriores años y esto permea el control del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes.
Otra manifestación más, es que la ciudadanía carece de mecanismos efectivos de vigilancia y control del gobierno, la Secretaria de Honestidad y Combate a la Corrupción, es insuficiente para vigilar los recursos públicos ejercidos por las instancias de gobierno de momento a momento, no hay leyes de control y vigilancia del gobierno que incidan en la población oaxaqueña que sean efectivas y verificables.
Otra manifestación es que las consultas o audiencias existen solamente de manera formal, pero sus resultados no tienen ninguna incidencia. Lo formal, lo escrito, se queda ahí en la congeladora del poder legislativo, la reforma a las leyes no se generan regularmente, no hay evolución del derecho ciudadano.
Además de otra manifestación que se da en la praxis, es que las decisiones públicas se concentran exclusivamente en las instituciones gubernamentales. No existe proyecto conjunto de gobierno con el pueblo, no se le pregunta si necesita un gran puente de doble piso, si precisa de jardines o no, si precisa o necesita de nuevas escuelas, panteones o de hospitales, si necesita de médicos o más servicios, todo es impuesto por el ala gobernante, no por consulta pública o popular el desarrollo de los pueblos.
Finalmente, si acudimos a otra manifestación de este Sistema de No Participación Ciudadana, vemos que se dificulta el ejercicio de derechos como petición, consulta, iniciativa ciudadana o participación comunitaria. Los candidatos a Diputados no tienen agenda de propuesta legislativa, llegando al cargo no atienden al grueso de la población y quienes ya tienen cargo de Senadores de la República, pretenden ser Presidentes Municipales sin terminar su encargo hasta 2017 como marca la Constitución Federal. Existe por ese solo hecho, de manifestarse como candidato a un nuevo cargo, sin terminar el anterior, un ejercicio indebido del cargo y violación al mandato Constitucional.
Desde el Derecho Constitucional, El concepto Sistema de No Participación Ciudadana, resulta particularmente interesante porque la democracia constitucional contemporánea no se limita al voto.
La participación ciudadana puede comprender: elecciones → consulta → deliberación → vigilancia → control → rendición de cuentas → incidencia en las decisiones públicas. Por eso, un Estado puede tener elecciones periódicas y, aun así, presentar déficits de participación ciudadana.
En México, el fundamento constitucional de la participación puede relacionarse, entre otros, con los artículos 1°, 6°, 8°, 9°, 26, 35, 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dependiendo del mecanismo concreto que se esté analizando. Una distinción importante que No conviene confundir: La No participación ciudadana que es igual a ausencia, exclusión o ineficacia de los mecanismos de intervención social. De la Participación ciudadana que es igual a la intervención organizada de las personas en los asuntos públicos.
Que la Participación política es igual a la intervención en la formación de la voluntad política, especialmente mediante elecciones, partidos, candidaturas y otros mecanismos. La Democracia participativa es igual al modelo que busca que la ciudadanía intervenga más allá del momento electoral.
Podremos afirmar que para el Derecho Constitucional, la Ciencia Política o Auditoría o la Rendición de Cuentas, se definiría así: El sistema de no participación ciudadana constituye una estructura de ejercicio del poder público caracterizada por la insuficiencia, restricción o ausencia de mecanismos efectivos mediante los cuales la ciudadanía pueda intervenir en la deliberación, vigilancia, control y evaluación de las decisiones gubernamentales, generando una separación entre el ejercicio institucional del poder y la voluntad social.
Que si la voluntad popular no es considerada, se traduciría en violación sistemática de los Derechos Humanos y fundacionales que la Constitución Ampara y Protege. Y hay una cuestión todavía más profunda: la no participación ciudadana puede convertirse en un problema constitucional cuando impide el ejercicio efectivo de derechos de participación, información, petición, deliberación y control democrático del poder.
