Andrés Manuel López Obrador es un presidente autoritario. Ni a él ni a sus simpatizantes les gusta que lo digamos pues es una verdad que les incomoda, pero bien dice el dicho que “más pronto cae un hablador que un cojo”. López Obrador desde el inicio de su sexenio se ha empeñado no solo en denostar a las instituciones democráticas de nuestro país sino en emprender acciones tendientes a tomar el control de ellas y a imponer su voluntad, actuando al margen de la ley y muchas veces pasando por alto el orden constitucional.
El primer ejemplo de ello son las consultas amañadas que ha emprendido a lo largo del país para justificar algunas de sus acciones más controversiales como la cancelación de la construcción del Aeropuerto de Texcoco y su sustitución por el Aeropuerto de Santa Lucía, la construcción del Tren Maya o la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali, obras que resultan ilegales pues no cumplen con los requisitos de ley.
Dichas consultas fueron realizadas al margen de lo dispuesto en la materia por la Constitución Federal y la legislación secundaria e incluso violando estándares internacionales, tal como lo expuso la ONU, con la única finalidad de intentar legitimar sus decisiones con la excusa de que “el pueblo bueno” así lo dispuso. En campaña López Obrador expresaba constantemente que “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, sin embargo, él es el primero en no actuar conforme a dicho postulado.
Otro ejemplo reciente de su afán por controlar el poder es la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un procedimiento por demás viciado en el Senado de la República. Piedra Ibarra fue elegida a pesar de que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dispone en su artículo 9 que para ser presidente del organismo el aspirante no debió haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación, sin embargo, ella era consejera nacional del partido oficialista, Morena.
Pero el ejemplo más preocupante de la concentración de poder, a mi parecer, se dio esta semana. El pasado 10 de junio Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, presentó una iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Federal, la cual busca extinguir y concentrar los órganos constitucionales autónomos IFT y COFECE y el órgano regulador coordinado en materia de energía CRE en uno solo, el INMECOB, eliminar los exámenes de conocimientos en el procedimiento de selección de sus integrantes y que el Presidente de la República designe de manera directa, con base en una terna propuesta por el Senado, a los consejeros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que un órgano constitucional autónomo es aquél que está establecido en la Constitución, mantiene relaciones de coordinación con los otros órganos y poderes del Estado, cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera y atiende funciones coyunturales del Estado. Por otro lado, un órgano regulador es una agencia independiente del poder político en la cual se deposita la regulación de ciertas materias de especialización técnica.
Luego entonces, la autonomía y la especialización resultan ser elementos esenciales e inherentes a la naturaleza de los órganos que se pretenden extinguir, características que les serían despojadas de aprobarse la reforma propuesta pues el Presidente de la República podría hacerse de facto del control del órgano al designar directamente a sus integrantes. Además, al eliminar los exámenes de conocimientos, el órgano perdería su tecnicidad por lo que perdería eficacia.
La iniciativa representa una afrenta a nuestra democracia y al libre mercado pues no solo demuestra la intención del actual régimen de desaparecer o por lo menos controlar todas las instituciones que representen un contrapeso al presidente López Obrador, sino que, además, pone en juego la regulación en materia de competencia económica que muchos beneficios ha traído a la sociedad mexicana.
La exposición de motivos de la iniciativa establece que todo lo anterior se propone bajo el argumento de austeridad en el contexto de la crisis económica por Covid-19, sin embargo, el costo social que podría ocasionar la desaparición de los órganos en cuestión es mucho mayor al ahorro que podría generar la creación del INMECOB.
Ahora podemos entender mejor los dichos del presidente López Obrador. La pandemia no le cayó como anillo al país, le cayó como anillo al dedo a su afán de concentrar el poder y hacerlo antes de las elecciones de 2021. Qué inhumano tiene que ser usted señor presidente para utilizar una crisis como la que estamos viviendo con la intención de concretar su régimen autoritario de gobierno.
Son peores que los que decían que eran los peores.
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