Por más piruetas legaloides y tráfico de poder que realiza el partido Morena y sus representantes en el Congreso local, la sentencia contra la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas Yolanda Santos Montaño y parte de su Cabildo está dictada.
La resolución del Tribunal Estatal Electoral por orden del Tribunal Federal Electoral, sala Jalapa, dice que ejercen un gobierno municipal autoritario al desacatar diversas sentencias. También violencia de género en perjuicio de dos de sus concejales. Les ordenan pagar salarios y reintegrar al Ayuntamiento a sus dos regidoras so pena de que el Congreso del Estado les revoque su mandato.
SIN PRECEDENTES
Hay algo más novedoso en el castigo para este tipo de autoridades municipales despóticos. Sienta precedente en Oaxaca el hecho de que la citada presidenta municipal -como lo dije en mi entrega de ayer- y cuatro de sus concejales, hayan sido declarados culpables de ejercer violencia de género. Para los juristas, esto significa que “no tienen un modo honesto de vivir”. Quiere decir también que “han perdido su calidad de ciudadanos y no podrán participar en las próximas elecciones locales aspecto que perdurará desde el dictado de la presente sentencia, hasta la conclusión del próximo proceso electoral ordinario local en nuestro estado”.
A esta conclusión llegaron los magistrados federales y estatales en el prolongado juicio de dos concejales inconformes contra el proceder de la presidenta Yolanda Santos, desde que inició funciones el Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas.
He dicho en esta columna que permitir que cualquiera ascienda al poder no es democracia, es irresponsabilidad. Las consecuencias se miran en la actuación de muchos de los presidentes municipales que, el efecto Peje llevó al poder. En la euforia de ganar se aliaron con lo más detestable de la política chapulinera. Hoy vemos las consecuencias.
Ni siquiera la emergencia sanitaria los hace recapacitar. Santa Lucía del Camino, Huajuapan de León, Nochixtlán, San Jacinto Amilpas, entre otros municipios gobernador por Morena, están en la lista de gobiernos despóticos, dilapidadores del presupuesto municipal.
La resolución tanto del Tribunal Federal Electoral, sala Jalapa, como del Tribunal Estatal Electoral contra un gobierno municipal, sin duda tendrá efectos y resonancias.
En acatamiento a lo ordenado por la Sala Jalapa del Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral dictaminó estas sentencias que, en el futuro, acotarán abusos de presidentes municipales intolerantes.
Dicen, por ejemplo, que con estas resoluciones “se garantiza que dichos funcionarios no continúen cometiendo los mismos actos y omisiones, que dieron inicio a lo que hoy se resuelve”.
SIN MANERA HONESTA DE VIVIR
La cosa es seria. Los abogados expertos en cuestiones electorales aguzan sus conocimientos y los ediles intolerantes ponen sus barbas a remojar.
En el resolutivo judicial ordenan que la Secretaría General del TEE, remita copia certificada de la presente sentencia, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, “a efecto de que tenga conocimiento que, a través de la presente, se tiene por desvirtuada la presunción de que las autoridades responsables señaladas tienen un modo honesto de vivir, aspecto que perdurará desde el dictado de la presente sentencia, hasta la conclusión del próximo proceso electoral ordinario local en nuestro estado”.
Tal determinación, dicen, se deriva al haberse acreditado que las autoridades “ejercieron violencia política por razón de género en contra de Gisela Lilia Pérez García y Mónica Belén Morales Bernal, Regidoras de Hacienda y Equidad y Género del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, por la reiteración de actos que se estimaron lesivos en contra de las actoras, por lo cual, resulta evidente que tal situación desvirtúa la presunción de tener un modo honesto de vivir de las responsables”.
Esta Sentencia, además de que protege los derechos político electorales de las dos regidoras mencionadas, las ratifica en su cargo municipal.
NOCHIXTLÁN, LO MISMO
Otro juicio similar está en proceso contra la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta también lleva al poder por el efecto AMLO en las elecciones pasadas.
De igual manera, inició denuncia por “violencia de género” en su contra por haberse atrevido a ventilar la corrupción de esta alcaldesa. Dice que descubrió cobros indebidos a negocios de artículos no esenciales para dejarlos operar durante la pandemia, por lo que al día siguiente (martes pasado), su oficina fue vaciada sin motivo.
La regidora exhibió que la presidenta cobra 10 mil pesos a cada negocio para dejarlos trabajar aunque no sea de productos básicos, durante esta pandemia. Esto significa “lucrar con la emergencia y necesidades del pueblo”.
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