Este fin de semana se llevó a cabo la Cuarta Asamblea de la CONATRIB.
Los presidentes y presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de todo México se reunieron en el Antiguo Palacio de Justicia deMichoacán en Morelia.
Durante 8 horas discutieron en torno a 15 puntos de la orden del día que tuvieron que ver con los temas más sensibles de la justicia local en el país.
Y es que poco se habla de que los poderes judiciales locales y federal tienen distinta naturaleza, funciones, diseño y dinámica.
En el diseño institucional desde la constitución y en el sistema político mexicano los poderes federales parecen preponderar, pero la realidad es que el 70 por ciento de los problemas que la gente lleva a tribunales se solucionan en los poderes judiciales de los estados, incluido el de Oaxaca.
Poco se habla también de que la gobernabilidad de México depende preponderantemente de las instituciones municipales y estatales y son los jueces y magistrados de las entidades federativas los que contienen y gestionan la conflictiva del día a día.
De las decisiones de jueces y magistrados locales depende la paz social y la gobernabilidad.
Por eso México requiere poderes judiciales locales estables, ordenados y coordinados en su interior. Independientes pero cohesionados.
Sobre eso verso la discusión final de los presientes de todos los poderes judiciales del país.
El nuevo diseño que trajo la reforma judicial no tomó en cuenta que las lógicas de los poderes judiciales federal y locales es diferente.
El origen de los “problemas” que originaron la reforma nunca fue local. Los poderes judiciales de los estados, antes que reforma, necesitaban fortalecimiento.
Hoy se tiene que replantear el método para lograr lo que la reforma pretendió. Porque en la realidad le trajo al Estado Mexicano un distorsión en el diseño político.
Pasamos de tener tres poderes a cinco: ejecutivo, legislativo, presidentes de los poderes judiciales, órganos de administración y tribunales de disciplina judicial.
La experiencia, que se ha hecho pública, en estados como Ciudad de México, Durango, Colima y Veracruz ha exhibido este terrible error de diseño que no ha podido ni podrá corregirse desde las leyes. Porque tiene que ver con el poder y con la naturaleza humana.
Con este diseño, la justicia se ralentiza aún más y los poderes judiciales tienen que resolver antes sus choques internos, que su función constitucional de impartir justicia.
Si lo que se requiere son poderes judiciales mejor administrados y vigilados, hay otros caminos.
Dividir el poder dentro de un poder sigue siendo una mala ocurrencia que empiezan a padecer la federación, los estados y los propios justiciables con una nueva burocracia y nuevas parcelas de poder que se comienzan a cuidar como feudos.
¿Que se gana dividiendo la capacidad de decidir dentro de los poderes judiciales? Muy poco o nada.
¿Qué se pierde? Mucho. Comenzando por la estabilidad y unidad de coordinación que la atención pronta y diligente de, por ejemplo, la nueva realidad de la criminalidad en Oaxaca, requiere.
Constitucionalmente nada impide que presidencias de los tribunales superiores y órganos de administración, por lo menos, se concentren en una misma persona. Lo ha impedido ¡la propia Suprema Corte! en una interpretación bastante cuestionable del artículo 116 constitucional en las acciones de inconstitucionalidad 96, 99 y 100 de 2025.
En Veracruz, la vida se les está yendo entre la decisión de su Tribunal de Disciplina Judicial de someter a evaluación a la Presidenta de su Tribunal Superior de Justicia y la decisión de esta a resistirse e impugnar.
Ningún estado de los que ya tienen sus tres órganos integrados ha tenido lo que podría llamarse experiencias exitosas. Todo ha sido pleito a muerte.
Al final la realidad siempre se impone y quienes habrán de tomar la decisión de partir en tres el poder judicial de su estado tendrán que pensarlo tres veces antes de dar el paso que será al vacío.
Hay que ver cómo los vecinos están cortando sus barbas para no poner ni a remojar las nuestras.
Pero ¡que se abra la discusión!
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca






























