SON LAS PALABRAS de un indignado padre de familia, quien denuncia que a los aproximadamente 700 alumnos que concluyen sus estudios en el plantel 01 del COBAO (Pueblo Nuevo), se les pretende obligar a pagar una cuota de 400 pesos por concepto de la ceremonia de graduación.
ES UNA IMPOSICIÓN que, a decir de mi interlocutor, brotó del libre albedrío del subdirector académico, Juan Víctor López, quien en lugar de enfocarse en elevar la calidad educativa de la institución, parece más ocupado en manipular a determinados jefes de grupo. Con el apoyo de estos, busca sangrar los bolsillos de los alumnos sin consultar previamente a los tutores, todo ello bajo la sombra de la sospecha y con la flagrante anuencia -o contubernio- de la directora del plantel, Aribel Jeanett Guzmán.
CLARO QUE HUBO quienes alzaron la voz y protestaron con toda razón. ¿A poco una simple ceremonia protocolaria puede costar casi 300 mil pesos?
LA RESPUESTA de las autoridades escolares ante un grupo de alumnos que se negaba a pagar fue una abierta amenaza: “Si no cooperan, se les entregarán sus documentos en un día distinto y posterior a la ceremonia de graduación”. Hablaban específicamente de la constancia de buena conducta, dado que el certificado oficial siempre se entrega después.
A DECIR DEL PADRE referido, este chantaje encendió los ánimos de los educandos. Ante la presión, al subdirector no le quedó de otra que convocar a una asamblea con los padres de familia, encuentro en el que los directivos se llevaron un tremendo chasco al intentar convencerlos de una cuota que, desde su origen, nació de la imposición.
MUCHOS PADRES inquirían con dureza: ¿Por qué los directivos de la institución no se limitan a cumplir con lo que realmente les corresponde, que es la educación? ¿Por qué se empeñan en vulnerar los derechos humanos plasmados en el artículo 3ro Constitucional de nuestra Carta Magna, que garantiza la gratuidad de la educación?
ALGO QUE TERMINÓ por desconcertar a los tutores fue el dato que emergió tras indagar sobre la cooperación que, por el mismo acto de graduación, dieron el año pasado: el cobro fue de 100 pesos. Vaya que estos directivos saben aplicar muy bien los efectos de la inflación a la hora de recetar el sangrado a bachilleres.
EL SALTO DEL CHAPULÍN
VAYA CUESTIONADA la que recibió el secretario de (Des)gobierno de Oaxaca, JESÚS ROMERO, durante la entrevista que concedió al periodista LUIS CÁRDENAS.
EL COMUNICADOR fue directo al grano: ¿Qué están haciendo? Esto ante el crudo panorama de que en la entidad impera la dominación de grupos criminales, el cobro de derecho de piso y un posicionamiento clave en delitos de extorsión y trata de personas.
EL “FLAMANTE” secretario se limitó a responder con justificaciones absurdas, argumentando que la violencia no es un asunto local ni nacional, sino un fenómeno mundial, y que por lo tanto nuestra entidad no puede estar exenta de padecerla en muchas de sus regiones. Casi catalogando a la violencia como algo natural.
OSÓ DECIR, además, que la percepción de la violencia está “sobredimensionada” por sus adversarios políticos. Con total ligereza, invitó al periodista a visitar Oaxaca y caminar por sus calles de noche para constatar que “aquí no pasa nada”, presumiendo cínicamente que “hoy ya solo ocurren 2 homicidios diarios, cuando antes eran 4 o 5”.
CÁRDENAS LE REVIRÓ de inmediato: “El sol no se tapa con declaraciones, secretario… hace apenas dos meses hubo un ataque armado en pleno Juchitán que cobró la vida de tres personas, incluido David López Valdivieso, hijo de un propio subsecretario de Gobierno. ¿Y me dice que ya todo acabó en dos meses?”. ROMERO solo atinó a balbucear: “Pero vamos avanzando”.
CLARO, SECRETARIO. A usted no le va a pasar nada; no le van a quitar el celular en un asalto de esquina ni le tocará que le secuestren a una hija a plena luz del día. Usted y su familia viajan blindados y cuentan con escolta personal, pero el ciudadano común y corriente camina en el desamparo.
ES MÁS, la terca realidad nos dice que muchos de los que sufren robos o extorsiones deciden no reportarlo a la policía, y mucho menos acuden al Ministerio Público a interponer una demanda. Primero, porque saben que el trámite no arrojará ningún resultado positivo; y segundo, porque el miedo impera: muchos afectados temen, fundadamente, que las propias instituciones estén al servicio del crimen organizado.
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