¿Qué hará el nuevo gobierno con los bloqueos y cierre de calles? ¿Tendrá un plan el gobernador electo o el nuevo secretario de Gobierno para controlar las manifestaciones violentas que tienen hasta el copete a quienes habitan en Oaxaca de Juárez?
El tema de los bloqueos en un tema de preocupación. Gobiernos van y gobiernos vienen y ningún gobernador ha podido resolver este problema que para muchos significa asunto de gobernabilidad.
Cuando los bloqueos ocurren, es preocupante ver las afectaciones que generan a los ciudadanos, lo mismo el que maneja su automóvil como el que anda a pie.
Da tristeza ver cómo los manifestantes impiden el paso de las ambulancias con gente al borde la muerte; cómo personas enfermas se quejan que no podrán llegar a su cita a un hospital, porque no hay unidades de transporte, o cómo los turistas tienen que arrastrar sus maletas para llegar a sus hoteles, porque el crucero del aeropuerto está cerrado.
En una ocasión, quien esto escribe, le agarró un bloqueo en el crucero del estadio de los Guerreros de Oaxaca. Entonces, el chofer de un taxi del sitio ADO, quien por cierto se portó muy amable, cosa que ya no es común entre los taxistas de Oaxaca, me contó cómo tuvo que ayudar a una mujer que dio a luz dentro de su taxi, porque un grupo de manifestantes no lo dejó pasar cuando iba con la pasajera rumbo al Hospital Civil.
“Fueron minutos de angustia. Yo les rogué a esos campesinos me dieran chance de pasar. Hasta les ofrecí un dinerito, pero no me hicieron caso. Si hubiera llevado un arma, una pistola, le aseguro que les hubiera disparado”, recuerda el taxista.
De acuerdo con el Consejo Mexicano de Medios Sociales en su artículo Oaxaca 2022: Reclamos de Justicia y Paz, dice que aunque algunos conflictos sociales se dirimen en mesas de negociación, un recurso cada vez más frecuente en Oaxaca es la protesta en calle, aunado a un registro creciente de repertorios de violencia como componente de la conflictividad social.
En ese sentido, en el año 2021, Oaxaca ocupó el cuarto lugar, a nivel nacional, por el número de protestas (LAOMS, 2021). De manera detallada cabe observar que, entre 2012 y 2021, se reportaron 1,513, de la cuales, más del cincuenta por ciento se distribuyeron entre la capital del Estado (37.79%), y los municipios de Juchitán de Zaragoza (14.44%) y Matías Romero (3.26%) (LAOMS).
Del lado contrario, es decir, de los manifestantes, todo es asunto de democracia o de libertad de expresión.
Sus líderes afirman que uno de sus derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión, en el que se encuentra la manifestación de las ideas. Este derecho está reconocido en el artículo 6o. constitucional, que expresa: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
El otro de los derechos humanos es el derecho de reunión previsto en el artículo 9o. del texto constitucional: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad.
Y tienen razón.
Ellos son engañados por la mayoría de funcionarios públicos pues les prometen obras como escuelas, caminos, viviendas y no les cumplen; mucho menos hay atención en el renglón de justicia. Las cárceles están llenas de indígenas que tienen años en la cárcel, sin ser sentenciados, porque los jueces los consideran de segunda, pues no hay brillo monetario en sus ojos, etc, etc.
Hay que reconocer también que los tiempos han cambiado, hay más problemas sociales como la pobreza y el hambre que laceran a las clases más desprotegidas, gente que es carne de cañón de los líderes venales que abundan porque son protegidos por los mismos partidos políticos.
En los últimos años hemos visto cómo las comunidades se encuentran confrontadas y en los pueblos abundan viudas y huérfanos pues los jefes de familia han sido emboscados, o más indígenas llegan a la ciudad sin nada, pues son desplazados por nuevos caciques dueños de los territorios.
La verdad es que no se trata de que el nuevo gobierno restrinja esos derechos de manifestarse sino que los reglamente, los normalice, los armonice.
Una marcha, una protesta no puede ni debe trastornar el desarrollo de ningún oaxaqueño ni de quien habite en Oaxaca de Juárez. Nadie puede estar por encima de la Constitución si bajo su amparo, por lo tanto, sólo resta al gobierno hacer valer las leyes, que no es lo mismo reprimir cuando se está afectando a terceros. Eso ha faltado a los gobernantes para que en Oaxaca regrese esa tranquilidad que todos anhelamos.
Ojalá que la nueva administración que encabezará Salomón Jara Cruz tenga entre sus proyectos de gobierno establecer un orden con las fuerzas de izquierda en donde el diálogo venza a la sinrazón y a los caprichos de grupos políticos que no se cansan de ver un Oaxaca inmerso en conflictos interminables.
