ANA MARÍA SOLEDAD CRUZ VASCONCELOS
La división de poderes en México es un principio fundamental de su sistema político y representa un pilar esencial para la democracia. Este principio se basa en la distribución del Supremo Poder de la Federación en tres ramas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Como todos sabemos se dividen en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
1. Poder Ejecutivo: Su titular es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, elegido mediante voto universal, secreto y directo cada seis años y sin posibilidad de reelección. El Poder Ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de país con base en la constitución y las leyes.
2. Poder Legislativo: Este poder se deposita en el Congreso de la Unión, el cual se encuentra dividido en dos cámaras: una de diputados y la otra de senadores. Este órgano se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República Mexicana.
3. Poder Judicial: Este poder garantiza el cumplimiento legal bajo la égida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo otros órganos judiciales como el Tribunal Electoral y los Juzgados de Distrito
Esta estructura de gobierno permite el juego de la democracia, que un poder no se encuentre por encima del otro. La división de poderes es esencial para evitar la centralización y permitir una función separada y armónica del gobierno. En México, la autonomía de los poderes y su colaboración mutua fortalecen la democracia y resguardan la igualdad. Esta división también contribuye a una convivencia pacífica y justa entre los miembros de la sociedad. De tal manera que los Órganos Constitucionales Autónomos ha jugado un papel crucial en el desarrollo de nuestra democracia.
Los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA) surgieron en México en la década de 1990. Estos órganos son producto de una evolución en la estructura clásica de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ya que no se encuentran adscritos a ninguno de ellos, pero, aun así, los OCAs siguen formando parte del Estado.
En cuanto a su significado para la democracia mexicana, los OCAs representan un conjunto de instituciones públicas constituidas al margen de los tres poderes de la Unión (legislativo, ejecutivo y judicial) en los que se deposita el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, ubicándolos en una condición de igualdad jurídica frente al resto y con una relación de coordinación y control.
Estos órganos ejercen funciones relevantes del gobierno y su creación respondió a la necesidad de sistemas imparciales, en los que ninguno de los tres poderes fueran juez y parte para el manejo, entre otras, del sistema monetario, las elecciones, la medición de las políticas públicas en materia económica, la transparencia, el acceso a la información pública, los derechos humanos, las telecomunicaciones, la procuración de justicia y la competencia económica.
