NO CABE duda que, lejos de ese estado de derecho que debe imperar en México (y en Oaxaca), estamos viendo cómo la procuración de justicia puede llegar a tergiversarse y derivar en el uso presuntamente faccioso de sus instituciones para ejercer, en la realidad, la ley del más fuerte.
UN BOTÓN de muestra ha cobrado fuerza últimamente en diversos medios con un presunto y severo caso de conflicto agrario en Santa Catarina Juquila, donde una familia -la viuda Catalina Cruz Escamilla y sus hijos- acusa formalmente a altos mandos de la Fiscalía General del Estado (FGEO) de operar una aparente red de tráfico de influencias para despojarlos de su presunto patrimonio.
LA CRONOLOGÍA del conflicto, que obra en diversos expedientes que han llegado a ESCAPARATE POLÍTICO, comenzó en 2021 como un litigio familiar entre particulares. NO OBSTANTE, la balanza institucional presuntamente se inclinó cuando los asesores jurídicos de la contraparte, los litigantes Rigoberto y Carlos Reyes Sánchez, ascendieron a posiciones de poder. Tras el nombramiento de Carlos Reyes Sánchez como vicefiscal regional del Istmo a inicios de 2023, las víctimas nos narran, desde su perspectiva y sus vivencias, que el aparato de justicia comenzó a ser utilizado como una herramienta de presión legal.
DE ACUERDO con las denuncias presentadas, en febrero de 2024 el predio en disputa -un negocio familiar de gotcha- fue invadido de forma violenta por un grupo de civiles armados. A pesar de que los afectados iniciaron las carpetas de investigación 6375/FCOS/JUQUILA/2024 y 6621/FCOS/JUQUILA/2024 por despojo y tentativa de homicidio, estas indagatorias, nos señalan los afectados, habrían sido congeladas y turnadas de manera inusual a la Vicefiscalía de la Costa y, posteriormente, a la de Valles Centrales, bajo el mando del vicefiscal Samuel Jiménez Acevedo.
EL ESCENARIO procesal dio un vuelco alarmante: mientras las denuncias de la familia Cruz fueron archivadas bajo el criterio de “no ejercicio de la acción penal”, la Fiscalía de Alto Impacto integró con inusitada velocidad la carpeta 6664/FCOS/PUERTO/2024 en contra de Emmanuel Suárez (hijo de la viuda), imputándole supuestos delitos de tentativa de homicidio y feminicidio.
Los afectados denuncian que, para lograr su reclusión en el Penal de Juquila, la institución recurrió a dictámenes periciales que la defensa tacha de fabricados, ejecutando la orden de aprehensión presuntamente violando una suspensión de amparo federal. El colmo del absurdo jurídico ocurrió ya en reclusión, donde le habrían abierto dos carpetas más por supuestas “amenazas”, estando incomunicado y ya en prisión.
ANTE ESTE irregular proceso, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) promovió un proceso de conciliación tras constatar aparentes violaciones al debido proceso y lo que consideró una presunta negativa de acceso a la justicia por parte de los ministerios públicos.
La narrativa de los afectados apunta de manera directa hacia el círculo cercano del Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, incluyendo al exvicefiscal Carlos Reyes -hoy reubicado como asesor central- y al vicefiscal Samuel Jiménez Acevedo, a quienes acusan de presunta omisión y encubrimiento.
ES UN CASO que está cobrando fuerza en medios digitales y redes sociales, por lo que la atención pública debe orillar a las instancias correspondientes a vigilar este asunto que, a decir de las víctimas, hiede a consigna política y que llevó a un ciudadano a perder temporalmente su libertad, de acuerdo con sus narraciones, con el aparente fin de obligarlo a desistirse de la posesión de un predio.
ESTAMOS ante un caso donde ¿Los verdaderos alcances del poder de cuello blanco siguen operando en la impunidad total?
Ante estos escenarios, la ciudadanía se pregunta legítimamente: ¿de verdad persisten las viejas prácticas del pasado en nuestras instituciones de justicia? ¿No se suponía que hoy todo sería diferente?
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