Partidos, gobierno, organizaciones criminales

El Sistema Federal Mexicano resiente los embates de una contienda política electoral en la se insertan las corrientes políticas preponderantes, el gobierno y las organizaciones criminales, que buscan unos, mantener el poder mediante el control hegemónico de los tres en que se reparte su ejercicio, restringir la autonomía de las entidades que componen la República; otros optan por un mandato compartido del poder como venía operando a través de pactos o sustituyendo estos mediante alianzas o coaliciones, cubiertos con el manto de una democracia y federalismo simulados.
Es lo que estamos viviendo en una disputa que se agrava por la forma de suprimir a contendientes u obstáculos a las pretensiones de los grupos de poder e interés. El gobierno de la cuarta transformación proclama su política de seguridad sustentada en el abrazo y la no represión de la fuerza pública, pero usa la legal de las acusaciones penales e investigaciones financieras para encubrir una efectiva y real represión que, lejos de ocuparse del crimen organizado la extiende a los opositores y gobernados para doblegar voluntades; a esta estrategia se adiciona la de la acción directa, el ataque y privación de la vida de los políticos que aspiran a un cargo público por organizaciones criminales.
Las dos estrategias se utilizan de modo evidente con fines políticos electorales para, conservar el poder y los cotos de impunidad por una parte y por otra desmantelarlas y sustituir a los actuales o por lo menos impactar el ejercicio hegemónico prevaleciente para controlarlo y evitar, aseguran, que se desborde y acabe con las instituciones republicanas.
Los medios de comunicación difunden que fue atacado a balazos el candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Acapulco, José Alberto el Güero Alonso, cuando circulaba por la costera Miguel Alemán, además de que otros tres candidatos sufrieron amenazas y agresiones en San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Que los casos se suman al ambiente de violencia política que ya acumula 88 políticos asesinados en este proceso electoral.
Se da a conocer que el presidente del Comité Directivo de Morena, Mario Delgado Carrillo, asegura que, en su gira por Tamaulipas fueron detenidos y amenazados con armas largas, en un estado que vive una crisis de inseguridad y violencia; mencionó que urge la gobernabilidad en el estado y el restablecimiento de la paz y tranquilidad de todas y de todos.
Curiosamente la visita a Tamaulipas de Mario Delgado la realiza en momentos en que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atraviesa por una situación constitucionalmente controvertida en cuanto al fuero que le asiste a la investidura que le fue confirmada por la Legislatura Local de ese Estado frente a la orden de aprehensión librada en su contra por un Juez Federal a petición de la Fiscalía General y otras investigaciones que realiza al UIF, situación que aprovecha el líder político para relacionar los hechos con la falta de gobernabilidad e inseguridad que, a su juicio, padece esa entidad y la desaparición de poderes en ese estado que se difundió en el senado. Estas circunstancias permiten suponer que estas acciones tienen el mismo fin, afectar el proceso de elección en esa entidad.
Como quiera que sea el país enfrenta una serie de políticas enfocadas a fracturar el equilibrio del ejercicio de poder que representan formalmente el Poder Ejecutivo, Congreso de la Unión y la Suprema Corte, así como debilitar al Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica encargado de la función estatal, de velar por los principios que garantizan el procedimiento de elección de representantes populares mediante los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que le permitan, decidir y funcionar de modo independiente como lo garantiza el artículo 41 de la Constitución.
La contienda está emparentada con la preservación del federalismo mexicano, la democracia y el equilibrio del ejercicio del poder que ahora pone cara a cara la autonomía de las entidades que integran la federación en cuanto a su régimen interior, el voto libre y secreto del ciudadano, el régimen de las libertades de los habitantes de la República, menoscabados por la incertidumbre jurídica de investigaciones oficiales de todo tipo que las inhiben y atemorizan al gobernado.
El seis de junio próximo será determinante para fijar si se continua o no por el camino del control del poder para reflejarlo en la vida de los gobernados, sus derechos fundamentales y la autonomía de los estados. Lorenzo Córdova Vianello señala en su comentario al artículo 41 de la Constitución publicado en la obra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada de Tirant lo Blanch, que no hay mayor expresión soberana del pueblo que el establecimiento de bases sobre las cuales se desarrollaran los mecanismos de representación política y la elección de los integrantes del poder público, referidas al postulado Constitucional que impone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los de los Estados y de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, garantizada esta estructura con la renovación de poderes mediante elecciones, libres auténticas y periódicas.
El compromiso es ejercer este derecho el domingo seis de junio para decidir el futuro de México y de los mexicanos; recordar que pasadas estas elecciones se iniciara la carrera para elegir gobernador del Estado de Oaxaca; sobre este asunto se mencionan ya al director del ISSSTE Luis Antonio Ramírez Pineda, y a la Senadora Susana Harp Iturribarria, elección en la que estará en juego la equidad de género.

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