El jueves 18 de abril tuvo lugar en esta ciudad el Encuentro Nacional que, por regiones, ha convocado el Poder Judicial de la Federación la Suprema Corte, por conducto de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Se destaca que se trata de uno de los mayores ejercicios de consulta y de escucha a profundidad sobre seguridad y justicia realizado en el país, del que se obtengan propuestas concretas en las que se planteen estrategias y acciones de manera plural con las diversas visiones que inciden en estos rubros, como lo es la sociedad civil y, las personas usuarias del sistema de seguridad y justicia, con base en las competencias y responsabilidades de cada autoridad e institución que tienen a cargo esas atribuciones.
Busca este esfuerzo de participación democrática no solo hacer efectivo y eficaz el derecho a ser consultados los individuos, organizaciones, colectivos y autoridades involucrados en la operación de las instituciones que tienen que ver con el derecho de acceso a la seguridad sino también para que, en un espacio de reflexión plural expresada con libertad se opine acerca la localización, los problemas prioritarios de seguridad y justicia, que motiven políticas públicas acción para su solución, conjuntadas y armonizadas de manera congruente y con certeza jurídica derivadas de una Agenda Nacional de Seguridad y Justicia que atienda los indudables problemas en estas materias.
Los encuentros, señala la invitación, constan de cuatro etapas con sus respectivas directrices: Puntualizar el problema detectado y llevarlo a una escala que esté dentro del campo de acción de quien lo define; Analizar la razón del porqué el problema aún no ha sido resuelto; Identificar claramente a todas las personas afectadas; y Precisar con mayor exactitud el problema con evidencia y datos. Los ejes temáticos y mesas de trabajo son: 1: Acceso a los servicios legales. Mesas de trabajo: Los derechos de las personas y la forma de conocerlos: Personas abogadas y servicios legales que faciliten el acceso a la justicia; Servicios legales para comunidades y grupos prioritarios; 2: Seguridad y justicia. Seguridad pública y protección de derechos; 3: Sistema nacional de impartición de justicia; 4: Justicia y rendición de cuentas.
Inauguró el encuentro el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien resaltó la importancia de la participación y la necesidad de la participación comunitaria para alcanzar los objetivos del esfuerzo, cuyos resultados se harán públicos en fecha próxima una vez que concluya el último encuentro. En Oaxaca, el encuentro tuvo una respuesta positiva entre los diversos sectores oficiales y privados.
En mi opinión, estos encuentros se sustenta en los dispuesto por los artículos 1º, 17 y 133 de la Constitución para hacer realidad el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial privilegiando la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, tanto en lo individual como en lo colectivo, incluyendo los mecanismos alternativos de solución de controversias; que se haga efectiva y real no deformada la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
En el artículo titulado El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre derechos humanos Don Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, introduce el tema del acceso a la justicia como una necesidad cotidiana y común que reflexiona sobre el derecho formal y el derecho alternativo que de manera congruente corresponda a las expectativas de ser eficaz, oportuna y suficiente. Caracteriza el derecho al acceso a la justicia como un proyecto de rango constitucional y como hecho que reviste al menos tres dimensiones: el acceso formal, el acceso material y el acceso a la justicia preventivo o de carácter cautelar. Concebido a partir de estas dimensiones, el acceso a la justicia trasciende la dimensión filosófica de los derechos y nos sitúa ante un problema político que articula la legalidad y la jurisdiccionalidad: la exigibilidad de los derechos reconocidos; tanto en el derecho interno como en el internacional deben salvar una serie de obstáculos e inconvenientes para hacer realidad la garantía de acceso del ser humano a la justicia.
Me parece que los resultados serán un ingrediente que fortalezca e impulse una revisión de la seguridad y justicia imperante que siguen siendo un anhelo por alcanzar como es, legitimar el sistema institucional del país en el ejercicio de sus facultades de cara al gobernado mediante su práctica efectivas y eficaces en el orden de la protección de sus derechos humanos, el equilibrio del ejercicio del poder, y aproximar a México a su aspiración constitucional de su pueblo, ser un Estado Democrático de Derecho formal y materialmente
Eduardo J. Couture señala en los mandamientos del Abogado “Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.” En nuestra realidad agregaríamos, no hay seguridad pública, como marco general de este postulado, por lo tanto, se actualizan los aspectos negativos que señala Couture.
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