La lección de los hechos lamentables de Torreón, Coahuila, en donde un menor de edad ingresó a la escuela con un arma de fuego, disparó a su maestra y compañeros, para después suicidarse, debe servir como lección para prevenir en Oaxaca hechos tan dolorosos como el que mencionamos. Y es que, sin dar más detalles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), que hace algunos años puso en marcha el operativo “Mochila Segura”, simplemente lo desmanteló. Como lo publicamos en nuestra nota principal del pasado domingo, se aplicó en 2019, peso sólo en ocho escuelas. La situación es que el gremio sindical de la S-22 se opone por sistema a todo. Además de la resistencia de los padres de familia, con el argumento de que se violan los derechos de los niños (as).
La experiencia de Torreón advierte el serio peligro de que, hechos como éste, aunado al manejo de programas de contenido violento y el uso indiscriminado de internet en casa, puedan hacer un cóctel letal para los niños (as) y jóvenes. Si bien es cierto que a nadie le agrada que le revisen sus cosas, menos a los menores y adolescentes que les esculquen la mochila, sin duda es un instrumento idóneo para evitar que lleven droga o armas de fuego a la escuela. La directiva de la institución en donde se dieron los hechos en la zona de La Laguna, se deslindó al dar a conocer que fueron los padres y madres de familia los que rechazaron el operativo “Mochila Segura”. El oficio circuló profusamente en redes sociales. Hoy, aquellos que se negaron se dan de topes en la pared, ante un mecanismo de prevención que pudo evitar la tragedia y lo que la misma trajo consigo.
Es pues una buena oportunidad para que se establezca la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), la Policía Estatal, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección 22, para poner en marcha de nueva cuenta el programa operativo “Mochila Segura. Las condiciones de violencia que vive el país, de las cuales el estado no ha estado a salvo, exigen de medidas enérgicas para otorgar seguridad a las escuelas. Además de ello, hay que destacar que se dejaron de hacer los operativos que se instrumentaban afuera de las escuelas de primaria, secundaria y preparatoria, que inhibían la venta de droga. El descuido y soslayo de las autoridades ha sido bien aprovechado por los mañosos.
Sindicatos e impunidad
Uno de los ejes de la inseguridad en Oaxaca son los sindicatos del transporte. Hoy en día nadie tiene la facultad personal de llevar a cabo una obra de construcción, sin que ello signifique conflicto y violencia entre aquellos que se asumen los propietarios de todo lo que concierne al acarreo de materiales pétreos: los sindicatos del transporte. Sus ramificaciones son símbolo de ilegalidad, pues también tienen el control cuasi absoluto de taxis y moto-taxis, no sólo con permisos y concesiones, sino, asimismo, los que operan de forma pirata. Anteriormente eran sólo algunos gremios, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la CROC, entre otras, pero en los últimos años aparecieron más, como la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), el Sindicato Libertad u otra de reciente cuño, pero particularmente violenta: la Confederación de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que se ha metido en la entidad, a balazos y catorrazos.
En los primeros días del año, sicarios –que no trabajadores- afiliados a dicho sindicato, propiciaron una balacera y luego persecución en jurisdicción de Santa Cruz Amilpas. Luego del operativo policial para detener a los actores de la balacera, en donde una mujer de la tercera edad y su nieta resultaron lesionadas por disparo de arma de fuego, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en un domicilio, en donde no sólo aseguraron vehículos con reporte de robo, con los números de serie limados, sino además animales en cautiverio, cuyo manejo está tipificado como delito en la legislación ambiental del país. Algunas de las especies que había en el domicilio cateado son: un cocodrilo, un puma, un búho y un pavorreal.
La certeza de que dichos gremios deben pasarse por el rasero de la ley, es una demanda ciudadana. Es inconcebible que por el conflicto que genera la concesión de una obra determinada de construcción, se ponga en riesgo la vida de personas inocentes que quedan en medio de balaceras. El recuento de enfrentamientos con sus muertos y heridos no debe ser causa de omisión gubernamental sino de acciones enérgicas en contra de aquellos que manejan a dichos sindicatos. Lo que ha llamado la atención es la impunidad y tolerancia que se ha tenido con CATEM, como antaño las hubo con la CTM y Libertad. Lo hemos dicho hasta el cansancio: los sindicatos del transporte son hoy en día un serio asunto de seguridad estatal y de estabilidad política. Hay que meterlos al aro de la ley.
