México vive entre la violencia. No es novedad. Para cómo va este 2020, rebasará a 2019 como el año más violento del que haya registro. Antes fue 2018. Antes, 2017. Vamos de récord en récord. De máximo histórico en máximo histórico.
Pero estas últimas semanas, la violencia ha alcanzado niveles pocas veces vistos.
La detención de 31 personas en Guanajuato –entre ellos familiares del líder del cartel de Santa Rosa de Lima- y la viralización de una serie de videos donde aparece el “Marro” amenazando a las autoridades y a las Instituciones, raya en lo inédito. Más aún lo es que una semana después los 31 detenidos estén en libertad.
El atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX Omar García Harfuch, presuntamente a manos del Cartel de Jalisco Nueva Generación, en pleno Paseo de la Reforma, con un poder de fuego que supera el armamento de la policía capitalina, también nos conduce a un territorio no presenciado en la Ciudad.
Las cárceles de nuestro país están llenas de personas presuntamente inocentes, tratadas como presuntamente culpables. El 47% están privadas de la libertad sin sentencia y casi 80% de las personas sentenciadas cumplen una sentencia por un delito patrimonial, es decir, no están relacionadas con delitos de sangre (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI). Pese a todos los estigmas que recaen sobre el sistema penitenciario, las cárceles del país están lejos de ser retrato de la violencia que se ve en las calles. ¿Dónde están esos criminales que vemos todos los días provocando masacres e incendiando comunidades enteras?
Los actos delictivos de los que hemos sido testigos a últimas fechas son ejemplo claro de que México tiene un problema mayor: nuestro sistema de justicia penal está rebasado por la corrupción e impunidad. ¿Cómo entender que un comando armado se siente con el poder de atacar al jefe de la Policía más grande del país? ¿Cómo justificar que un presunto criminal, ‘El Marro’, es capaz de paralizar un estado completo y hacer temblar a los policías? ¿Cómo asegurar que el Estado ha sido rebasado por quienes son capaces de asesinar en su propio domicilio a un juez federal?
La corrupción, sistematizada en la forma de operar de muchas de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del país, es hoy la mezcla perfecta de las nuevas formas de operar de los grupos delictivos. Con dinero y con poder, doblegan a quienes deben poner orden.
Los márgenes de acción que tienen policías, Ministerios Públicos, Fiscalías y Jueces, resultan insuficientes. No tanto en sus atribuciones, como en la ejecución de las mismas.
El 97% de los delitos en México no se denuncian y de los que sí son denunciados, más de la mitad no se solucionan. Las víctimas rara vez encuentran justicia. Quien comete un crimen en nuestro país tiene altas probabilidades de jamás ser detenido, de nunca pisar la cárcel. Esa es la tragedia del sistema de justicia.
