La semana pasada, grupos feministas y colectivos de mujeres que luchan por erradicar la violencia de género y a favor de la equidad, denunciaron la difusión de imágenes íntimas de mujeres indígenas mixes, en grupos de WhatsApp de funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que dirige a nivel nacional, el oaxaqueño Adelfo Regino Montes. Los servidores públicos de dicha institución fueron identificados con nombre y apellido, resultando algunos de ellos, indígenas del mismo grupo étnico al que pertenecen las mujeres exhibidas. Se sabe que la denuncia llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita que llevó a cabo al estado, el pasado fin de semana.
En torno a este tema, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), condenó enérgicamente los actos de intimidación y de violencia digital en contra de las citadas mujeres mixes a través de plataformas cibernéticas, asimismo, conminó a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones necesarias a fin de sancionar a quienes resulten responsables. Lo anterior, al no haber justificación alguna ante ningún tipo de violencia de género hacia las mujeres en cualquier etapa de su vida, puntualizó la dependencia. La dependencia estatal, que encabeza Ana Isabel Vásquez Colmenares señaló que el tipo penal de violencia digital garantiza y protege el derecho de las oaxaqueñas, a una vida libre de violencia en redes sociales y medios digitales, siendo éste, parte del marco que garantiza y protege este derecho, por lo que se dará puntual seguimiento a su estricta aplicación. Al mismo tiempo, la funcionaria expresó su rechazo a la impunidad, protección o consideraciones a favor de quienes resulten responsables de estos actos de acoso digital contra mujeres indígenas.
Lo paradójico de ello es que se da con funcionarios indígenas y mujeres indígenas como víctimas, lo que pone en entredicho la cacareada discriminación hacia los grupos étnicos y la recién aprobada “Ley Olimpia”, por parte de una mayoría legislativa local que, curiosamente, milita, al igual que los primeros, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Y es que aquí quien debe poner los puntos sobre las íes es el titular del INPI, para que no sigamos escuchando el sobado discurso de que la justicia es una rara avis en los pueblos originarios, cuando son sus mismos hermanos, “del color de la tierra”, los victimarios.
Locuras sucesorias
Fuentes bien informadas revelan que los bloqueos a cruceros, carreteras y toma de casetas que padecimos la semana pasada, por parte de seguidores del Comité para la Defensa del Pueblo (Codep), forman parte de una escalada de violencia y golpeteo que se ha soltado entre algunos grupos que forman el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), entre los que sobresalen los seguidores del senador Salomón Jara. Las cosas han ido a tal extremo que la organización aludida pretendió boicotear la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su arribo a Oaxaca, el viernes de la semana pasada. Los jaloneos, las disputas y ajustes de cuentas, en ruta para la candidatura a la gubernatura en 2022, ya empezaron en el partido en el poder, lo grave es que dichas acciones de violencia han puesto a la ciudadanía contra la pared y sin tomar en cuenta que los tiempos que vivimos son de contingencia.
Lo que hay que destacar es el afán provocador, como dijimos en este mismo espacio el pasado martes. Vulnerar la paz social y trastocar la gobernabilidad, creando escenarios ficticios que no existen en la realidad. De todos son sabidas las presuntas ligas que existen entre el aludido senador con ediles de la región istmeña, pero también en la Cuenca del Papaloapan, con evidentes ligas con grupos delictivos. Ya hemos hablado del fallecido presidente municipal de Jalapa de Díaz, de los nexos que existen con el edil de San Blas Atempa, conocido por su pasado delictivo, del que todo mundo habla en la región istmeña y el control que mantiene sobre sus colegas de Tehuantepec, Vilma Martínez Cortés o el de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano. De esta forma pues, tal parece que lo que se pretendiera construir en Oaxaca en el futuro cercano es un narco-Estado.
Lo que ocurra de aquí para adelante, en torno a protestas y movilizaciones, sin duda tendrán un perfil de disputas al interior del partido de López Obrador. Lo grave es que sea la ciudadanía la que siga pagando los platos rotos de ambiciones personales y búsqueda de poder, bajo la bandera de que el gobierno estatal no atiende sus peticiones. Lo que queda es la denuncia oportuna para estas acciones preñadas de violencia que se vuelcan sobre la sociedad inerme. Eso es cobardía. Esperamos que el gobierno de Alejandro Murat finque responsabilidades y que no se permita este pisoteo cotidiano al clima de libertades de los oaxaqueños. Muchos hemos dicho, desde hace tiempo, ¡basta!
