No es una novedad decir que Oaxaca es un estado pionero en la generación de energías limpias. La operación de 28 parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec y el proyecto de construir 5 más, da cuenta de la importancia del rico potencial de viento que tiene la entidad. Actualmente dicha energía renovable representa un porcentaje importante de la que se genera a nivel nacional. Sin embargo, como lo hemos abordado en ocasiones anteriores, en el llamado gobierno de la Cuarta Transformación existe una oposición abierta a todo lo que representan dichas energías. En contra de los acuerdos internacionales que ha suscrito México para hacer frente al cambio climático y el llamado “efecto invernadero”, promoviendo la generación de energía eólica o fotovoltaica, un simple comentario burdo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo al pasar por La Rumorosa, que “esos ventiladores afeaban el paisaje”, desató una escalada de trampas legales y campañas de descrédito.
La dupla: Secretaría de Energía (Sener) y su titular, Rocío Nahle y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo del corrupto octogenario, Manuel Bartlett, ha buscado por todos los medios retornar a la generación de energía sucia, para favorecer la vuelta al monopolio que hasta 2013 tuvo la citada paraestatal. Es decir, retroceder al uso del carbón mineral y derivados del petróleo, poniendo al país ante el mundo, como una nación atrasada desde el punto de vista de la protección al medio ambiente. Para ello, han buscado una y mil formas amañadas para apretar a las empresas, tanto nacionales como extranjeras asentadas en México, con acuerdos, decretos y tarifas, de tal manera que ya les sea poco rentable mantener las plantas en operación.
Por fortuna, el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha asumido su papel de poder autónomo y ha dado palo a todos los obstáculos que han impuesto las dos dependencias y sus personeros antes citados, dejando insubsistente el llamado “Decreto Nahle”, por medio del cual se pretendieron imponer nuevas reglas de operación, para que las empresas generadoras de energías limpias, tuvieran obstáculos para poder conectarse al Sistema Eléctrico Nacional. Por lo pronto, ello representa un respiro a las empresas que operan en territorio estatal.
¿Abandono de la Federación?
Los apologistas de la buena relación entre el gobierno de Alejandro Murat y el gobierno federal puede decir lo contrario, pero como dice el refrán popular, “lo que es visto no es juzgado”. En este espacio hemos sostenido la tesis de que los viajes del presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, que han sido al menos 15 desde que inició su gestión, han sido más de promoción política que para cubrir una agenda de trabajo. La muestra de que esa buena relación no existe es la insensibilidad de la figura presidencial ante la tragedia que viven miles de oaxaqueños afectados por el sismo de 7.4 grados, del pasado 23 de junio. El presidente ni siquiera ha comisionado a algún miembro de su gabinete para tener presencia en la zona de desastre. Es más, ni siquiera el Coordinador Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, hay una inédita apatía por lo que pasan los mexicanos en desgracia. No hay sentido común. No hay vocación de servicio ni, mucho menos, aquella figura retórica de “gobernar para todos”.
De nueva cuenta pues, el gobierno estatal tendrá que echar mano de sus propios medios, amén de las minucias que otorgará el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para más de 170 municipios y que, todo mundo sabe, serán insuficientes para paliar, menos para solventar del todo, precisamente porque bajo la perspectiva inquisidora del gobierno de AMLO, los recursos que pudieran ser canalizados de manera adicional, no llegarán a los destinatarios, sino que habrán de propiciar corrupción. La mala fama que tenemos sigue permeando. Sin embargo, a lo que vamos es a lo siguiente. Aún en los gobiernos conservadores como se les gusta llamar hoy en día, lo mínimo que podía hacer un presidente de México es llegar a la zona siniestrada y darles a los damnificados el apoyo moral de la Federación.
La realidad es que, de nueva cuenta, el gobierno de Murat Hinojosa está solo y haciendo frente con sus propios medios a la tragedia de miles de oaxaqueños que perdieron su patrimonio y al menos diez, la vida. Sin embargo, el proyecto presidencial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), no se puede detener, igual que el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, por encima de la desgracia. Es una muestra de la frialdad, de la insensibilidad de un gobierno que llegó con un gran apoyo popular que, hasta la semana pasada, había perdido a nivel inédito su popularidad.
