Se está anunciando una reforma constitucional en el apartado de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos, quienes son responsables de definir, mediante su libre decisión materializada en el voto que se emite periódicamente, a quienes representan la voluntad del pueblo de México en el ejercicio de su poder soberano, el cual tiene como principios del Estado mexicano democrático de derecho que el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; que el pueblo mexicano decidió constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, así como que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
Como elemento que tiende a fortalecer la Constitución Federal y la del Estado de Oaxaca, se ha introducido la revocación del mandato de los titulares de los poderes ejecutivos una vez electos, con las experiencias ya conocidas en cuanto al presidente de la República y la reciente en nuestro estado, que solo ha sido un instrumento deformado de mantener el poder de los gobernantes y, en el caso de Oaxaca, que al haberse anticipado el Ejecutivo local evita con ello que un distanciamiento con la Presidenta lo pueda incentivar en la segunda parte del periodo del gobernador Salomón Jara Cruz.
En este entorno se aprecia que la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum busca impulsar transite en paralelo al mes de febrero, en el que el día cinco se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ser así su presentación será resaltada, como lo practican los gobiernos de la Cuarta Transformación, que actúan como sustitutos del periodo hegemónico del Partido Revolucionario Institucional.
Estos aspectos diferencian la hegemonía priista que transitó en la etapa en que México requería su consolidación como Estado social de derecho a partir de 1917 en adelante, con la experiencia de los líderes de las facciones que habían resultado ganadoras en movimientos violentos, de avances y retrocesos, asesinatos de titulares como los de Carranza y Obregón, que, con las diferencias guardadas de los intereses en juego, se reprodujeron con la muerte de Colosio y Ruiz Massieu en la presidencia de Carlos Salinas; estas últimas propiciaron, entre otros factores, que el presidente Zedillo motivara el tránsito a la alternancia necesaria y concluyera la concentración del poder en un solo partido.
La Cuarta Transformación llega al poder en esas condiciones, en las que el pueblo de México ya había experimentado la pluralidad en un mundo globalizado y regionalizado que impulsaba una consolidación de la práctica democrática en los procesos de elección en los poderes Ejecutivo y Legislativo de México, en los que se compartiera el ejercicio del poder con una visión sustentada en la diversidad de la voluntad popular, que hiciera posible transitar en las coincidencias y discutir y resolver las diferencias con vista al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, y no a la concentración del poder para conservarlo.
La denominada Cuarta Transformación aplicó la experiencia priista hegemónica en condiciones sociales diversas a las que prevalecían en el priismo, como son el crimen organizado, la diversidad de corrientes políticas y las dictaduras en Venezuela, Nicaragua y Cuba, que buscaban extenderse, cuestión que simpatizó a los gobiernos de la Cuarta Transformación e impulsó las reformas constitucionales para concentrar y mantener el ejercicio del poder.
De ahí que el expresidente López Obrador se haya apropiado de la fuerza armada y de la Guardia Nacional, así como del presupuesto a cargo del Ejército; dividió y desmanteló a la oposición y a los partidos representativos; absorbió al Congreso, a las legislaturas y a los gobernadores de los estados mediante la distribución de presupuestos; anuló la autonomía del INE, que es hoy una dependencia de facto del Ejecutivo; se hizo cargo del control constitucional con la reforma al Poder Judicial y la ubicó en el control político de la elección, al margen de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución; restringió el derecho de los mexicanos a una amplia protección de sus derechos humanos; toleró el crecimiento de la corrupción y la criminalidad; incrementó la inseguridad pública y el deterioro del servicio de salud.
Ahora, con la reforma electoral, si pasa como lo han señalado, monopolizará el ejercicio del poder y de la reforma de la Constitución, de la que ahora solo queda poco. Más bien se retorna a la época en que se viola la autonomía de los poderes, se anulan las soberanías locales y se limita y encapsula, en la voluntad del poder, la voluntad popular, con la restricción a la intención del sufragio efectivo y no reelección, que se disfraza a través de una facción política que lo mantiene no solo en la Presidencia, sino en los otros dos poderes y en los estados.
Esos son los riesgos de la próxima elección: perpetuar en el poder a una facción o restaurar el Estado de derecho ajustado a las decisiones fundamentales del Constituyente originario y de la voluntad popular.
