HASTA parece broma, pero las declaraciones de TANIA CABALLERO, quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso Local (LXVI Legislatura), no lo es. Esto se desprende de una entrevista que dio a medios y que los comunicadores inmediatamente desmenuzaron.
LES COMPARTO la lectura que hizo un colega de la declaración de la diputada y nuera del gobernador SALOMÓN JARA, al abordar el tema del asesinato de ALEJANDRO LEYVA y de la situación que priva en torno al ejercicio periodístico en Oaxaca:
“Primero: Reconoce (Tania) que con la fiscalía estatal no hay certeza, pues dice que esta se da a partir de que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República.
“Segundo: Reconoce que en Oaxaca no hay total libertad para periodistas y comunicadores”. Literalmente la diputada dijo: ‘los periodistas deben tener más libertad en la labor que ejercen’.
“Tercero: Acepta que en Oaxaca se criminaliza a los periodistas y que estos no se sienten seguros.
“Finalmente: La legisladora remata diciendo que ya se va a realizar una investigación imparcial, pues el caso ya está en la fiscalía federal (‘porque ya no se va a realizar la investigación aquí en el estado’, dijo literalmente)”.
ESTO lo dijo en “representación” del Poder Legislativo en Oaxaca, intentando sostener las acciones que realiza este órgano ante la situación por la que atraviesa el periodismo; algo que no ayuda en nada a la imagen del gobierno jarista (que no salomónico).
DESAPARICIÓN DE PODERES
Y LA CRISIS para este gobierno estatal no cesa.
AHORA el partido Movimiento Ciudadano pidió al Senado, a través de su diputado federal GIBRÁN RAMÍREZ, iniciar un proceso para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca por la crisis de gobernabilidad que afecta a la entidad, “derivado de la violencia, la impunidad y los asesinatos de periodistas, activistas y autoridades municipales” (La Crónica de Hoy, 29/julio/2026, en su versión digital).
ACCIÓN que fue calificada por el senador Antonino Morales como politiquería e “impulsada por intereses políticos y no por la realidad que vive la entidad”.
LAS CONSECUENCIAS de la desatada violencia y la falta de gobernabilidad en Oaxaca le están pasando la factura al jarismo, que tal vez ahora sí comience a dimensionar el tamaño de la crisis que le estalló, y que pareciera consecuencia de lo que podríamos llamar la “maldición de los 10 años”.
EN 2006, tras el desalojo de maestros perpetrado el 14 de junio, vino la chispa que hizo estallar una gran crisis por la disputa de la entidad, donde los detractores del gobierno de ULISES RUIZ cerraron filas con el propósito (estéril finalmente) de derrocarlo. La Sección 22, las organizaciones sociales más radicales, grupos políticos contrarios al mandatario, exgobernadores y altos funcionarios federales incendiaron a Oaxaca con tal de controlar (una vez consumado su objetivo) el presupuesto o el poder del estado.
LUEGO vino 2016, cuando otra vez la Sección 22, en protesta contra la reforma educativa del gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, bloqueó la supercarretera Oaxaca-México y fue desalojada por elementos de la Policía Federal y Estatal. El saldo: 8 muertos y más de un centenar de heridos. Una gran crisis que afectó al entonces gobierno de GABINO CUÉ.
HOY VIVIMOS 2026 y, tras la ola de violencia que llegó a cobrar la vida de ALEJANDRO LEYVA, se está llegando a la solicitud de una desaparición de poderes. ¿Hasta dónde llegará la crisis de este año? Crisis que, como en 2006 y en 2016, ya escaló internacionalmente.
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