Lester y las lluvias más recientes reportadas por nuestros compañeros periodistas de la Costa han dejado una serie de daños en comunidades oaxaqueñas, la mayoría colindantes con el estado de Guerrero; cortes carreteros, desbordamiento de ríos, viviendas afectadas, comunidades aisladas y, como aconteció con el paso del huracán Agatha, inacción de autoridades de Protección Civil federal y estatal.
En los próximos días iremos conociendo la magnitud del desastre que ya vislumbramos con los deslaves carreteros y los derrumbes. A ello debemos agregar un factor que agrava la situación y el desamparo: la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) que, debemos reconocer de tenía una muy lenta e inoportuna respuesta, burocrática atención y, sin duda, saqueos; sin embargo, atendía este tipo de problemas causados por la naturaleza, pero ahora, ni eso.
Leemos que los recursos de todos esos fideicomisos desaparecidos por el gobierno de la 4T han ido a parar, en gran medida, a la construcción del Tren Maya, esa obra faraónica que está ocasionando un ecocidio de grandes magnitudes en la península de Yucatán, a costa de la desprotección de damnificados o afectados directamente por fenómenos naturales.
El paso de Agatha, el gobierno federal “lo resolvió” realizando un censo “mochos” que desencadenó inconformidades por afectados y presidentes municipales costeños como Josué Silva, de Pluma Hidalgo, Samy Pineda, de Pochutla. Los censos los realizaron los Servidores de la Nación, traídos de otras entidades, desconocedores de la orografía de Oaxaca, dejaron sin inscribir a múltiples afectados.
Tras las inconformidades, se pedía un segundo padrón, pero fue negado por la delegación de Bienestar, de la superpoderosa Nancy Ortiz. Mucho dinero se entregó también a presidentes municipales, lo cual también desató inconformidades y acusaciones de corrupción.
Los perdedores de todo ello fueron los damnificados. La historia esta vez no parece ser diferente.
Lo cierto es que, sin el Fonden, sin el “guardadito” que esto representaba para afrontar desastres naturales, pues priva la incertidumbre.
Nadie ha mostrado empatía con afectados, ni siquiera se ha programado una visita a la zona. Nadie vislumbra un plan de atención, a pesar de los daños; el gobernador, la responsable Laura Velázquez Alzúa, de Protección Civil Federal, de mala actuación en la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila.
La protección civil nunca fue una prioridad para el gobierno estatal. Por ahí han pasado Heliodoro Díaz Escárraga, Óscar Valencia y Luna Hernández, con más pena que gloria.
FECHAS CLAVE
Al menos tres fechas claves en el calendario cívico restan al gobierno muratista: el 1 de noviembre, referente a los Fieles difuntos; aunque menor, el 20 de noviembre, por los festejos del aniversario de la Revolución Mexicana y, sobre todo, el 1 de diciembre, correspondiente a cambio de gobierno.
¿Por qué la importancia? Recién lo vimos con las movilizaciones de membretes políticos escudados en “organizaciones sociales” que pusieron de cabeza a la entidad aprovechando los festejos por la Independencia de México. Nada ha quedado claro de cuánto costó a la ciudadanía “resolver” estos problemas. Sin embargo, si el actual gobierno incumple con los compromisos adquiridos en esta última ocasión o con anterioridad con estos u otros grupos de presión, la transición podría convertirse en una de las más convulsas de los últimos sexenios, sin considerar lo sucedido en 2006.
Los grupos sociales tienen un calendario con el cual saben que pueden arrinconar a los gobiernos permisivos, acostumbrados a “negociar” con la cartera en la mano vía recursos, que no les pertenecen, pero con los cuales acallan inconformidades o compran voluntades.
El 1 de noviembre, fecha eminentemente turística y de gran atractivo para visitantes, junto con festividades de la Guelaguetza o fin de año, sin citas clave para el turismo y, por ende, de gran atractivo para quienes tienen en la industria del chantaje su modus vivendi. Se cruza también, pero en menor medida, las festividades del 20 de noviembre, que será un fin de semana y, la última semana de noviembre, previo a la transición de poderes.
Otra vez, quizá la última, prueba para el convulso gobierno muratista, que tendrá que echar mano de todas las capacidades de sus funcionarios, si las hay, para contener una previsible ola de protestas, léase nueva demanda de recursos para “obras sociales, comunidades y apoyos”.
Bajo esa dinámica e hipótesis de trabajo, la Noche de Rábanos y fin de año, entonces, se convertirán en la primera prueba de fuego que deberá sortear el próximo gobierno del gobernador electo, Salomón Jara frente a las organizaciones sociales, muchas de ellas del mismo signo político de donde proviene.
La solución de este enredo, sin duda, marcará el rumbo para los próximos 6 años.
