El contexto político, social, económico, de seguridad y salud, por el que circula el segundo año de la administración federal parece que, a la inversa de lo que lo que ha ocurrido en las administraciones precedentes, se puso un saco que le está quedando grande, en lugar de que tienda a ajustarse en el tercero y cuarto años fortaleciendo la figura presidencial, etapa en la que éste apuntala su poder con un equipo equilibrado y de fuerte presencia en el que se prepara la sucesión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido paulatinamente perdiendo simpatías en sectores relevantes de México que representan grupos de poder y presión que, a través de los medios de difusión introducen, en el grueso de la población, ideas catastróficas respecto del futuro del país, rumor que está provocando el encono y disgusto de la población respecto al manejo de la pandemia, la economía, seguridad, derechos humanos y distribución de recursos a los estados.
Los recientes sucesos en Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México, el cúmulo de plantones marchas y protestas, el anuncio de la separación de diez gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para exigir nuevas reglas de trato al Gobierno Federal, así como el enfrentamiento incrementado entre el presidente López Obrador con comentaristas y medios de comunicación escrita, son evidencias de que se está ahondando la brecha entre este y sectores de poder y presión que motiva, aun sectores con diferencias entre sí, a que se unan en un frente común que desgasta al ejecutivo que camina solo en esta confrontación, aun cuando estén presentes físicamente, en las mañaneras sus colaboradores.
En Chihuahua se atribuye a las fuerzas del orden el haber agredido a dos personas con motivo del conflicto por la demanda de agua, lo que acentuó las protestas y el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y agricultores y campesinos, inconformes con la entregue de agua por parte de nuestro país, comprometida en un tratado, a los Estados Unidos, asegurando los inconformes que, de cumplirse con ese compromiso, se afectarían sus cosechas.
La separación de 10 gobernadores de la Conago que, hasta este periodo de gobierno, había aglutinado a los titulares de los ejecutivos estatales hoy se fractura y abre otro frente que busca la transformación de los pactos y prácticas prevalecientes en lo que toca a las relaciones entre las entidades de la Federación y el Gobierno Federal, sobre todo en mate3ria fiscal, que estiman inequitativa ante la desigualdad entre lo que aportan las actividades productivas en los impuestos que se recaban y recauda la federación y lo que esta les devuelve en aportaciones, pues aseguran que del cien por ciento el centro toma e 70 u 80 por ciento y les reintegra el resto; otras entidades solo producen un 10% de ingresos por impuestos a la federación y, a esta les entrega recursos para complementar el faltante.
Este tema implica una seria desproporción en la distribución de recursos en la República, máxime ahora, en que el Gobierno Federal ha consolidado las compras de medicamentos, entrega de recursos a través del programa bienestar, becas, apoyos a adultos mayores, seguridad, educación, con lo cual las áreas financieras de los Estados, dejaron de administrar y utilizar esos cuantiosos fondos que de alguna manera colmaban el esquema de las autonomías de las entidades y de su régimen interior, aun cuando se convirtieron, con el tiempo, en instrumento de corrupción y ejercicio indebido de funciones, para enriquecer servidores públicos, como se evidenció en Oaxaca en el rubro de Educación.
Las instalaciones de la CNDH en la ciudad de Oaxaca, el templo de los Derechos Humanos fue tomadas por un sector de mujeres que protestan por diversas violaciones no atendidas y la apatía de la titular, así como del enfriador que encontraron con una serie de carnes de alta calidad y otros insumos que dejan muy deteriorada la consigna de la austeridad republicana provocando la irritación de las manifestantes que extrajeron expedientes y archivos de la dependencia. Finalmente fueron desalojadas y algunas detenidas, aunque seguramente serán puestas en libertad. Este es otro frente que tiene que ver con el deterioro en el rubro de los Derechos Humanos que se ha tornado en un obstáculo para gobernar, en lugar de sustento de un estado democrático de derecho.
En efecto, las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la República, que conlleva actos de privación de la vida por parte de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, guardia nacional, policías; restricciones de facto a comentaristas y medios de comunicación, los empresarios conservadores, así calificados, los enemigos de la transformación que son todos aquellos que no están de acuerdo con las políticas públicas de la administración en turno; las denuncias reciprocas de corrupción. Todos estos actos confirman en los hechos lo ampliamente comentado por los medios y opinadores, en el sentido de que los Derechos Humanos incorporados a la Constitución en el 2011, están en riesgo hace necesaria una revisión de su sistema de garantías para evitar que sean nulificados.
En los próximos meses veremos qué es lo que impulsará el voto de los mexicanos en el 2020, para elegir, diputados federales, locales, gobernadores y ayuntamientos, pues de ello dependerá la orientación del Estado Mexicano y sus habitantes; en este plazo también veremos si las encuestas respecto al Gobierno del presidente López Obrador se mantienen arriba del 50 por ciento y bajan de ese nivel, pues complementará las muestras de lo que los ciudadanos quieren. Esperemos que el INE cumpla con su misión Constitucional, vinculado al Tribunal de Justicia Electoral.
