El proceso de renovación de miembros del Poder Judicial Federal está en proceso aun cuando sus resultados y consecuencias colocan al pueblo de México más que, en un mejor sistema de justicia constitucional, en la incertidumbre que implica saber quiénes serán, los ministros electos o ya palomeados, de la Suprema Corte que, como cabeza de ese poder, se encargará de equilibrar el ejercicio del poder y, esencialmente, los Derechos Humanos.
La población aun no logra desentrañar, en su interior, por quién votar; se pregunta a que juzgadores del Poder Judicial Federal va a elegir o que significa favorecer marcando un número que ,quizás, otra persona le pueda sugerir, para elegirlo sin contar con una información suficiente que le permita comprender lo que involucra el contar con jueces capacitados y formados en la carrera judicial en el más alto nivel de justicia constitucional, la protección de los derechos humanos y el ámbito convencional internacional de los mismos.
Se sigue usando el eslogan de que el Poder Judicial Federal es un nido de corrupción, de tutela de la impunidad, de elitismo jurídico de indiferentes en el trato con los justiciables cuyos derechos o intereses dependen de lo que resuelvan sobre ellos los tribunales de justicia por persona dotadas de ecuanimidad, equidad, honradez, imparcialidad, neutralidad, probidad, rectitud, razón, honestidad, conciencia, objetividad , decisión, conocimiento de la jurisprudencia, ley; que no escuchan sus preocupaciones en los asuntos que plantean, se aduce que de trata de juzgadores no identificados con el pueblo y, por el ello, su elección será el remedio para curar esos males.
Escuchar cómo se utiliza al pueblo para justificar los actos autoritarios que el poder implementa periódicamente para justificar su visión de los que es la forma de gobernar y orientar el rumbo de una República, democrática federal, laica y cimentada en la división del ejercicio del poder y la protección de los derechos humanos parece un ideal difícil de entender, cuando en la realidad, opera en sentido contrario.
La cuarta transformación partió del mismo factor o vicio que propalo de la corrupción del poder ejecutivo, para ganar las elecciones presidenciales y monopolizar al poder legislativo con el mismo programa, anticorrupción y cero impunidades que atribuye a los pasados gobernantes. No se puede desconocer que efectivamente el voto mayoritario justifico el mensaje difundido diariamente en la campaña continuada en las mañaneras, fijando un estándar mental colectivo que auspicio se agudizara la centralización del ejercicio del poder y el encono social entre fifís, liberales conservadores enemigos de la cuarta transformación y del presidente en turno.
Para lograr su propósito el gobierno concentró en sus manos se apoderó del control de las fuerzas armadas, la seguridad pública y los recursos públicos, lo que le permite controlar a los poderes constitucionales y fácticos del país. Solo un poder quedó relativamente fuera de esa intervención el Poder Judicial de la Federal y sus juzgadores constitucionales.
De esta manera se impulsa la reforma de los poderes judiciales, para desarticular su actual composición de magistrados y jueces que se constituyeron en un muro de contención, tanto en los que se refiere a reformas al orden jurídico como de actos de la administración central cuestión que molestó al titular del ejecutivo e inició una guerra sin cuartel, ya no de besos y abrazos, sino violenta incitando una campaña de desprestigio sobre corrupción, tutela de la impunidad de manera generalizada y concentrada en contra de los juzgadores que emitieron resoluciones que se consideró obstáculos para el ejecutivo federal.
En los motivos de la reforma, además de los señalados, se introdujo el factor democrático de que el pueblo es quien debe elegir a sus jueces, aun cuando estos eran ya designados y electos por representantes del propio pueblo, el Presidente y el Senado que son la expresión democrática del pueblo al ser electos por el voto popular para esos cargos y como consecuencia por el pueblo que así lo decidió en la urnas. Aducir que ello no era un ejercicio democrático es una falacia.
Estimo que la reforma del poder judicial no tiene el propósito de mejorar el sistema de justicia bajo el pretexto democrático de una elección cuyo rumbo y resultados se desconocen, pues se sustenta en meras predicciones sobre la erradicación de la corrupción, de la impunidad y de una justicia cercana al pueblo, quien “elegirá a los jueces que desea”, para lo cual el ciudadano no cuenta con elementos adecuados de información que le permita escoger a aquellos que tienen la capacidad profesional para ese delicado rubro de la protección de los derechos humanos y el equilibrio del poder, ni se garantiza la autenticidad del voto libre para ello.
Erradicar la corrupción y la impunidad no son males exclusivos de un poder, es un tema que afecta a la administración centralizada y a los poderes legislativos que exige una cirugía mayor a partir de la presidencia de la República; de otra manera lo único que se obtendrá será el cambio de corruptos y protectores de la impunidad. Son males del sistema federal, a partir del poder centralizado que es el ejemplo a seguir, como me dijo un político de amplia experiencia, la corrupción e impunidad, es el manto de la complicidad para gobernar en México y el cimiento de la República. Culpar al Poder Judicial Federal de corrupta y manto de impunidad, es semejante a ese dicho popular que dice: “agarren al ladrón” y lo afirma el verdadero ladrón con la clara y evidente intención de proyector los errores propios hacia una tercera persona.
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