Desde que aquel capo de la CTM que como líder de los transportistas manejaba temerarios grupos de choque y aquellos del sindicato Libertad que cometían todo tipo de fechorías con gran impunidad, fueron llevados a la cárcel, el gobernador Alejandro Murat confirmó su intolerancia ante poderes fácticos.
Esta decisión la reiteró la semana pasada en una declaración que, pocas veces, se le escucha a un gobernante. Dijo:
“Una cosa es querer ser líder sindical y otra tener negociaciones con el gobierno con la bala sobre la mesa para presionar. Así era antes, pero a todos esos liderazgos los he detenido, están en la cárcel porque eso se llama delincuencia organizada. Una cosa es defender derechos laborales, eso es válido, pero no con amenazas y acciones fuera de la ley”
“Mi gobierno dialoga y ofrece respeto. Vale sentarse a la mesa para encontrar una ruta y el Gobierno lo que hace es mediar entre las empresas privadas para lograr acuerdos con las diferentes organizaciones de trabajadores y sus dirigentes sindicales”.
Esta declaración la hizo Alejandro Murat en referencia a presiones que ejercen algunos líderes de organizaciones que retrasan obras y proyectos. En este momento, dijo, “ocurre en Mogoñé donde estamos dialogando para que las obras, como las supercarreteras, no se detengan. Todos los días dialogamos, trabajamos para que no paren las obras. Los planes de este año es que se termine el Interoceánico en su primera etapa, que se inaugure la carretera de la costa, que la carretera del Istmo se concluya en sus primeros 180 kilómetros. El resto, que son algunos puentes. se estarían inaugurando el primer semestre del 2023. Otros proyectos como el Centro Cultural, el Centro de Congresos y Circuito Interior van caminando. Todo esto genera empleos que es el principal objetivo y la marcha de la economía ya se refleja en los indicadores”, reiteró.
Dado que en política nada es casual, me llama la atención que esta crítica contra dirigentes sindicales voraces, la haga el gobernador en momentos en que dos grupos que manejan el STEUABJO (sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad) de la manera más desaseada se estén disputando los restos de esta organización cuyos capos Julio Mora y Ariel Pérez, con sus respectivos activistas, la tengan reducida a un grupo cuasi criminal donde se trafican plazas al mejor postor.
Como botón de muestra les comento que a esta columna ha llegado copia de las diligencias que ha iniciado la Fiscalía contra el “maestro” Alberto Felipe Nazario y su mamá Susana Nazario Lucina. Ofrecieron a Rubí Lavariega Hernández una plaza del STEUABJO que está dejando doña Susana. La transacción sería por 220 mil pesos además de una serie de depósitos bancarios que la víctima ha hecho en fechas diferentes desde el año 2020. La denuncia judicial la presentó Rubí porque además de haber entregado tanto dinero, la plaza laboral no se la han entregado.
Este es un botón de muestra del gran negocio que significa el STEUABJO y explica le actitud cuasi delincuencial de los que, en este momento y al calor de las movilizaciones para la libertad del ex Rector motejado “Chapito”, accionan bloqueo de calles, secuestro de oficinas universitarias y todo tipo de vandalismo.
EL SALTO DEL CHAPULÍN
Los métodos que utilizan capos de la delincuencia organizada para controlar a sus adversarios, son similares a los que Julio Mora y Ariel Pérez manejan en “su” sindicato.
Así quedó claro en mi entrega del 2 de marzo del 2020, en mi relato “Los Ganones”.
El pasado fin de semana, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca entregó al sindicato en huelga, 50 propuestas de plazas laborales para terminar el conflicto. Dichos ofrecimientos no los recibieron los sindicalizados sino los que operan la huelga como Julio Mora, Gustavo Avendaño, Ariel Pérez Luján y sus titiriteros.
Continuando con los relatos del libro “La Familia Real” que describe la gran corrupción que han prohijado los sucesivos Rectores, hoy menciono actos sospechosos de algunas empresas de outsourcing al servicio de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Dice:
La Auditoría Superior de Hacienda, en su revisión 690 con fecha 8 de abril de 2015, con relación a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, señala en relación con el proveedor Taxx Answers que “la contratación del servicio se realizó por medio de adjudicación directa, sin presentar evidencia documental que asegure haber obtenido las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; el contrato celebrado no contiene los requisitos mínimos que establece la normativa aplicable toda vez que no describe la autorización del presupuesto para ser erogado en este servicio, el importe del contrato, el producto o servicio a entregar, al tratarse de un servicio. No se especifica la utilidad que obtendrá el proveedor; asimismo, el contrato fue formalizado el 17 de mayo de 2012 con periodo de ejecución del 16 de mayo al 31 de diciembre de 2012, por lo que no se cuenta con evidencia de la formalización de un compromiso o la obligación de la prestación de un servicio ni el pago”. Continuamos.
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