Los poderes fundamentales del sistema mexicano tienen como esencia mantener, conforme dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el equilibrio de su ejercicio desglosado y dividido con el otorgamiento de facultades para ejercer esa actividad fundamental, de mandar y obedecer, bajo formas específicamente diseñadas que delimitan las actividades que cada una de ellos tiene a su cargo delimitado por el respeto a los Derechos Humanos del gobernado.
Lo que conocemos y oímos cotidianamente, como la división de poderes que ejercen, en representación de la voluntad originaria del pueblo, que despliegan los miembros del congreso de la unión, el presidente de la república y los juzgadores de acuerdo a las atribuciones o quehaceres que cada uno tiene, mimos que elegimos periódicamente, bajo un supuesto ideal que denominamos democracia y voto libre, con excepción de los integrantes del Poder Judicial Federal.
La cuestión democrática materializada en elegir libremente gobernantes, está en una etapa de crisis constitucional en México que requiere de un análisis profundo por parte del ciudadano común para definir qué rumbo debe darse a tema electoral, el del acotamiento regresivo que se aprecia se pretende con el Plan B que conlleva devolver al gobierno cierto control del ejercicio del voto libre o, el de mantener y avanzar en sentido progresivo.
De ahí la relevancia de la división del ejercicio del poder, pues el tema electoral, en cuanto a su instrumentación posiblemente regresiva y opresiva, está en manos de los poderes legislativo y ejecutivo federales y hecho efectiva con la publicación del plan B, defendido por los integrantes de esos dos poderes de manera mayoritaria y agresiva, frente a un INE y una minoría legislativa que la impugna institucionalmente.
A reserva de profundizar sobre este asunto trascendental, me parece que dicho plan es notoriamente regresivo en su finalidad y contrario al principio de progresividad de los derechos políticos tutelado, protegido y garantizado por el artículo 1º Constitucional.
Corresponde dilucidar el tema constitucional y la suspensión de la aplicación de la ley al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial Federal, cuyos integrantes no son electos por el voto ciudadano, sino designados por los poderes ejecutivo y legislativo federales, mediante un procedimiento diseñado originalmente para mantener el control del ejercicio de su función de regulador constitucional de lo que hacen los legisladores y el presidente en el ámbito federal y que, la pluralidad política y su reforma constitucional trascendió a su composición y su calidad fundamental de ser el instrumento de mantener la Constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes.
En Oaxaca, el esquema federal se reproduce, con modalidades, este esquema del poder dividido en su ejercicio. Por ello me llamó la atención que el pasado viernes se llevó a cabo un acto en el palacio de gobierno que representa, al menos en la forma y datos difundidos, una muestra de lo que debe ser la relación y comunicación institucional de los poderes que contrasta con la estrategia agresiva, inconstitucional y violenta del Poder Ejecutivo Federal contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta Norma Piña.
La reunión en Oaxaca es un gesto público del ejecutivo de su respeto hacia las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado que me parece indicativo de que evitará en lo sucesivo el abuso desmedido y ostentoso que efectuó Consejero Jurídico del gobierno pasado para someter a un poder mediante el nombramiento de magistrados a modo, lo cual parece ser un signo de que se evitará el atropello de los derechos adquiridos por las magistradas y magistrados en funciones.
Me informan que la reunión fue cómoda dentro de las formas oficiales, el gobernador trató cordialmente a las magistradas y magistrados asistentes, con la nota de que dos integrantes no asistieron al evento. El gobernador, su consejero y secretario general lo acompañaron en esta seña oficial de una relación institucional que da un giro que debe reflejarse y mantenerse en lo relativo a la ratificación y designación de sus integrantes que inhiba los abusos del pasado gobierno y de su consejero jurídico.
Resalta que a este evento asistió una magistrada que acaba de obtener la protección de la justicia federal para el efecto de que se le tenga por ratificada tácitamente, a lo que tiene derecho constitucional, y es de esperarse que en este caso, la consejería jurídica y el poder legislativo asuman ese mandato y en congruencia encabecen la reforma constitucional y legal local que acote la relación del Poder Judicial del Estado con los otros poderes, en el plano institucional y de no afectación de su independencia y autonomía constitucionalmente garantizada.
Me parece que el acto del viernes puede ser un elemento que permita fijar ese parámetro. El Ejecutivo colaborando con el Judicial a fin de que tenga instalaciones adecuadas para su actividad en los distritos y la capital; incremento de percepciones del personal de primera instancia en el orden presupuestal, material y medios de comunicación electrónica; suprimir las injerencias y candados legales que limitan la independencia de magistradas, magistrados, jueces, secretarios y actuarios y la prioridad de la carrera profesional para ascender.
Es una esperanza que la voluntad política del Gobernador Salomón Jara se traduzca en resultados tangibles y objetivos de auspiciar un mejoramiento efectivo en la administración de justicia que, aun dentro, de la austeridad prevaleciente, es prioritario impulsar una justicia igualitaria para los Oaxaqueños que hoy no alcanza el objetivo constitucional previsto en el artículo 17 constitucional. Ese es un reto local.
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