La Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Capitulo Oaxaca, dentro del programa de capacitación continua, se centró en los desafíos que, para el Sistema de Justicia en Oaxaca, derivan de la reciente Reforma Judicial Constitucional Nacional, bajo la ponencia de la Maestra Erika Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Oaxaca, quien disertó sobre el tema, en esta etapa relevante de transición para el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en proceso de instrumentación, en cuanto a la elección de jueces y magistrados locales.
La exposición de la Magistrada Presidenta tuvo como eje la visión de transparentar el ejercicio de la atribución de juzgar para desterrar la opacidad, consecuencia de un sistema sustentando en la desconfianza y de que el mundo del juez es el del expediente únicamente afín con las restricciones que se derivan del cargo que ha mantenido aislados, a dicho poder y sus juzgadores de los sectores involucrados en la operación de esta relevante función del Estado, para evitar ser calificados de parciales o corruptos.
Se tocó como experiencia cotidiana el que cuando alguien ve que un juzgador conversando o participando en algún evento con algún litigante o sectores sociales, la interrelación que lleve a cabo en ese sentido, sea motivo de acusaciones de corrupción como secuela de ese contacto con determinados sectores sociales y motivo para alegar que se atenta contra la independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado y de sus jueces y magistrados, cuestión que implica que muchos juzgadores se mantengan aislados de las partes y que estas, no puedan acceder a exponer su opinión conocido en la práctica, como alegato de oreja.
Precisó que acercar la justicia a los gobernados y pueblo en general es una finalidad de la reforma al poder judicial para que se conozca en qué consisten sus atribuciones y la utilidad social que ello representa, con el objetivo de disipar el actual ambiente de desconfianza de los juzgadores hacia las partes y, de estas, hacia los juzgadores que, al confinarse en sus despachos, dejan de conocer las inquietudes del justiciable, de los litigantes e incluso del pueblo, y este de conocer para que, y como opera el Sistema de Administración de Justicia, buscando con este enfoque que la sociedad se involucre y contribuya a optimizarla.
El punto de vista de la Presidenta tiene el respaldo de un profundo bagaje jurídico nacional e internacional, sustentado en su basta preparación académica que le autoriza a orientar una manera renovada de modelar la administración de justicia acorde con un proyecto que vincule a la familia constituida por los habitantes del Estado de Oaxaca con su Poder Judicial y juzgadores para transparentar el quehacer de éstos, sin temor a esa interrelación que, estima como raíz del ejercicio de la atribución de impartir justicia, atada a diversas perspectivas como el género, la niñez, la familia, los pueblos y comunidades indígenas que presentan realidades diversificadas, ceñidas con el entorno de los Derechos Humanos, de manera tal que esta asociación Sociedad y Poder Judicial haga factible la combinación de elementos diferentes, en la función de administrar justicia, que no se oculte en la opacidad, la desconfianza y posible corrupción.
Su exposición permitió a los abogados que asistimos a esta conferencia, comprender lo que la Titular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, entiende como política judicial adaptar la reforma constitucional nacional del Poder Judicial, a las exigencias del Estado de Oaxaca, de manera tal que garantice que sus juzgadores, actúen con independencia e imparcialidad y avalen, con su quehacer, la autonomía e independencia del mismo, inhibiendo la desconfianza reciproca por medio de la corresponsabilidad social, como factor que eficientice y torne eficaz la impartición de una justicia transparente.
No desconoce que, en paralelo el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, está inmerso en la política de Estado, como parte del ejercicio de las atribuciones de Poder y, como consecuencia, en una relación necesaria con los Poderes Ejecutivo y el Legislativo, para delimitar mediante leyes, su presupuesto y estructura material, examen de los requisitos que deben cumplir sus juzgadores que le permitan desarrollar políticas propias de administrar justicia, de manera imparcial, autónoma e independiente en su operación.
Me parece que la política judicial de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Maestra Erika Rodríguez Rodríguez, sostenida en la transparencia y la corresponsabilidad social, emparentada, con el régimen interno del Estado de Oaxaca, puede auspiciar, una reglamentación que garantice al pueblo de Oaxaca, contar con juzgadores electos, con capacidad profesional en el rubro del derecho y su aplicación, experiencia, honestidad, autonomía de criterio, entre otros, que anulen la imposición disfrazada de elección, por parte de legisladores y del poder ejecutivo, mismas que han dañado la imagen de un Poder Judicial, autónomo e independiente. Aprovechar los aspectos negativos de la pasada elección de magistrados y jueces federales para no repetirlos en el ámbito local.
El reto es ser bandera en el Estado de Oaxaca, de un Poder Judicial del Estado de Oaxaca fortalecido, congruente con el principio de transparencia y de los Derechos Humanos que, sin desbordar los límites constitucionales, enmarque la tutela, protección y garantía de los Derechos humanos en forma amplia, como lo permite, el régimen interno del Estado de Oaxaca.
jfranco_jimé[email protected]
