La experiencia de la marcha mayoritariamente ciudadana abrigada por el paradigma de la defensa del Instituto Nacional Electoral como herramienta vigente que garantiza en México las decisiones sobre la representatividad de la voluntad del pueblo mediante el sufragio efectivo para otorgar cargos de elección popular, contó con una participación más allá de la esperada, en la Ciudad de México y en más de 20 entidades.
El Partido que gobierna, minimizó la asistencia, de manera contradictoria, desde el gobierno de la Ciudad de México hasta la Presidencia de la República, versiones que enfrentaron la realidad del número de participantes con las imágenes difundidas en los medios de comunicación que mostraban una asistencia mayor a las cifras oficiales.
La magnitud del evento repercutió profundo en lo político al merecer una respuesta pronta y agresiva del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual la calificó como “striptease político” y agregó: “lo hicieron a favor de la corrupción, del racismo, del clasismo, de la discriminación, ese es el fondo”.
Al margen del tema político que rodea las expresiones políticas, sumadas a otras que forman la línea de ataque y defensa de la presidencia me parece que, en la actualidad, han acentuado un ambiente de confrontación entre los que están con el presidente y su denominada transformación con los que no comparten su proyecto y acciones, específicamente en lo que toca a la reforma constitucional y legal del INE para cambiarle la denominación por la de INEC, vinculando al organismo con los procedimientos de consultas.
El tema de las expresiones oficiales e incluso las que se difundieron de algunos de los asistentes a la marcha en contra del Presidente López Obrador, incentivan un contexto de odio que se advierte se esconde en locuciones divulgadas y que nos acercan a lo que se denomina “expresiones de odio”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que, el discurso del odio, en términos generales, engloba todas aquellas “expresiones peligrosas” para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia. El discurso del odio encierra la deliberada intención de provocar una afectación en la dignidad de un grupo de personas a través de “expresiones hirientes”. Dichas manifestaciones suelen referirse a expresiones racistas, xenófobas, discriminatorias, machistas, homófobas, entre otras. Como su nombre lo indica, el discurso del odio pretende difundir animadversión hacia un grupo determinado.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un criterio aislado detalla que, el discurso de odio es contrario a los valores fundamentales en que se asientan los derechos humanos y la democracia constitucional, como la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que sus destinatarios ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión. No obstante, de aquí no se sigue, sin más, que todo discurso de odio deba ser reprimido.
La respuesta del sistema jurídico ante esos discursos debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas cuidadosamente como son el contexto en que aquél es expresado, las condiciones sociales, históricas y políticas; la existencia o no de conflictos sociales pasados o presentes vinculados con la discriminación o la robustez de sus prácticas democráticas; ante qué auditorio se expresa si ante destinatarios concretos o grupos definidos que están presentes; si quien lo expresa es una figura de influencia pública o no, el grado y el medio de difusión del mensaje; si se expresa en un foro de deliberación pública o en un ámbito privado en que están ausentes las razones de interés público que dotan a la libertad de expresión de un peso especial; si su expresión implica, o no, apología del odio o incitación a la discriminación o a la violencia; o si ya ha generado actos de violencia física o disturbios, pues dada la relevancia que la libertad de expresión tiene para valores fundamentales como la autonomía personal, la democracia, la cultura o la generación de conocimiento, debe tenerse especial precaución para admitir restricciones a su ejercicio.
En este sentido, la respuesta del sistema jurídico puede ir desde la no protección de esos discursos, hasta la atribución de responsabilidades civiles posteriores o, excepcionalmente, su represión mediante el derecho sancionador en casos especialmente graves en función de las circunstancias mencionadas.
De estos lineamientos un tanto amplios, es posible advertir que la ruta de la cuarta transformación encabezada por el Presidente López Obrador y su permanente discurso de enfado en cuanto a la crítica de sectores de la sociedad mexicana que no comparten las acciones que pretende plasmar en cuanto al INE, discursos en los que cita nombres y engloba a todos los participantes de la marcha en el conservadurismo, racismo, la corrupción, contrarios al pueblo, induciendo un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien y el deseo de producirle un daño o que le ocurra una desgracia. La influencia del mensaje presidencial se materializó por la diputada de Morena que insultó y pretendió agredir a los que marcharon el domingo de acuerdo a un video propalado.
Este esquema lo recrudece el ingrediente político de un proceso electoral en el que se juega el prolongar sus políticas públicas lo que nos acerca a una posible confrontación incitada por este sentimiento de odio. El poder lo advierte y se previene con un Ejército exaltado y el control del sistema electoral como complemento.
Veremos la trascendencia de este tipo de discurso en sus efectos posteriores a la marcha oficial de respuesta convocada por el Presidente.
