¿Qué pasa con las cárceles municipales que en los últimos meses han sido noticia en los medios de comunicación? ¿Por qué los funcionarios, llámese edil o síndico no cumplen con los protocolos cuando algún detenido ingresa a ellas por incurrir en faltas administrativas? ¿Por qué no se capacita en derechos humanos a los policías para evitar que se ensañen en contra de los ciudadanos?
El pasado 19 de agosto, en una celda de la cárcel municipal de Salina Cruz, fue hallada muerta la joven madre de familia, Abigail H., detenida por cometer faltas administrativas. Conforme pasaron los días, el caso se convirtió en un asunto que estuvo a punto de provocar la caída del presidente municipal de ese puerto, pues fue acusado de haber incurrido en omisión en la muerte de la joven.
Hasta el momento, el caso no ha quedado claro, debido a que las autoridades de la Fiscalía no han dado mayor información por la secrecía de las investigaciones, pero la opinión pública reclama ser informada. Lo que sí, se duda, es que la mujer se haya suicidado, utilizando para ello su ropa interior.
Recientemente se han dado a conocer dos casos más: uno, el de un extranjero, hallado muerto en el penal de Juchitán y el otro, el de un joven integrante del cabildo de Chicahuaxtla quien, ebrio, fue ingresado a la cárcel municipal y horas después, cuando iba a ser liberado, fue encontrado muerto.
El 20 de noviembre, fue hallado muerto en la cárcel municipal de Juchitán de Zaragoza, un extranjero oriundo de Senegal quien se encontraba en el país de manera ilegal. El hombre fue detenido por la policía municipal cuando escandalizaba en el desfile cívico militar y molestaba a los maestros y alumnos. Por la tarde, fue encontrado sin vida en la celda de la comisaría municipal.
El migrante, identificado como Dieng M L, de 36 años de edad, fue remitido inicialmente al servicio médico y posteriormente fue ingresado a una celda de la comisaría, pero la autoridad municipal asegura que debido “a su actitud violenta”, fue encerrado, poco después de las 10 de la mañana.
Como en Salina Cruz, el presidente municipal de Juchitán se encuentra preocupado, pues hay voces que lo acusan de omisión.
En los dos casos, tanto en el de Salina Cruz como el de Juchitán, se han visto involucrados policías municipales que supuestamente reciben capacitación, no así en el caso de San Andrés Chicahuaxtla, Putla, en donde están involucrados en la muerte de un regidor, varios topiles.
Ahí, un joven de 32 años identificado como Wilfrido M. L., supuestamente se suicidó el 22 de noviembre, cuando estaba detenido en los separos de la cárcel municipal de San Andrés Chicahuaxtla, luego de insultar a los demás integrantes de la autoridad municipal que en ese momento tenía una reunión para ver las actividades con motivo de la fiesta del poblado; el hombre se encontraba en estado de ebriedad.
El agente municipal, Rubén Vásquez, dijo que está en la disposición de colaborar con la Fiscalía General del Estado para que esta situación se aclare.
CINCO CASOS EN 2022
En un comunicado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que en este año se han registrado cinco defunciones en centros de detención municipal, ocurridos en Salina Cruz, Santa María Huatulco, Santa Catarina Juquila, Tlalixtac y Juchitán de Zaragoza, de los cuales dos corresponden a personas extranjeras.
Mientras que, de enero de 2015 a la fecha se han registrado 18 defunciones de personas en centros de detención municipal.
Ante ello, el organismo autónomo ha señalado que este tipo de lugares requieren el establecimiento protocolos de atención, contar con médicos, así como cámaras de seguridad.
Insistió en la importancia de atender las causas estructurales que dan origen a este tipo de situaciones, además de la necesidad de regular estos espacios y tomar acciones de prevención, por lo que es necesario brindar a las autoridades municipales herramientas y estrategias que les ayuden a realizar su función con el pleno respeto a los derechos humanos, así como sensibilizarlos respecto a que la integridad de las personas que están bajo su resguardo son su responsabilidad.
En el caso del migrante hallado muerto en el penal de Juchitán, la DDHPO puntualizó que las personas migrantes más allá de su estatus migratorio conservan sus derechos humanos, por ello, el Estado debe articular políticas públicas que permitan salvaguardar su integridad y dignidad.
Añadió que el fenómeno migratorio es complejo, sin embargo, todas las instituciones del Estado tienen la obligación de que en sus acciones, programas y políticas públicas para atender la migración lleven un enfoque de derechos humanos, además de priorizar el principio pro persona, es decir, que se coloque en el centro de la toma de decisiones a las personas migrantes.
Finalmente, la Defensoría recordó que todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas, ya sea que estén en custodia de la autoridad o independientemente de su situación migratoria, es su deber procurar salvaguardar la integridad, dignidad y la vida de todas las personas.
Lo cierto es que hace falta mayor capacitación a los elementos policiacos que, regularmente, se ensañan con los detenidos. Por eso, estas muertes deben investigarse a fondo para evitar la impunidad de las corporaciones que deben brindar seguridad a los ciudadanos no desprotegerlos. ¿La policía está para cuidar a la sociedad, o para aterrorizarla?
