Legislar a tontas y a locas ha dejado consecuencias desastrosas a los diputados integrantes de la 64 legislatura del estado. Confirman su insignia como la Cámara más improductiva, onerosa y corrupta de las que haya tenido Oaxaca.
Apenas el mes pasado, desde la bancada Morenista surgió una iniciativa de reforma electoral que, en lo fundamental, proponía la elección de un gobernador por dos años, por única ocasión. El fin era empatar la elección local con la federal lo que significaba, además del orden en los días de votaciones, un ahorro económico significativo para el estado. Parecía una decisión sensata, pero ¿Qué creen? Al inicio de esta semana dijeron que siempre no. Dicha reforma claramente no convenía al partido Morena y aunque para Oaxaca resultaba benéfica, la mandaron a la congeladora.
OTRA CONTROVERSIA
Proponen reformas y luego se desdicen. Con esta simpleza “legislan” por lo que ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP) aprobó interponer controversia constitucional con el fin de, nuevamente, enmendarle la plana a estos “levantadedos” que, en una más de sus simplezas decidieron desaparecer a este instituto considerado instrumento esencial de la democracia.
El decreto lo aprobaron el pasado 14 de abril sin importarles acabar con una institución creada para obligar a la transparencia del gobierno. Tampoco reparan en dejar en la incertidumbre laboral a los comisionados y trabajadores de este organismo autónomo.
El IAIPO, por unanimidad, decidió interponer la controversia constitucional. Los comisionados argumentan que “hay elementos que pueden traicionar la interpretación del Sistema Nacional de Transparencia a partir de la autonomía y derecho de la permanencia de las instituciones creadas conforme a los procedimientos establecidos en el Artículo Sexto de nuestra Constitución”.
Además de que este “decretazo” pretende desaparecer una institución impulsada por el “Grupo Oaxaca” integrada por hombres y mujeres impulsores de la transparencia gubernamental, afecta los principios que regulan los ejercicios de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.
COMERCAM, DINERO SUCIO
Con la oportunidad que caracteriza a esta columna dije en anterior entrega que la disputa por el control del Consejo Regulador de la calidad del Mezcal (COMERCAM), se estaba enredando tanto que la Secretaría de Economía federal propuso una solución salomónica: ni uno ni otro de los malosos que pretenden controlarlo. Les informo que con esta condición están encauzando la solución del conflicto.
Además de la secretaria de economía Tatiana Clouthier, interviene la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) para investigar la mano negra de la delincuencia organizada en la industria del mezcal.
Es lo que se veía venir desde que el mafioso Hipócrates Nolasco pervirtió el COMERCAM al permitir prácticas de lavado de dinero que es lo que descubren trascendidos periodísticos.
Las medidas para devolver a este Consejo su legalidad, empezaron con la petición de mezcaleros bien intencionados al gobierno federal. Fueron los primeros en sugerir la decisión salomónica. Dicen:
“Nos referimos al conflicto por la directiva del Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal toda vez que tanto Juanito Martínez como Avelino Cohetero, en sus respectivas elecciones violaron el procedimiento estatutario por tener intereses comerciales en el sector, Juanito por ser productor de mezcal con su marca Casa Espadín y Avelino por ser maquilador con su empresa Sones. Ambos contendientes, no pueden ser directivos del Comercam, porque violan el Artículo 57 de la Ley de Infraestructura Industrial”.
Al final piden “negar la aprobación al Consejo Directivo encabezado por Juanito Martínez o Avelino Cohetero, hasta que los asociados del COMERCAM resolvamos en Asamblea General, lo que más nos convenga”.
GANANCIAS LEONINAS
El conflicto por el control de dicho Consejo ha escalado a nivel nacional y pone al descubierto intereses muy poderosos que han pervertido una industria que estaba empezando a catapultar la economía de magueyeros y mezcaleros.
Entre otros trascendidos en medios nacionales, encontré comentarios como este:
“A la sombra de sospechas, nos aseguran que al menos tres dependencias del Gobierno investigan la mano del crimen organizado en la producción, acopio y comercialización de mezcal en ocho estados del país que producen alrededor de siete millones de litros (de mezcal) y generan cerca de cinco mil 500 millones de pesos. La Secretarías de Economía, de Tatiana Clohutier, la de Hacienda, todavía bajo el mando de Arturo Herrera y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, investigan la red que la delincuencia organizada tiene para comprar litros de mezcal a 16 pesos, que llega a comercializar en 90 pesos y luego se vende en tiendas departamentales hasta en 4 y 10 mil pesos por litro.
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