La emergencia sanitaria impuso restricciones forzosas al derecho de acceso a la administración de justicia frente una pandemia que implica un riesgo grave para la salud y vida de los mexicanos que hace ineludible enfrentarla mediante restricciones al ejercicio de ciertos derechos como la libertad de tránsito o movilidad, desarrollo de actividades lícitas, el comercio, el trabajo, reunión, resaltando las que tienen que ver con resolución de controversias de particulares o de orden público relacionadas con el control constitucional que corresponde resolver a los poderes judiciales, servicio que tuvo que ser parcialmente suspendido, manteniendo y sumando las que se relacionan como lo exige una realidad que varía día con día.
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar expuso como enfrenta el alto tribunal la situación de emergencia inesperada. De entrada precisó que la preocupación esencial inmediata fue proteger la salud de los servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Federación, a los justiciables, abogados y público en general que concurren a los tribunales manteniendo las actividades prioritarias como son las de orden penal, familiar y las de la salud en que se han dictado medidas inmediatas para que se atienda a enfermos y se les proporcionen los medicamentos o al personal sanitario para que se les dote del equipo de protección correspondiente.
Expresó que estima que a la fecha la mayoría de los trámites de asuntos se posibilitó se hiciera en línea mediante el programa instrumentado por el equipo informático del alto tribunal que puso a disposición, en su portal de ese poder, el instructivo para acceder a ese servicio y la atención telefónica para que el usuario resuelva sus dudas para satisfacer los requerimientos mínimos que se piden para autentificar datos y formalizar el acceso a este medio, continuando el relacionado con la Firma electrónica para quienes ya lo tenían para promover amparos o formular gestiones en asuntos ya iniciados.
Agregó que la Suprema Corte y tribunales colegiados trabajan mediante reuniones virtuales respecto a los asuntos que están pendientes de resolución desde antes de la imprevista pandemia y citó algunos asuntos relevantes que han sido resueltos como el de la ley Bonilla. La Suprema Corte según lo detalló el Ministro Presidente Arturo Zaldívar ya venía implementando el sistema del juicio en línea y por ello ahora se ha instaurado con algunos ajustes que se hacen por un equipo especializado de acuerdo con las fallas que se presenten y se resuelven de inmediato; explicó que se ocuparon recursos que se derivaron de las medidas tomadas por su administración para reducir costos suprimiendo algunos rubros innecesarios, lo que permitió su canalización para este innovador sistema.
Enfatizó que el retorno a la normalidad integral depende de las condiciones en que evolucione la emergencia sanitaria pero que la Suprema Corte ha ido respondiendo conforme a la situación variable de la pandemia, siempre con la óptica de proteger la salud de los operadores y usuarios del aparato de justicia y, con ese parámetro ha ido ampliando el tipo de los asuntos a trámite plazos cortos; para el primero de julio determinará sobre las reanudación de actividades de manera conveniente a las variables sanitarias que prevalezcan en esa fecha.
Ahora los juicios ante la Suprema Corte se pueden promover en “línea”, sin expediente impreso que los acompañe, a través del uso de firma electrónica; las audiencias y comparecencias se celebrarán mediante el sistema de videoconferencias. Así, el Tribunal Constitucional se transforma y moderniza para lograr una justicia más eficiente y cercana a la sociedad, lo que permitirá consultar expedientes, promover amparos y recibir notificaciones a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o de la e.firma (antes FIEL).
Durante la emergencia sanitaria, estas acciones adicionales no suponen aún la reanudación general de los plazos procesales, por lo que quienes no tengan oportunidad de acceder a los juicios en modalidad electrónica, podrán hacerlo por la vía tradicional, una vez que se normalicen las actividades del Alto Tribunal.
Lamento el asesinato del Juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, la señora Verónica Barajas en Colima y exigió la investigación de los hechos calificó ese acto como un atentado contra el Estado; detalló que se otorga protección a los jueces federales que corren peligro por los asuntos que conocen y resuelven, pero que en este caso del Juez, renunció por decisión personal a contar con ella y, en ese sentido, se respetó su voluntad, sin embargo, aseguró que la actividad jurisdiccional no se detendrá por actos intimidatorios, refrendando en el Pleno del Alto Tribunal, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar que “La actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos menos con actos intimidatorio, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado para defender los derechos de todas las personas”. Agregó que ese poder colaborará en la investigación con la Fiscalía General de la República y exige, al más alto nivel, que los responsables sean ubicados, detenidos y enfrenten a la justicia.
Estas charlas están siendo promovidas por la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. y se denominan “Los Ministros Hablan” y son una herramienta para la adecuación de los sistemas de justicia a la tecnología de los juicios en línea que ahora surge como una necesidad ineludible para el Estado de Mexicano el enfocarse a satisfacerla no solo en estado de emergencia, como actividad esencial, sino de forma permanente y en paralelo a las salidas alternas, como la mediación, el arbitraje, la conciliación, los paneles de disputa y el derecho colaborativo.
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca requiere de ese estímulo para lo cual es imperativo que la legislatura y el poder ejecutivo se avoquen a proveer de los recursos financieros, humanos, estructurales y materiales para llevar a cabo la modernización del sistema de administración de justicia a fin de que alcanza la eficiencia y eficacia que requiere como lo está diseñando la Suprema Corte.
