Aunque el famoso “demonio de Tasmania”, Flavio Sosa el incendiario nato que se dijo contagiado por la Pandemia, sus trapacerías no disminuyen. Desde hace tres años mantiene el control político del olvidado municipio de San Antonio de la Cal y el presupuesto que recibe de cinco millones de pesos mensuales más ingresos propios.
Nos enteramos, gracias a las benditas redes sociales, que el millonario presupuesto, aunque el gobierno lo entrega al tesorero junto con el comisionado municipal, el que decide qué hacer con tanto dinero es el dueño de la organización Comuna.
Me comentan que ese presupuesto se diluye en las chapucerías del agitador profesional en lugar de que sirva para dar seguridad pública y servicios a esa comunidad tan cerca de la capital y tan lejos de Dios. No hay policía y carecen desde hace dos años de servicios de agua potable, barrido, recolección de basura y el centro de salud está cerrado en plena Pandemia.
Con una serie de fotos me explican que desde que Flavio y su organización Comuna supieron que en esa cercana población fue anulada la elección municipal se frotaron las manos. Calcularon que allí había otro botín. Diestro en convulsionar los municipios con conflictos postelectorales para pescar en el río revuelto, el demonio de Tasmania por interpósitas personas promovió una serie de controversias legales, movilizó a sus activistas y presionó políticamente a través de su hermano diputado Horacio que el año pasado presidió la Junta de Coordinación Política de la Cámara. De esta manera impidió que el Congreso y el Ejecutivo cumplieran la orden del Tribunal Federal Electoral de conformar un consejo municipal que, legalmente, es lo que procede. Con una serie de actos legaloides evadieron la orden legal. Trastornaron de tal forma la civilidad política en esa comunidad que el entonces Secretario General de Gobierno Héctor Anuar Mafud acabó poniendo el control de ese municipio en las manos de la “Sosa nostra”.
Inclusive, hubo advertencias del Tribunal Federal que hasta emplazó a la Cámara y al Poder Ejecutivo para que instalaran el consejo municipal. No cumplieron. Terminaron dando la concesión política al demonio de Tasmania quien, desde hace dos años, quita y pone al comisionado, pero procura que el tesorero sea el mismo Gonzalo Martínez Ambrosio.
Dicen que el tesorero es mero florero, los Sosa son los que administran el presupuesto a su libre albedrío.
A finales del año pasado este tesorero no pagó la última quincena ni el aguinaldo y despidió a los uniformados. Argumentó que “no hay dinero”. A mediados de enero pasado Flavio permitió que el comisionado municipal fuera relevado no así el tesorero. Su permanencia permitió que los policías se amotinaran. Le reclamaron al nuevo comisionado que tuvo que suplicar pagaran el adeudo.
Al tesorero de marras no lo bajan de ratero, pero como es destacado activista de Comuna y operador de la “Sosa nostra”, nadie lo mueve. Al contrario, la “Sosa nostra” (Flavio y Horacio) decidió hacerlo precandidato a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos. Dicen vecinos de San Antonio de la Cal que la campaña la hace con recursos de este olvidado pueblo.
TRASQUILADOS
Nos enteramos ayer que dos distinguidos “maistros” del cartel 22 fueron por lana, pero salieron bien chamuscados por sus propios compañeros.
Causaron tal malestar al bloquear, con menos de una veintena de despistados perturbadores, la carretera frente al estadio de beisbol, que además de las rechiflas descobijaron a los dos cabecillas que dicen trabajar en el área de Secundarias Técnicas y que son miembros de la devenida UTE.
Ante el rechazo social se fueron con cajas destempladas. No podía ser de otra manera después de la gran quemada que le dieron a Verónica del Carmen Suárez García y a su compañero Leobardo Cabrera Vázquez.
Saturaron las redes con sus antecedentes. Sus mismos compañeros dicen que el IEEPO ya pagó 350 mdp por regularización de pagos en Secundarias Técnicas y que no hay nada valido que alegar.
Revelaron que Verónica persigue beneficios oscuros porque quiere cobrar incidencias administrativas cuando no cumple con los requisitos. Se dice abogada, pero sin título ni cédula profesional, ningún documento probatorio de 2015 a la fecha de estar laborando en alguna escuela pues se fue a estudiar a Puebla durante el periodo en que reclama pagos. De Leobardo Cabrera Vásquez, comentan que sólo tiene certificado de preparatoria. Carece de título y cédula para probar que trabajó como “maestro” del 2015 a la fecha. Nada pudo alegar cuando en las redes sus compañeros descubrieron que trabajó en el gobierno del estado durante el periodo reclamado. ¿Qué pensarán los verdaderos maestros de estos estafadores?
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